Las inocultables y enormes diferencias políticas que ya se viven en el país por cuenta de los enfrentamientos entre el ex presidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos van llegando a hechos concretos: la posibilidad de que el “uribismo purasangre” haya planteado formalmente, mediante dos proyectos de ley, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Las inocultables y enormes diferencias políticas que ya se viven en el país por cuenta de los enfrentamientos entre el ex presidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos van llegando a hechos concretos: la posibilidad de que el “uribismo purasangre” haya planteado formalmente, mediante dos proyectos de ley, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Lo curioso del asunto es que dos congresistas de la misma tendencia estén anunciando proyectos semejantes aunque distintos en su conformación y fines específicos, y aún más paradójico es que el Gobierno Nacional, por boca de su nueva ministra de Justicia, Ruth Stella Correa haya dicho que los problemas de la Rama Judicial se pueden resolver por vía de decretos, ni siquiera leyes, descartando acudir de nuevo a una reforma constitucional como la que se hundió hace un mes. Y fue el mismo presidente Santos quien dijo – en la instalación del Congreso – que le parecían “inoportunas, inconvenientes y peligrosas iniciativas como revocatorias, constituyentes y referendos, porque se sabe dónde comienzan, pero no dónde terminan”. Y ahí saltaron los parlamentarios uribistas Juan Carlos Vélez, senador, y Miguel Gómez Martínez, representante, radicando dos proyectos que proponen la convocatoria a una Constituyente. La iniciativa de Vélez busca consultarle al pueblo colombiano si quiere una constituyente para reformar única y exclusivamente la Rama Judicial. Y la Gómez Martínez, plantea reformar la Carta Política en temas puntuales como justicia, reelección presidencial y régimen territorial. Claramente los dos están en línea de lo que propuso hace unas semanas el ex presidente Uribe de una Constituyente, limitada en sus atribuciones a reformar la justicia, sin la interferencia de interés diferente”. Pero no parece haber ni ambiente político ni respaldo popular a este tipo de convocatorias altamente inconvenientes para la salud institucional. Recordemos que la Carta de 1991 fue producto inicial de una manifestación espontánea, incluso sin dirección política o partidista, de la ciudadanía hastiada del terrorismo y de las mañas clientelistas y corruptas. Y aunque los tiempos ahora no son mejores, una Asamblea debería ser producto de una real intención del constituyente primario, del pueblo en su esencia ciudadana y no originada en reyertas partidistas o rencillas personalistas para sacar ventajas. Si bien las cenizas del gran “orangután” creado en la conciliación de la fallida reforma a la Justicia aún se observan sobre el Capitolio Nacional, no resulta exagerado admitir que tanto el actual Congreso como el Gobierno Nacional tienen en sus manos la potestad, jurisdicción y competencia para intentar reformas de fondo en varios asuntos pendientes para los intereses generales de los colombianos, sin que sea necesario someternos al desgaste de si hay o no Constituyente, de qué temas se les consultarían a los ciudadanos y cuáles serían los límites de esa Asamblea. Y no sobra recordar los enormes riesgos de abrir esa puerta cuando los ánimos de distintas facciones ideológicas están caldeados y en alto punto de ebullición. DESTACADO “Pero no parece haber ni ambiente político ni respaldo popular a este tipo de convocatorias altamente inconvenientes para la salud institucional.”. EDITORIALITO La alta informalidad que se está registrando en el embalse de Betania por la presencia de pescadores foráneos y los pronósticos de sequía, constituyen una bomba de tiempo que puede terminar afectando la sostenibilidad de la piscicultura.