Como si fueran pocos los graves problemas de la salud se suma ahora la crisis financiera que afrontan la red pública hospitalaria. Las deudas morosas que mantienen vigentes las EPS con los hospitales públicos los tienen al borde de la quiebra amenazando la sostenibilidad de las instituciones y poniendo en alto riesgo la prestación de los servicios.
Según el secretario de Salud del Huila Carlos Daniel Mazabel, esta situación coloca en alto riesgo financiero a la mayoría de los hospitales del Huila. Por lo menos los pequeños centros asistenciales de 21 municipios del Huila soportan la principal asfixia.
Los mayores deudores son las EPS del régimen contributivo con el 36% del total de la deuda, seguidas por las EPS del régimen subsidiado con el 31%. En tercer lugar, figuran las alcaldías, las gobernaciones y el Gobierno Nacional (Fosyga) con el 11%.
Según el último estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, la deuda de las EPS del régimen contributivo asciende a los $1.9 billones de pesos, de los cuales 1.3 billones son adeudados por las EPS Privadas en operación.
El estudio de la ACHC señala que la cartera morosa (mayor a 60 días) ascendió a $3.1 billones de pesos. Ese alarmante monto equivale al 58% del total de la deuda de los diferentes compradores de servicios de salud con los hospitales y clínicas. Pero aún más. Sorprende además, el elevado crecimiento de la cartera morsa de las entidades intervenidas por la Superintendencia de Salud. Las obligaciones pendientes son más altas que las EPS no intervenidas. ¿Qué pasará?
Las demoras en los pagos por servicios prestados tienen a la red pública al borde de un infarto.
Los engorrosos trámites para asegurar los pagos por servicios prestados, las glosas o rechazos a las facturas y el desorden administrativo que impera en muchas entidades son parte del trauma institucional, agravan la problemática de la salud pública.
La asfixia financiera se refleja por supuesto en la restricción de servicios a los usuarios, en salarios atrasados, en las deudas pendientes con proveedores y en la suspensión de los proyectos de modernización.
Los pacientes, los principales damnificados, no pueden acceder a servicios de mejor calidad y soportan en carne propia la cancelación de citas, las demoras en los exámenes, diagnósticos e intervenciones quirúrgicas.
Pese a que la crítica situación ya ha sido advertida en reiteradas oportunidades por las autoridades, entidades asistenciales y por los organismos de control, el panorama sigue siendo el mismo. Y sorprende aún más que sean las propias entidades estatales las que aparezcan también rotuladas en la lista de los morosos. Increíble.
“Las demoras en los pagos por servicios prestados tienen a la red pública al borde de un infarto”.
Editorialito
La suspensión de la marcha de mototaxistas prevista para ayer no espanta la amenaza de otra parálisis en el transporte. Las medidas para frenar la informalidad no deben aplazarse. Por el contrario, deben imponerse, en pleno ejercicio de la autoridad.