MARCOS SILVA MARTINEZ
Un mínimo análisis económico-fiscal, revela desbalances que crecientes, estimulados por el caótico gasto público, compromisos económicos internos y externos de mediano y las previsiones de ingresos fiscales.
Revertir esos desequilibrios y manejar constructivamente la situación, exige responsabilidad política, para identificar y reconocer las causas que originan los desbalances.
Durante los últimos años, las exportaciones decrecieron sostenidamente y las importaciones crecieron. Y no obedece solo a la caída de los precios del petróleo y otros productos extractivos.
La importación de productos agropecuarios, de consumo tradicional (carne, trigo, maíz, cebada, lenteja, leche, frijol, legumbres, café, arroz, frutas, miel de abeja, etc.), creció, hasta alcanzar 16 millones de toneladas (2017) y pago en divisas superior a U$8.000 millones.
La importación de combustibles y derivados del petróleo, en promedio superó los U$5.800 millones anuales, en los últimos años. Colombia tiene medio de 265.000 barriles diarios (2017), producción de crudo superior a 820.000 barriles/día y dos refinerías. No debería importar combustibles.
Todos los productos agropecuarios importados, hasta el presente, pueden producirse en Colombia, como se producían antes de la apertura de los años 90.
El gasto público nacional es mayor que el ingreso y obliga endeudamiento público, externo e interno creciente.
La tendencia presente del endeudamiento público, puede convertirse en insostenible en el mediano plazo.
La deuda externa del gobierno nacional: en 2002, era de U$37.341 millones. En 2010, de U$89.800 millones, en 2.017 de U$ 136.000 millones (45.2% del PIB).
La deuda interna supera los $220.0 billones (2017), sin incluir vigencias futuras y deuda contingente.
En el futuro, deben sumarse a la deuda pública, las deudas por contratación de infraestructura nacional (4G, puertos, aeropuertos), muy superiores a las previstas en los contratos básicos iniciales. Eso obedece a haber sido contratadas sin estudios y diseños. Ya hay demandas y liquidaciones parciales al respecto, que evidencian sobrecostos. Contratista (Sacyr) corredor 5-Sucre-Bolivar-Atrlantico y Ruta del Sol II (Odebrecht), Ferrocarril del Pacífico, Rutas Viales del Valle-Cauca, etc.
Si logran cierre financiero de proyectos pendientes, 4G y APP, las obligaciones por infraestructura contratada, en ejecución y por legalizar, en el mediano plazo, pueden superar los $200 billones.
La implementación de los acuerdos de La Habana, según el gobierno, cuesta más de $10 billones anuales. La vinculación a la OCDE y a la OTAN, más de U$30 billones-año.
El servicio de la deuda, en 2.018 costará más de $54 billones (cercana al 45% del recaudo nacional). El presupuesto anual debe responder por subsidios que bordean el 60% ($72 billones/2016), de los ingresos directos.
Bajo esas perspectivas de compromisos y previsiones de gastos e ingresos es imperativo tomar decisiones de fondo, respecto al gasto, la inversión, el desarrollo económico-industrial nacional, la racionalización y optimización de costos y gasto público, diversificación y estímulo de la producción y exportaciones.
La importación de alimentos y combustibles, debe sustituirse por producción nacional. Ésta debe potenciarse con productividad. Con esto solo se especula.
Deben reducir costos de producción, operativos y administrativos de Ecopetrol. Es posible.
Son imperiosas las reformas, Pensional, del Sistema de Salud, de Educación y Contratación Pública. Esta se convirtió en la vena rota del fisco, por corrupción y denegación de autoridad.
Deben implementarse políticas de estado, que estimulen el mejoramiento del ingreso per cápita, el consumo interno y la producción con valor agregado, entre otras medidas.
Todo está condicionado a la derrota total de la endemia de la corrupción, la politiquería y el clientelismo, en todas las instancias de la administración pública.
Derrotar la corrupción, es parte integral de la solución del conflicto socioeconómico y político nacional. Según Contraloría y Procuraduría (2017), el Estado pierde más de $50 billones por corrupción, anualmente.
Además, se puede demostrar que la infraestructura pública en Colombia, cuesta entre dos y tres veces más que en el resto de la región (Aeropuerto El Dorado, concesiones viales, etc.).
Son los grandes desafíos nacionales, del poder político institucional y de los próximos gobiernos, para resolver la encrucijada socioeconómica y fiscal colombiana, en el mediano y largo plazo.