El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, de visita en Neiva, notifica que no suspenderá el avance de las actuaciones penales contra los procesados por vandalismo y otros delitos, convertidos ahora en gestores de paz por parte del gobierno Petro. “Los fiscales seguirán adelante”, advierte. En entrevista con LA NACIÓN, habla además sobre los capturados por ‘primera línea’ en Neiva y el caso del alcalde Gorky Muñoz.
Jesús Antonio Rojas Serrano
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El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, llegó ayer por la tarde a Neiva para inaugurar la nueva sede de la Fiscalía. Acompañado de la vicefiscal Martha Mancera, el alto funcionario recorrió las instalaciones de la edificación ubicadas en el sur de la ciudad.
El fiscal Barbosa sacó espacio en su agenda para hablar con LA NACIÓN.
La nueva sede de la Fiscalía en Neiva, ¿qué significa para la administración de justicia?
Esta es una gran noticia para la ciudadanía. Concentramos en una sola edificación 8 sedes, de las cuales 7 estaban en arrendamiento y 1 en comodato con Migración Colombia. De esta manera, los usuarios de justicia encontrarán en un solo punto la oferta de servicios que ofrece la entidad para facilitar el acceso a la justicia, en condiciones confortables y con mejores herramientas. Esta nueva sede tiene un área construida de más 7.790 metros cuadrados, en sótano y tres pisos. Actualmente, está habilitada para albergar una planta de 280 servidores, con la posibilidad de ampliar hasta 44 puestos más, para un total de 324 puestos de trabajo. Adicionalmente, tiene sala de entrevistas, sala de reuniones, laboratorios y áreas complementarias. Además, cuenta con una Unidad de Reacción Inmediata (URI), equipada con aire acondicionado, celdas más amplias, espacios individuales para otras instituciones, duchas, y salas dispuestas para la conexión a audiencias.
¿Qué sigue pensando de la decisión del gobierno Petro de convertir en gestores de paz a procesados por vandalismo y otros delitos?
En varios escenarios he sido enfático en señalar que la Fiscalía y el Fiscal General de la Nación están comprometidos con la búsqueda de una paz total que beneficie al país en general. A nosotros no nos corresponde ni es nuestra competencia discutir el contenido de la ley que le da vida a esta figura ni cuestionar al Gobierno en la designación de las personas que serán reconocidas como gestores de paz. Ya serán los jueces quienes interpretarán toda la normativa aplicable y decidirán sobre la procedibilidad de las libertades. Esa sola condición, en la que fueron enfáticos tanto el Presidente de la República como los integrantes de la comisión conformada por el Gobierno Nacional, nos da la tranquilidad porque refleja respeto por la función y el ejercicio de los jueces de la República. De igual manera, es un buen precedente saber que no serán nombrados como voceros personas que hayan cometido delitos como homicidio, tortura, extorsiones y otras conductas graves, que es algo en lo que coincidimos en la reunión con el Presidente.
Concretamente, ¿qué hará la Fiscalía frente a los casos que lleva por delitos cometidos en el marco de la protesta social?
La Fiscalía no suspenderá el avance de las actuaciones penales. Los fiscales seguirán adelante en el proceso contra estas personas con independencia de su etapa, siempre con fiel apego a lo que reflejan los elementos materiales de prueba. Esta Fiscalía no judicializa a nadie de manera arbitraria y su labor está sometida, de principio a fin, al constante escrutinio de los jueces. Que exista una iniciativa de paz de la cual se desprendan beneficios no quita el hecho de que nuestros procesos han tenido, como únicos derroteros, la Constitución, la ley y la suficiencia probatoria. Jamás admitiré que se ponga en tela de juicio la seriedad de la Fiscalía General de la Nación.
¿Por qué en el caso del Huila, en donde hubo 8 capturados de la ‘primera línea’, la Fiscalía varió los delitos y les quitó secuestro y terrorismo?
Como lo indiqué anteriormente, esta Fiscalía funda el ejercicio de la acción penal en hechos comprobables, no de manera caprichosa. Siempre procede en atención a lo demostrable según los elementos de prueba o la evidencia física. En este caso, luego de la etapa de imputación y solicitud de medida ante un juez de control de garantías, el fiscal del caso avanzó en la investigación y en la valoración del material de prueba obtenido, y concretó algunos aspectos, los cuales ajustó en el escrito de acusación que radicó. Aquí hay que tener en cuenta dos elementos. En primer lugar, los fiscales cuentan con un marco de autonomía e independencia reconocido en el artículo 251 numeral 3 de la Constitución, conforme al cual ostentan la facultad de ajustar la calificación jurídica de los delitos imputados en las audiencias preliminares. Lo cual me lleva al segundo aspecto, el carácter progresivo de la investigación y el ejercicio de la acción penal, en el sentido de que luego de las audiencias de formulación de imputación el fiscal puede y debe seguir investigando, y de acuerdo con la recolección de los elementos materiales probatorios, realizar ajustes de legalidad a los cargos atribuidos. Este marco de autonomía y ese carácter progresivo la acción penal es lo que explica circunstancias como la que usted refiere.
¿Cuál es la radiografía del delito hoy en el Huila?
En Huila hemos avanzado con determinación gracias a la priorización de los delitos que más afectan al departamento, y a la integración de capacidades de nuestra seccional y las distintas direcciones nacionales especializadas. Esto nos deja en 2022 resultados altamente destacados, por encima del promedio nacional. Por ejemplo, en homicidios resolvimos este año el 50,3% de los hechos conocidos en Huila, 21% más que el año anterior. En violencia sexual resolvimos el 59,6% de los casos denunciados, 39% más que 2021; y en violencia intrafamiliar fueron resueltos 70,2% de los eventos reportados, 37% más que el año anterior. En hurto, pasamos de resolver 59% de los casos en 2021 a 73% en 2022. De igual manera, gracias a la consolidación de la estrategia Argenta, dispuesta para golpear el patrimonio de la criminalidad, el narcotráfico y la delincuencia, afectamos las finanzas de las organizaciones delictivas en más de 7.962 millones de pesos. Este año impactamos 38 estructuras, con la captura y judicialización de 193 de sus integrantes. De estas organizaciones golpeadas, 20 estaban dedicadas al hurto, 10 al tráfico de estupefacientes, 5 a la extorsión, 2 a la estafa y 1 al secuestro extorsivo. Y algo para nuestro balance interno, pero que vale la pena resaltar, es que la Seccional Huila fue de las que más aportó a disminuir la carga procesal de le entidad y logró una descongestión de 5.280 expedientes. Esto es muy importante.
¿Cómo recibió la Fiscalía que la solicitud de detención carcelaria no haya sido acogida por los jueces en el caso del alcalde de Neiva procesado por presuntas irregularidades en el PAE del 2020?
La Fiscalía es respetuosa de las decisiones que adoptan los jueces de la República. De esta manera, nos corresponde seguir adelante con las actuaciones definidas en el proceso penal. Partimos de la premisa que nuestros delegados fueron rigurosos en el aporte de pruebas que dieron lugar a la vinculación de dicho ciudadano y las demás personas a la actuación. Ahora, el juez consideró que la libertad del alcalde no constituía un peligro para la comunidad, lo cierto es que continuará vinculado al caso. El debate sobre su posible responsabilidad se dará en juicio y allí tendrá que demostrar que no existió el presunto acuerdo ilegal que está soportado en llamadas y otros elementos de prueba, así como otras irregularidades que detectaron nuestros expertos en contratación.