Escondiendo la pobreza. Por Santiago Villarreal Cuéllar

El escritor y premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, siendo candidato presidencial de su país en 1989, fue el primero en reconocer que los vendedores ambulantes constituían una importante fuente de ingresos para el estado. Llamó a este importante gremio, esparcido por calles de pueblos y ciudades, no solo de su Perú natal, sino de todos los países subdesarrollados del mundo, la economía informal. Planteaba el escritor, convertido en ese entonces en político, que el gobierno en lugar de perseguirlos debía establecer un impuesto para ellos y de esa forma se percibiría un importante ingreso que engrosaría las arcas públicas. En la década del noventa se impuso en la mayoría de naciones latinoamericanas el nefasto modelo económico neo-liberal, una de cuyas figuras quedó plasmada como precepto constitucional, hábilmente disfrazado de protección del espacio público, en la mayoría de constituciones, elaboradas o reformadas para dar paso al maléfico modelo. Con ese derecho, mediante acciones de amparo, los grandes comerciantes de las principales ciudades, lograron que los gobiernos locales iniciaran un combate contra los vendedores informales. Con estas medidas se pretende despejar el espacio público y  monopolizar el negocio en pocas manos de los comerciantes formales. Se pretende esconder la pobreza de pueblos y ciudades, que debido a los altos índices de desempleo, estas personas se ven obligadas a recurrir al rebusque, es decir a comprar baratijas y víveres para  lanzarse a las calles, y venderlos. Con el producido llevan cualquier comestible para mantener sus familias, generalmente numerosas, desnutridas, quienes viven en las periferias pues sus ingresos no alcanzan para pagar apartamentos decentes. El problema de las ventas ambulantes nunca se podrá combatir como si fueran delincuentes, utilizando la fuerza pública y otros verdugos. Este es un problema estructural que debe resolverse cambiando  el modelo económico por otro más equitativo. Mientras esto no suceda, jamás los gobiernos locales podrán despejar el espacio público, porque prima el derecho de la supervivencia de estas numerosas familias.