Primicia. La modelo huilense, Angélica Ramírez, condenada injustamente a 14 años de prisión, no solo demostró su inocencia. Ahora, la Fiscalía y la Rama Judicial tendrán que pagarle una millonaria indemnización.
RICARDO AREIZA
La popular presentadora de televisión Angélica Ramírez, detenida injustamente durante 34 meses y 16 días, acusada por supuestos nexos con la guerrilla, acaba de ganar una nueva batalla judicial.
El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva condenó a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagarle una millonaria indemnización por los perjuicios morales y materiales que le ocasionó su detención arbitraria, en un montaje urdido por su antiguo esposo, con el apoyo de un falso testigo, aportado por la Fiscalía.
La comunicadora permaneció privada de su libertad desde el 14 de noviembre de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2013 cuando el Tribunal Superior de Neiva, revocó la condena y ordenó su inmediata libertad.
Su antiguo ex compañero Gustavo Ortiz la acusó de haber instigado ataques y amenazas por parte de las antiguas Farc.
Un antiguo miliciano, John Faver Montoya Molina, (‘El Pato’), testigo falso de la Fiscalía, corroboró la versión.
La presentadora fue detenida el 14 de noviembre de 2010 en las instalaciones del aeropuerto ‘Benito Salas’ cuando regresaba de Valledupar.
El 4 de octubre de 2011, el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva la condenó a 173 meses (14 años 5 meses) de prisión.
Sin embargo, el 30 de septiembre de 2013, el Tribunal Superior de Neiva revocó el fallo condenatorio y en su defecto, la absolvió de todo los cargos imputados. La Sala Penal ordenó su libertad inmediata.
El 25 de marzo de 2015, la Corte Suprema de Justicia, respaldó su argumentación y rechazó el recurso de casación presentado por el Delegado de la Fiscalía General de la Nación, pidiendo que se revocara el fallo absolutorio.
¿Montaje judicial?
El empresario Gustavo Ortiz Dicelis, denunció que el 7 de junio de 2010, recibió una llamada telefónica supuestamente de ‘Camilo’, jefe de finanzas del frente ‘Angelino Godoy’ de las antiguas Farc, pidiéndole 200 millones de pesos.
Según el relato, la llamada extorsiva al celular que solo conocía la presentadora, se repitió cuatro días después, supuestamente, “por no haberle “regalado una casita a Angélica”.
Una tercera llamada la recibió el 16 de junio. Al día siguiente otro emisario el dio un plazo de ocho días para entregar el dinero.
Ante su negativa, el 24 de junio, en plena temporada sampedrina, un artefacto explotó en el comedor del hostal, causando daños en el techo y paredes.
Por la tarde, Alexánder Díaz, el emisario, lo volvió a llamar para preguntarle por el ‘saludito explosivo’. Además, le advirtió que si no pagaba, “vendrían más saludos”.
Por solicitud de la Fiscalía, el 8 de noviembre de 2010, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Garantías de Neiva expidió una orden de captura contra la reportera de farándula.
Captura de película
La joven comunicadora fue capturada en un cinematográfico e impresionante operativo militar desplegado por las autoridades en el terminal aéreo.
El fiscal le imputó los cargos como determinadora de los delitos de terrorismo, extorsión agravada en la modalidad de tentativa; concierto para delinquir y porte ilegal de armas, realizados bajo la circunstancia de mayor punibilidad.
En realidad, en las llamadas amenazantes que recibió, los supuestos insurgentes nunca mencionaron a la presentadora.
Fue el mismo denunciante quien desde la primera conversación incluyó el nombre de la acusada Angélica Ramírez, para incriminarla.
“Es Ortiz Dicelis el que proponía o inducía a que se hablara de la presunta intermediación a favor de Angélica Ramírez, expresando para ello el nombre completo de la sentenciada, proposición que inicialmente desorienta al destinatario”, concluyó la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva.
Bajo este escenario es evidente entonces que en las grabaciones aludidas no se constata directamente el núcleo fáctico de la acusación: que fuese Angélica Ramírez la persona que deslealmente suministró a la subversión el número telefónico, les reveló la ubicación de las propiedades y los vínculos familiares que tenía Ortiz Dicelis para extorsionarlo.
Tampoco era la única que conocía el número del celular.
Lo que no supieron los investigadores, es que el supuesto autor de las llamadas, José Eugenio Palomino, alias ‘Camilo’, murió el 28 de marzo de 2012, en la operación ‘Armagedón’ con otros 35 insurgentes en Vista Hermosa, Meta.
Además, se probó que mucho antes de la primera llamada que recibió, ya había sido objeto de las amenazas. La misma Fiscalía demostró que desde su número celular, entraron numerosas llamadas de otras personas que igualmente conocían el número del abonado, entre ellos sus familiares.
También quedó demostrado que las grabaciones de las llamadas extorsivas, no fueron producto de interceptaciones telefónicas, legalmente autorizadas, sino de grabaciones realizadas por la propia víctima, quien menciona a la presentadora. No los extorsionistas.
“La privación de la libertad de que fuera objeto Angélica Ramírez, constituyó un daño antijurídico como consecuencia del desbordamiento o rompimiento del principio igualdad de las cargas públicas”, afirmó el abogado Sheiber Cuenca.
“La captura y la posterior medida de detención preventiva que le fuera impuesta resultó ser descomunal y arbitraria”, argumentó.
El infierno
Aunque recobró su libertad, la joven presentadora tuvo que padecer otro infierno poco conocido. Tras su captura, fue separada abruptamente de su pequeño hijo de ocho años, y de su entorno familiar. También perdió su trabajo y su imagen de popular presentadora se fue a pique.
El proceso penal de la señora Angélica Ramírez tuvo un gran despliegue mediático en prensa, radio, televisión nacional e internacional, en razón a su popularidad. “Que una bella y popular presentadora y modelo fuera presentada por la justicia colombiana ante los medios, como miembro de la guerrilla de las Farc, despertaba el morbo en las audiencias y por supuesto, interés en los medios de comunicación, expresó su abogado.
Al llegar al centro de reclusión la vida le cambió radicalmente, le dio un giro de 180 grados. Angélica comenzó a presentar afectaciones en su salud física y mental, registraba padecimientos de estrés, crisis de depresión e insomnio.
Los médicos que la atendieron le diagnosticaron enfermedades nunca antes padecidas, como anemia, estreñimiento y para colmo de males, amenorrea. Durante un año se interrumpió abruptamente su periodo menstrual.
Las precarias condiciones de salubridad de la prisión, le provocaron otras patologías desconocidas como gastroenteritis con todos los síntomas que le amargaron aún más la pérdida de su libertad. Llegó a pesar 48 kilos.
Crueles agresiones
“Estando en el establecimiento carcelario padeció múltiples agresiones por parte de las internas, incluyendo maltrato psicológico y físico por considerarla “una niña bonita”, revela el documento que soporta la demanda.
“A causa de un golpe en su rostro propinado por una interna le fue desviado el tabique”, reseña el documento.
En otro evento de agresión en el penal, como consecuencia de un golpe propinado por otra reclusa le ocasionó el encapsulamiento de una prótesis en uno de sus senos. Este ataque le desencadenó fuertes infecciones y el desarrollo de quistes mamarios.
Por estas complicaciones la joven modelo tuvo que someterse a varias operaciones para su recuperación.
Por su liderazgo en la prisión, la presentadora se convirtió en poco tiempo en la representante de derechos humanos de las internas, lo que le ocasionó la animadversión de las insensibles custodias.
Los reclamos y denuncias que hacía en favor de otras mujeres privadas de la libertad, le ocasionaron castigos injustos y arbitrariamente inmerecidos.
En varias ocasiones la privaron de las jornadas de alimentación, le prohibieron las visitas o le suspendían el descanso, además de las agresiones verbales y físicas que tuvo que soportar, sin revirar.
Al principio, impactada por su deplorable condición, no permitía que sus seres queridos la visitaran,
El otro hecho irreparable fue la enfermedad y posterior fallecimiento de su abuelo y padre de crianza Omar Ramírez, ocurrida el 19 de junio de 2011. Este fue otro golpe demoledor.
Angélica, creció a su lado, en las montañas, en su natal Vegalarga. El señor Omar Ramírez fue su mentor y su guía tutelar.
Aun así, no pudo acompañarlo en sus quebrantos de salud y tuvo que resignarse a llorarlo en el silencio de su pequeña celda. Tampoco le fue permitido asistir a su funeral.
Y para rematar, su intempestivo trasladado a la cárcel de Jamundí en el Valle del Cauca, instigado por la animadversión de sus inconmovibles guardianas.
El falso testigo
La captura y posterior condena, estuvo soportada en un falso testigo, ilusionado por un principio de oportunidad que le ofreció la Fiscalía, con la posibilidad de obtener beneficios.
Por esta razón el Tribunal Superior le restó credibilidad y le desmontó el engaño en el que incurrieron tanto la Fiscalía como el juez que la condenó. “En consideración de este Juzgador, dicho deber fue incumplido por parte de la Rama Judicial, sin que sirva de excusa el engaño del testigo para eximir de responsabilidad al Estado en este asunto”.
El miliciano, el testigo estrella de la Fiscalía, John Faver Montoya Molina fue condenado a 13 años de prisión como autor del atentado en un preacuerdo con la Fiscalía.
Además, está implicado en el crimen del taxista Douglas Arlet Camacho y del comerciante Germán Leiva, ocurridos en Campoalegre.
“Es claro que la detención de que fue objeto Angélica Ramírez, es imputable al Estado”, concluyó Carmen Emilia Montiel Ortiz, titular del Juzgado Quinto Administrativo de Neiva.
“En este caso, se evidencia la ocurrencia de un daño especial, al tratarse de un daño excepcional y anormal al derecho fundamental a la libertad (art. 28 C.N.), que excede la carga pública que debe asumir un ciudadano ante la función punitiva estatal de hacer comparecer al proceso a quienes son investigados por la presunta comisión de un delito”.
En estas condiciones, la juez declaró que la Nación, la Rama Judicial, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, son solidaria y administrativamente responsables por los graves perjuicios causados por la injusta privación de la libertad de que fue objeto la presentadora Angélica Ramírez.
La funcionaria judicial condenó a las entidades a cancelarle a la comunicadora y a su círculo familiar, aproximados 560 millones de pesos por los perjuicios morales y materiales, ocasionados por su arbitraria detención.
La decisión será impugnada. El abogado Sheiber Cuenca anticipó que el fallo de primera instancia será apelado buscando el reconocimiento de todos los perjuicios materiales y morales ocasionados a la modelo y a su círculo familiar más cercano.
“En el mejor momento de mi carrera, perdí todo el impulso que llevaba para tener que arrancar de cero en una sociedad que jamás olvida y que aún me señala por algo que no hice”, manifestó la presentadora.
Sin embargo, después de siete años, encontró otra luz al final del túnel. El fallo, aunque inferior al que esperaba, resarce en parte los daños que padeció durante su penoso cautiverio.
Ahora, lejos de su patria, se abre paso con su nuevo esposo, un policía de Miami, a quien conoció por internet.