RICARDO AREIZA
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Aunque parezca increíble, Algeciras, cuna de artistas y despensa agrícola del Huila, programó y contrató el mejor homenaje para sus músicos nativos destacados en el país pero se quedó en el aire.
Aunque pagó cerca de 44 millones de pesos para organizar y desarrollar el primer encuentro de bandas de vientos y bandas marciales con directores oriundos de Algeciras, la gala musical se quedó solo en el libreto.
Sin embargo, el contratista, hoy vinculado con el suministro de alimentación escolar, en tiempo récord presentó la propuesta, firmó el acta de inició, procedió a la liquidación y recibió en un solo contado el valor de los servicios que nunca prestó.
Las irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Alcaldía por una denuncia ciudadana donde reseñó el insólito episodio ocurrido en el 2014.
El supuesto caso de corrupción fue reportado por la Oficina de Participación Ciudadana el 9 de enero de 2016 (Oficio 1501008002) al iniciar el actual gobierno.
Las resuntas irregularidades, reportadas a la Contraloría Departamental, se registraron en el pago del contrato de mínima cuantía No. 008 del primero de octubre de 2014.
Puro viento
El objeto del contrato fabuloso era realizar a todo costo un encuentro artístico con todos los directores de las bandas de músicos, nacidos en Algeciras.
El ensamblaje musical estaba programado durante cinco días (entre el 10 y el 14 de octubre de 2014). Era una especie de homenaje que se proyectaba para los músicos y directores de la localidad, destacados en varias regiones del país.
La programación artística debía realizarse en la emblemática Hacienda Satía, a la entada de la localidad, sede de la Casa de la Cultura.
A pesar de la trascendencia, el evento nunca se realizó como se proyectaba y los servicios que se contrataron “aparentemente” no fueron prestados, según la denunciada ciudadana.
De acuerdo con el organismo de control que le hizo el seguimiento “no aparece ningún soporte que acredite su ejecución”.
Sin embargo, la administración municipal anterior, canceló 43,99 millones de pesos por un encuentro folclórico que nunca se realizó como estaba programado.
El contrato
La adjudicación se hizo aparentemente en un proceso de selección abreviado No. 008 de 2014.
Esta modalidad de selección está legalmente contemplada para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.
Según el estatuto anticorrupción, aunque el proceso sea simplificado debe garantizar siempre la selección objetiva del contratista.
En este caso se surtió el proceso, como aparece en el portal de contratación estatal, sólo que el encuentro folclórico nunca se realizó como estaba previsto.
El contrato fue suscrito el 10 de octubre de 2014, el mismo día en que debía comenzar el certamen, entre el alcalde Algeciras, Alexander Martínez Ballesteros y Vivian Andrea Jordán Guzmán, representante legal de la sociedad Outsourcing del Huila SAS.
La firma contratista, curiosamente, hace parte de la Unión Temporal Huila Nutrida 2017, operadora del programa de alimentación escolar en la zona noroccidental.
Tiempo récord
La rapidez con que se realizaron los trámites, inusual en la administración pública, generó suspicacia. El mismo día de la adjudicación, el secretario de Desarrollo Social, Libardo Romero Rivera, en calidad de supervisor, suscribió el acta de inicio, sin que el encuentro estuviera listo. La representante legal de la empresa también refrendó el documento.
Cuatro días después, el 14 de octubre, fecha en la que debía culminar el encuentro artístico, los dos personajes firmaron el acta de recibo final y liquidación del contrato.
Curiosamente, como si se tratara de un servicio contra entrega, el pago efectivo se realizó ese mismo día 14 de octubre de 2014, según aparece registrado en el comprobante de egreso 2014001257 a favor de la sociedad contratista por la suma de $43.998.500.
“Se trata de una única acción dirigida a un solo fin materializada con la pérdida de recursos públicos con el pago de servicios profesionales que aparentemente nunca fueron prestados a la entidad”, confirmó la agencia fiscalizadora al profundizar en la denuncia ciudadana.
Investigados
Por estos hechos fueron citados el alcalde de la época, Alexander Martínez Ballesteros; su secretario de Desarrollo, Libardo Romero y Vivian Andrea Jordán Guzmán, la contratista.
Romero Rivera y Jordán Guzmán fueron citados inicialmente a versión libre el 7 de noviembre de 2017. El alcalde debía concurrir al día siguiente. Sin embargo, los tres funcionarios sólo asistieron a las diligencias a finales de abril pasado.
“No es claro que los recursos públicos se hayan destinado realmente a las actividades contratadas por cuanto no existen los soportes contractuales que tengan la connotación y calidad que permitan evidenciar de manera cierta que las especificaciones de los bienes y servicios aparentemente suministrados por el contratista correspondieron con el efectivo cumplimiento del objeto contractual”, señaló el ente investigador.
En estas condiciones, estimaron que el daño quedó claramente determinado y por lo tanto el detrimento patrimonial en la suma que se le canceló al contratista sin haber prestado los servicios.
El proceso
La jefe de Responsabilidad Fiscal, Diana Carolina Fernández inició la investigación el 31 de julio del año pasado para corroborar o desvirtuar los hechos denunciados.
Después de seis meses la funcionaria declaró cerrada la indagación preliminar y abrió formalmente el proceso de responsabilidad fiscal.
En el auto de apertura vinculó al ex alcalde Alexander Martínez Ballesteros; al ex secretario de Desarrollo, Libardo Romero Rivera y a la firma Outsourcing del Huila, representada legalmente por Vivian Andrea Jordán Guzmán, como presuntos responsables.
Además, vinculó como terceros civilmente responsables a la aseguradora La Previsora, en razón al seguro de manejo suscrito con el ex alcalde y a la Compañía de Seguros del Estado.
Los indicios
Los tres implicados fueron escuchados inicialmente en versión libre sobre los hechos objeto de la investigación. Igualmente el equipo auditor recaudó abundante material probatorio
“Existen indicios serios que nos llevan a inferir que se trata de Alexander Martínez Ballesteros, en calidad de alcalde para la época de los hechos, quien tenía a su cargo la ordenación del gasto; Libardo Romero Rivera, en calidad de supervisor del contrato, quien tenía la función de vigilar la correcta inversión y destinación de los recursos públicos que involucraron el contrato que se le dio a su cuidado y la sociedad Outsourcing del Huila, en calidad de contratista, quien como colaborador de la gestión estatal presuntamente omitió de manera grave el deber de ejecutar unos servicios que fueron pagados”, concluyeron los investigadores.
“La apertura no significa en sí misma que se haya determinado la responsabilidad. Hay motivos suficientes para creer que puede existir un daño patrimonial y que existen unos posibles responsables”, precisó la directora de la investigación.
En el proceso que se está surtiendo, los probables imputados tendrán que desvirtuar los cargos, las evidencias y testimonios, legalmente recaudados.
El proceso de responsabilidad fiscal está orientado a garantizar el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa como consecuencia de la gestión irregular de quienes tienen a su cargo el manejo de dineros o bienes públicos
