El ministro de Justicia, Néstor Osuna, defendió de forma contundente la liberación de jóvenes que pertenecen a la ‘primera línea’. “No es indulto ni amnistía”, dijo el funcionario del Gobierno Petro.
Redacción Web/LN
La liberación de jóvenes pertenecientes a la ‘primera línea’ sigue generando todo tipo de polémicas en Colombia. Diversos sectores políticos han criticado de forma contundente al presidente Gustavo Petro. Ayer, la senadora María Fernanda Cabal señaló: “Aquí utilizan la figura de gestores de paz para liberar a 200 delincuentes”.
Hoy, el que defendió esta medida del Gobierno es el ministro de Justicia Néstor Osuna. El funcionario por medio de sus redes sociales mencionó que esta atribución presidencial en la que se asignan miembros de organizaciones sociales y humanitarias se estableció de modo explícito la ley 2272 de 2022 que fue recientemente aprobada por el Congreso.
“La figura ya existía y varios gobiernos la utilizaron para nombrar voceros a miembros de grupos armados. Ahora la ley permite que también se designe a personas que no pertenecen a esos grupos, sino a organizaciones sociales o comunitarias. ¡Claro: se trata de la paz total!”, escribió el ministro.
A su vez, fue claro al señalar que esta liberación “no es indulto ni amnistía”, pues los voceros quedarán en libertad transitoriamente, para que puedan cumplir con el propósito de aportar y acompañar en la construcción de la paz total.
La comisión
En cuanto a la creación de la Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, que se conoció el pasado lunes 12 de diciembre y que fue firmada el 9 de diciembre, el funcionario aseguró que este ente podrá recomendar al presidente Petro “la inclusión o exclusión de voceros, caso por caso, y definirá los lineamientos de las tareas que se les asignen y del monitoreo respectivo”.
“Si queremos reencontrarnos como sociedad y tener un futuro sin violencia, tenemos que entender las causas del estallido social de los años recientes y reconocer que las injusticias sociales no se solucionan con la fuerza pública ni con el derecho penal”, complementó el ministro en sus redes sociales.