Como estaba cantado, el Consejo de Estado eximió a la Gobernación del Huila del pago de por lo menos 50.000 millones de pesos a la Universidad Surcolombiana, por aportes no girados desde 1994.
La decisión, la segunda que se emite en un año, despeja de una vez por todas las expectativas que se tenían en esta materia y deja sin piso dos fallos de primera instancia proferidos por el Tribunal Administrativo del Huila que avalaba el régimen de concurrencia para la financiación de la educación superior como lo ha hecho en otras oportunidades.
Según el alto tribunal, el hecho de haber efectuado aportes económicos a esa institución de educación superior en vigencias anteriores a la expedición de la Ley 30 de 1993, no da nacimiento a la obligación indefinida e inextinguible.
Aunque el fallo libera a la Gobernación del Huila del pago de los recursos no girados, no la exime de la responsabilidad para garantizar la prestación del servicio público de educación superior.
Sin embargo, según el mismo fallo, nada obsta para que las entidades territoriales en ejercicio de la autonomía presupuestal decidan participar en el financiamiento de universidades públicas del orden nacional localizadas en el territorio de su jurisdicción, ya sea mediante la expedición de disposiciones ordenanzales o la celebración de convenios.
De ahí que la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior, dispuso con claridad que las universidades estatales u oficiales, recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, vigentes a partir de 1993, independiente de su origen sean nacionales o territoriales. Ese es el verdadero alcance y significado de la disposición oficial en defensa de la universidad pública. Esa diferenciación formal no puede servir de pretexto a las entidades territoriales para eludir ese compromiso social con la universidad pública.
La gobernación, las alcaldías, los concejos y asambleas, tienen una inmensa responsabilidad con la educación superior. Los aportes nacionales, ajustados por inflación permanecen constantes y han resultado insuficientes para atender la demanda en términos de calidad y cobertura y los enormes retos en materia de innovación.
Los gobiernos departamentales y locales no pueden eludir estos compromisos, en regiones como el Huila, con bajos niveles de competitividad en ciencia y tecnología. La Universidad Surcolombiana debe liderar esa iniciativa. De hecho, la Usco, como institución pública, está llamada a liderar un nuevo modelo de desarrollo surcolombiano, en un escenario de posconflicto. Los nuevos mandatarios tendrán también esa responsabilidad. Por fortuna, muchos orientaron sus propuestas alrededor de la educación.
“La gobernación, las alcaldías, los concejos y asambleas, tienen una inmensa responsabilidad con la educación superior”.
EDITORIALITO
La remodelación del Estadio Guillermo Plazas no avanza al rtimo que se requiere. Todo parece indicar que terminará la temporada sin que las obran estén terminadas. ¿Alcanzará la plata? Hay serios temores sobre la imposibilidad de terminarlas por falta de recursos.