La Nación
Estado fallido 1 12 abril, 2021
COLUMNISTAS OPINIÓN

Estado fallido

 

Marcos Silva Martínez

 

El desgobierno es total. La carnicería de líderes sociales y defensores de derechos humanos, la generalizada inseguridad ciudadana, la inoperancia institucional, la impunidad y la corrupción,  son exponenciales. Todo,  consecuencia de la irresponsable y laxa institucionalidad  y el marco legal que la sustenta. Esta  concebida así e  instrumentada desde los órganos del poder público.

La inequidad socioeconómica e injusticia social, son crecientes, como  la corrupción.  Pero  los gobiernos y sus secuaces, engañan al pueblo con estadísticas e indicadores maquillados, según sus   conveniencias, para construir  imagen positiva del gobierno y  del régimen y confundir  al pueblo.

Organizaciones no gubernamentales, señalan cifras billonarias  robadas del presupuesto público, cada año. Investigaciones  comprueban algunas.  Pero pareciera que el poder institucional, no entiende la gravedad del crimen,  ni pude  articular procedimientos, para derrotar  el flagelo.

La  corrupción y la descomposición moral y ética del poder, han alcanzado dinámicas que se tornaron  incontenibles. La corrupción y la inmoralidad, propiciaron el colapso de los partidos políticos y  la anarquía del poder.

Los partidos dejaron de ser organizaciones guiadas por principios ideológicos y se convirtieron en empresas  dedicadas a cosechar votos, para asegurar el ejercicio del poder político que les garantice el dominio y protección del poder económico, el usufructo del poder institucional y con él, el del presupuesto público.

De ese caldo de cultivo se nutren, el caos y la anarquía institucionales y la degradación ética y moral, expresados en Carteles de la Toga, accionar  concupiscente  de   jueces y litigantes  corruptos, carteles de la contratación y de pensiones, de los medicamentos e Invima,  de la salud,  de Comfamiliar del Huila y Medilaser , de los alimentos escolares etc., etc.  Los resultados de las investigaciones  son pírricos. Lo robado, robado se queda.

¿La institucionalidad y el poder al servicio de los delincuentes?

Muchos  hechos que investiga la Fiscalía, sobre asaltos a los recursos  público y enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la mayoría duermen en los anaqueles, porque la precariedad institucional, la venalidad y corrupción de funcionarios y defensores de delincuentes, han torpedea los  procesos y evitado  resultados   en derecho.  Esos  delincuentes, han gozado de la impunidad y complicidad institucional y social, facilitando  convertirlos en personajes admirados,  mientras se apropian y disponen de lo robado.

Los criminales de cuello blanco y sus cerebros  asociados, deben ser excluidos por ley, de la contratación y del servicio público y de oficio y sumariamente investigados y  sancionados y expropiados de todos sus bienes y penados ejemplarmente. Es la única vía y procedimiento para recuperar el debido poder y rectitud institucional y demostrar que delinquir tiene sanción.

Con la estructura de poder existente y el folclórico festín de la democracia electoral, que domina en Colombia,  es imposible lograr tener un  Congreso y un gobierno, capaces de redimir el marco jurídico institucional, que define, estructura y ordena el ejercicio del poder público.

La anarquía y el caos institucional y del poder público, son las condiciones   que junto con el controvertido marco jurídico vigente y la crisis socioeconómica-fiscal,  ética y moral, del estado y la sociedad, tipifican el  estado fallido en que la politiquería y la corrupción, convirtieron a Colombia.

Todo ciudadano honesto y responsable socialmente, debe ser consciente de lo que ocurre en Colombia con el ejercicio del poder y de la amenaza que gravita sobre la sociedad colombiana y por esa razón, nunca volver a votar por deshonestos, parásitos y oportunistas, enemigos de las mayorías.   El próximo ano hay elecciones.