RICARDO AREIZA
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Como estaba cantado, el gerente de la Terminal de Neiva Camilo Alejandro Manchola Quintero, fue retirado ahora sí, definitivamente del cargo.
El ingeniero industrial de 30 años, fue relevado en forma fulminante a partir de ayer, en medio de una ‘tormentosa’ junta directiva, en la cual, los transportadores impusieron su voluntad y lograron derrotar al gobernador Carlos Julio González.
Manchola Ordoñez, hijo del ex congresista y actual veedor, Luis Alfredo Gómez, salió anticipadamente 13 días después de haber regresado de una licencia forzosa no remunerada, impuesta por la junta directiva por un supuesto colapso administrativo que venía ocurriendo en la entidad de economía mixta.
El funcionario retornó al cargo, el 22 de marzo, coincidiendo con la junta extraordinaria, donde se montó la estrategia para buscarle su salida. Curiosamente, el mismo día de su reincorporación, la junta le suspendió las funciones de su cargo, entre otras, la contratación. La decisión quedó por escrito y confirmó la intención para removerlo.
Las causales
La piedra de escándalo para retirarlo del cargo fue un informe de la jefe de Control Interno, Maddy Marcela Lizcano y refrendado por el revisor fiscal, Jesús Eduardo Rojas Afanador.
Según el documento, revelado en primicia por LA NACIÓN, durante los primeros 74 días de estar en el cargo se registraron desaciertos administrativos, laborales, jurídicos y financieros que en su opinión, pone en riesgo la estabilidad de la entidad.
El reporte insiste en un supuesto retroceso en los objetivos estratégicos y en un traumatismo administrativo. El informe fue examinado por la junta directiva el 20 de marzo. Una comisión tripartita, escogida para estudiar el caso, sugirió que el funcionario debía responder en diligencia de descargos por las supuestas deficiencias.
El reporte lo firmaron los gerentes de Cootranshuila, Marino Castro Carvajal; Elberto Garavito de Flotahuila y el directivo de Coomotor, Manuel Salvador Gómez. El proceso disciplinario se surtió el miércoles pasado durante una junta extraordinaria.
El gerente se presentó acompañado del abogado Dagoberto Charry Rivas a responder en el proceso disciplinario interno. “Respondimos con todos los soportes el informe del revisor fiscal y de la Jefe de Control Interno y demostramos que no habían razones jurídicamente válidas para la terminación del contrato”, explicó Manchola Quintero.
“En realidad, demostramos que el informe sólo tenía supuestos y creaciones de película que sólo se ven en Hollywood”, apuntó.
“Respondí cada uno de los puntos con sus respectivos soportes, documentos que entregamos a cada uno de los miembros de la junta”, afirmó.
Después hubo un receso. La junta siguió deliberando. El sector oficial, ahora en minoría, salió en defensa del gerente.
El gobernador Carlos Julio González Villa fue derrotado. El mandatario seccional estuvo en la reunión extraordinaria hasta las siete de la noche. El funcionario insistió en mantener al gerente en esa posición y argumentó los efectos negativos que podía provocar una nueva demanda. Pero su posición no hizo mella.
La puja
Por el sector oficial estuvo en gobernador Carlos Julio González, su secretaria privada, María Fernanda Guevara Cadena; el secretario de Hacienda, Carlos Eduardo Trujillo y el gerente del Infihuila, Luis Alfredo Ortega. Sin embargo, sus argumentos no convencieron. Al sentirse en minoría se retiraron de la reunión.
Sin embargo, los transportadores, ahora con las mayorías, llamaron a los suplentes y procedieron a retirar al funcionario.
Por los transportadores estuvo Armando Cuéllar, Salvador Gómez, los gerentes de Cootranshuila, Marino Castro Carvajal, de La Gaitana, Juan Carlos González y Alberto Gravito, gerente de Flotahuila. El delegado del Ministerio del Transporte, César Julián Salas se sumó al grupo mayoritario.
La justa causa
Como lo habíamos anticipado, los transportadores en pleno ejercicio de las mayorías, se apartaron del gobierno seccional y votaron en favor de la terminación unilateral del contrato por justa causa.
La decisión quedó plasmada en una comunicación dirigida al gerente Manchola en donde le informan sobre el fulminante retiro.
“Me permito comunicarle la terminación del contrato individual de trabajo a término fijo a tres años a partir del 4 de abril de 2018 por justa causa”, señala la misiva firmada por el presidente de la junta Armando Cuéllar, gerente de Coomotor, el principal accionista.
Manchola anunció ayer que aún no ha sido notificado y se enteró por terceras personas de la decisión.
“Anoche me informaron de la decisión que me enviaran por correo certificado. Una vez la reciba les voy a responder porque tengo las pruebas para señalar que el informe fue una farsa. Les demostré que todo lo que dice es mentira”, aseguró.
En la misma junta, fue encargada nuevamente de la gerencia la subgerente administrativa y financiera Rahda Hermosa Camacho, quien lo reemplazó durante una licencia forzosa que le otorgaron, sin solicitarla a partir del 15 de febrero último.
Manchola anunció que una vez reciba su notificación iniciará los trámites de una demanda por su salida abrupta, de un cargo con periodo fijo que terminó el miércoles pasado. “Creo que como no fui un títere, planearon mi retiro”, concluyó Manchola.
Inestabilidad
La brevedad de su gestión, la más corta en la entidad, refleja la inestabilidad de esa sociedad de economía mixta, actualmente dominada por la empresa privada. convertida en un verdadero ‘chicharrón’.
En los últimos tres años, la empresa ha tenido seis gerentes. Alejandro Plazas, el único que pudo terminar su periodo, salió en medio de un estruendoso escándalo. El funcionario asumió el cargo el 25 de octubre de 2012 ante la gobernadora Cielo González.
Plazas Macías, al confirmar que no le renovarían su periodo, agilizó la contratación, incrementó sin autorización la nómina; cambió la modalidad de la contratación y adjudicó contratos millonarios, sobrepasando los topes autorizados. Duró los tres años.
En su reemplazo fue nombrado el contador público Ramiro Díaz, postulado por el gobernador de la época Carlos Mauricio Iriarte.
La elección se produjo por unanimidad el jueves 22 de octubre de 2015. Duró diez meses. El ex contralor de Neiva renunció el 14 de mayo de 2016. El contador público, uno de los asesores de confianza de Iriarte, no resistió las presiones de los miembros de la junta directiva.
Díaz argumentó problemas de salud para abandonar el cargo anticipadamente. Sin embargo, los propios transportadores admitieron que su salida se produjo en medio de una “guerra de poder” que se venía librando. Y prefirió hacerse a un lado.
Dos días después fue designado y posesionado Gilberto Casallas Perdomo. Ese mismo lunes se posesionó. El contador, quien había sido Director de Tránsito, tampoco aguantó.
La privilegiada selección de los contratistas, la falta de planeación y supuestos sobrecostos denunciados por el revisor fiscal, Jesús Eduardo Rojas, lo colocaron en la cuerda floja. Las anomalías fueron denunciadas durante la asamblea de accionistas el 17 de febrero de 2017.
El informe de auditoría soportado por la ingeniera civil Claudia Patricia Gómez confirmó las sospechas. Y disparó las alarmas. De los 24 contratos adjudicados entre mayo de 2016 y febrero de 2017, 19 registran irregularidades.
Casallas, como lo develó LA NACIÓN, fue enviado a vacaciones forzosas a partir del 16 de septiembre de 2017. Ese mismo día fue encargado En calidad de encarado fue designado el gerente de Infihuila, Luis Alfredo Ortega, gerente del Infihuila. Este último estuvo dos meses como gerente interino.
Cuando Casallas se preparaba para reasumir el cargo fue removido con una injustificada indemnización. La ‘prima de consolación’, fue autorizada, sin soporte legal el 6 de octubre del año de 2017 para facilitar su retiro anticipado. El acuerdo contemplaba que la sociedad le cancelaba a título de indemnización el 60 por ciento de los emolumentos que percibiría por los dos años que le restaban para concluir el periodo. La transacción ascendió a 104 millones de pesos.
La escandaloso “prima” fue cancelada el 31 de octubre de 2017 mediante transferencia electrónica a la cuenta personal de Casallas. Para el pago de esos dineros se realizó un traslado presupuestal de la cuenta de gastos de la sociedad Terminal de Transportes.
La contralora Adriana Escobar estimó que la decisión de la junta directiva puede constituir un detrimento patrimonial. En calidad de encarado fue designado el gerente de Infihuila, Luis Alfredo Ortega, quien estuvo dos meses en interinidad.
Postulado por el gobernador Carlos Julio Gonzalez, el 22 de noviembre fue nombrado por unanimidad, Camilo Alejandro Manchola, quien venía laborando en la oficina de planeación. Duró 87 días en el cargo. La sexta gerente, Rahda Hermosa Camacho, encargada por segunda vez, pero la más opcionada candidata.
Transportadores en rebeldía
El retiro anticipado del gerente de la empresa Terminal de Transportes, se convirtió en el primer acto de ruptura con el gobierno seccional, que ejercía desde hace muchos años.
La recomposición accionaria de la sociedad, ahora con mayoría del sector privado, cambió la correlación de fuerzas. Ahora, como lo habíamos advertido, los transportadores, unidos en esta causa, impusieron la decisión
El sector público (accionistas clase A) participa actualmente con el 49,39% y el sector privado con el 50,67%. Coomotor, el principal accionista, compró la mayoría del paquete accionario que se sacó a venta el año pasado. Con esos recursos se financió en parte la remodelación del Terminal.
El Infihuila tiene la mayor participación del sector público con el 34,55% (405.200 acciones), la Gobernación el7, 26%; el Ministerio de Transporte el 6,35% y Empresas Públicas de Neiva el 1,15%. Esa participación cambió por lo tanto la correlación.
Aunque el gobierno departamental dejó constancia de su desacuerdo, mantenía total silencio frente a la decisión.
Mientras tanto, como estaba anunciado, los transportadores demostraron que ahora tienen el poder decisorio. Y la segunda prueba será la designación en propiedad de la administradora Rahda Hermosa, como gerente titular.
La manzana de la discordia
Los hallazgos administrativos y la improvisación en el manejo de la entidad, fueron la manzana de la discordia para precipitar el retiro anticipado del gerente Camilo Manchola. Aunque el funcionario insistió en los reportes de la jefe de Control Interno fueron desvirtuados, la junta decidió removerlo.
La licencia temporal no remunerada que le impusieron sirvió para para profundizar sobre las deficiencias operativas encontradas en los primeros dos meses de su gestión. “No hay malos manejos como me lo aseguraron. Solo que se perdió la confianza, mejor dicho, que ya no me querían tener allí”, afirmó Manchola.
Según la carta, se presentaron sobrecostos en adquisición de insumos a proveedores, improvisación en el manejo de personal, nóminas paralelas en la prestación de servicios personales y violación de las cláusulas de confidencialidad contractual, entre otras.