Marcos Silva Martínez
El desgobierno es total. La carnicería de líderes sociales y defensores de derechos humanos, la generalizada inseguridad ciudadana, la inoperancia institucional, la impunidad y la corrupción, son exponenciales. Todo, consecuencia de la irresponsable y laxa institucionalidad y el marco legal que la sustenta. Esta concebida así e instrumentada desde los órganos del poder público.
La inequidad socioeconómica e injusticia social, son crecientes, como la corrupción. Pero los gobiernos y sus secuaces, engañan al pueblo con estadísticas e indicadores maquillados, según sus conveniencias, para construir imagen positiva del gobierno y del régimen y confundir al pueblo.
Organizaciones no gubernamentales, señalan cifras billonarias robadas del presupuesto público, cada año. Investigaciones comprueban algunas. Pero pareciera que el poder institucional, no entiende la gravedad del crimen, ni pude articular procedimientos, para derrotar el flagelo.
La corrupción y la descomposición moral y ética del poder, han alcanzado dinámicas que se tornaron incontenibles. La corrupción y la inmoralidad, propiciaron el colapso de los partidos políticos y la anarquía del poder.
Los partidos dejaron de ser organizaciones guiadas por principios ideológicos y se convirtieron en empresas dedicadas a cosechar votos, para asegurar el ejercicio del poder político que les garantice el dominio y protección del poder económico, el usufructo del poder institucional y con él, el del presupuesto público.
De ese caldo de cultivo se nutren, el caos y la anarquía institucionales y la degradación ética y moral, expresados en Carteles de la Toga, accionar concupiscente de jueces y litigantes corruptos, carteles de la contratación y de pensiones, de los medicamentos e Invima, de la salud, de Comfamiliar del Huila y Medilaser , de los alimentos escolares etc., etc. Los resultados de las investigaciones son pírricos. Lo robado, robado se queda.
¿La institucionalidad y el poder al servicio de los delincuentes?
Muchos hechos que investiga la Fiscalía, sobre asaltos a los recursos público y enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la mayoría duermen en los anaqueles, porque la precariedad institucional, la venalidad y corrupción de funcionarios y defensores de delincuentes, han torpedea los procesos y evitado resultados en derecho. Esos delincuentes, han gozado de la impunidad y complicidad institucional y social, facilitando convertirlos en personajes admirados, mientras se apropian y disponen de lo robado.
Los criminales de cuello blanco y sus cerebros asociados, deben ser excluidos por ley, de la contratación y del servicio público y de oficio y sumariamente investigados y sancionados y expropiados de todos sus bienes y penados ejemplarmente. Es la única vía y procedimiento para recuperar el debido poder y rectitud institucional y demostrar que delinquir tiene sanción.
Con la estructura de poder existente y el folclórico festín de la democracia electoral, que domina en Colombia, es imposible lograr tener un Congreso y un gobierno, capaces de redimir el marco jurídico institucional, que define, estructura y ordena el ejercicio del poder público.
La anarquía y el caos institucional y del poder público, son las condiciones que junto con el controvertido marco jurídico vigente y la crisis socioeconómica-fiscal, ética y moral, del estado y la sociedad, tipifican el estado fallido en que la politiquería y la corrupción, convirtieron a Colombia.
Todo ciudadano honesto y responsable socialmente, debe ser consciente de lo que ocurre en Colombia con el ejercicio del poder y de la amenaza que gravita sobre la sociedad colombiana y por esa razón, nunca volver a votar por deshonestos, parásitos y oportunistas, enemigos de las mayorías. El próximo ano hay elecciones.