La Nación
EDITORIAL

Costos bancarios

En buena hora el Congreso de la República se ha ocupado de definir las reglas claras para proteger a los consumidores de los productos financieros y de pensiones, definiendo los métodos que deberán tenerse en cuenta para informarles de manera clara, sencilla y unificada las ‘arandelas’ y costos adicionales de sus cuentas.

A partir de ahora, los clientes podrán acceder a un derecho que, siendo de elemental cumplimiento aún sin necesidad de normas que así lo digan, es necesario para un mejor equilibrio de las relaciones con las entidades que manejan los recursos del público. En un país serio no debería esperarse que se expida una ley, una más, simplemente para determinar cómo debe contárseles a los usuarios el costo de sus servicios; debiera bastar el apego a las normas comerciales, muchas de ellas de costumbre centenaria, para que el cliente sepa cómo, cuánto y porqué debe pagar los servicios de sus banqueros.

La llamada Ley de Precios Transparentes beneficiará también a los millones de afiliados de los fondos de pensiones y de Colpensiones, quienes podrán conocer el estado real de sus aportes cada tres meses. Se busca de esta manera, como lo ha señalado el autor de la norma, el representante a la Cámara David Barguil, que se ponga fin a las actividades comerciales engañosas pues también se prohibirán los contenidos publicitarios que sugieren altas expectativas sobre pensiones, tarjetas de crédito y cuentas de ahorros. Una medida lógica en un mundo que se presume de libre mercado y competencia abierta y leal.

La ley prevé todos los mecanismos para conocer, en detalle y comparando, todas aquellas “arandelas” que vienen en la conocida letra menuda de los extractos como seguros, cobros, rentabilidad, tasas de interés y descuentos. Establece la norma con precisión que los bancos tendrán que darles a sus clientes un informe trimestral que contenga un valor exacto que represente todos los conceptos que son pagados o recibidos por el cliente. Este valor le presenta la tasa de interés que le cobra el banco, contrastada con la cuota de manejo y los descuentos y le dirá de forma clara cuánto dinero le quitaron o le sumaron a sus ahorros o deudas.

De igual manera, se deberá suministrar información clara a los posibles clientes acerca de los productos o servicios con una proyección del dinero que pagarán o recibirán antes de firmar cualquier contrato. Se busca que ello genere una mayor competencia entre los bancos, ya que facilitará que los clientes puedan comparar cuáles entidades tienen las mejores tarifas y así, se disminuirán los sobrecostos que los bancos incluyen en “letra chiquita” de los portafolios de servicios. Además se prevé que quienes quieran cambiar sus aportes de régimen pensional, pasándose de Colpensiones a los fondos privados o viceversa, tendrán derecho a recibir una asesoría especializada explicándoles las implicaciones de esa decisión. Una ley más, que hubiese sido innecesaria si se cumplieran todas las normas anteriores.

“La llamada Ley de Precios Transparentes beneficiará también a los millones de afiliados de los fondos de pensiones…”

Editorialito

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