La Nación
Estado a prueba de fuego 1 28 marzo, 2024
COLUMNISTAS OPINIÓN

Estado a prueba de fuego

Sergio Felipe Salamanca

A lo largo de este mes de movilizaciones, los colombianos hemos sido testigos de la amenaza y quema de instalaciones de entidades públicas, y en especial, de sedes judiciales. Dentro de este tipo de incidentes se destacan: (i). La quema de la Alcaldía y la Casa de Justicia de La Plata, (ii). La quema de la URI y sede de Medicina Legal de Popayán, (iii). La quema del Palacio de Justicia de Tuluá, y (iv). La quema de la oficina de registro de instrumentos públicos en la ciudad de Pasto.

A pesar de que estos hechos den la impresión de ser producto del vandalismo y de la efervescencia de las manifestaciones, aspectos como la ubicación, el tipo de procesos y trámites que se adelantaban, así como las personas involucradas en los mismos, llevan a que resulte difícil ignorar la existencia de intereses ocultos en la destrucción de expedientes judiciales y administrativos.

Ahora bien, más allá de las teorías que se puedan llegar a construir respecto de la autoría de los incendios, lo cierto es que estos nos hacen un poderoso llamado de atención sobre una necesidad que no da más espera: la digitalización integral de los expedientes judiciales y de la administración pública. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de adelantar un trámite ante una entidad pública o de llevar un proceso judicial, sabrá lo voluminosos que pueden llegar a ser los expedientes, sin mencionar la importancia y el valor probatorio que tiene cada parte del expediente.

Al estar compuestos totalmente de papel, los expedientes no solo representan un riesgo para el inicio y la propagación del fuego, sino también para la seguridad estructural de los edificios que albergan a los juzgados y entidades. De igual forma, representan un riesgo para la seguridad de la información, por la sensibilidad que tiene el papel a factores como la humedad o la luz constante. Aunado a lo anterior, la pandemia ha demostrado que sí es posible y necesaria la digitalización de la justicia.

Dicho lo anterior, considero que el Estado debe replantearse la prioridad e importancia que le está dando a los proyectos de digitalización que actualmente se encuentran en curso y a los que apenas están siendo diseñados, pues como lo muestran los hechos recientes, la justicia puede quedar reducida a cenizas.