El funcionario del ministerio público señaló en Timaná que su visita pretendía hacer una verificación a las acciones y tareas que desde 2009 se dejaron, producto de la visita de varios organismos de índole departamental y nacional con el fin de empezar a establecer las responsabilidades que cada uno de éstos tiene para con la reparación a las familias damnificadas, las cuales, según lo manifestaron al Procurador, no han recibido ayudas que solucionen sus problemáticas.
Seis años después de presentarse este fenómeno natural, las familias afectadas no han logrado sobreponerse, pues han tenido que lidiar con el pago de las obligaciones bancarias que fueron contraídas en su momento y que, a pesar de haberlo perdido todo, tuvieron que hacerse cargo de dichas responsabilidades lo que ha imposibilitado que por su propia cuenta se restablezcan de nuevo en otras fincas ya que su condición económica y social ha venido en desmejora.
En el encuentro, que sirvió para ahondar en la compleja situación de veto que mantienen ante las entidades especialmente financieras, los damnificados se quejaron por la falta de soluciones concretas pese a todos estos años, ante lo cual el procurador Judicial, Agrario y Ambiental del Departamento, Diego Vivas Tafur, dijo que es realmente lamentable que los estamentos no tengan clara una política de intervención que resuelva las dificultades, especialmente las de reparación por las pérdidas prediales.
“No ha habido voluntad de las partes responsables en la solución a ésta problemática, y es lamentable, ya que entre los damnificados figuran varios adultos mayores que no solo lo perdieron todo, sino que además no han visto la mano del Estado para recuperar sus parcelas”, afirmó el funcionario.
Con una acción de tutela que los damnificados por la falla geológica de Tobo interpondrán ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, para acceder a una reparación rápida por la pérdida de sus predios y la imposibilidad de acceder a reforma agraria, intentarán resolver parte de la problemática que desde hace seis años los viene afectando y que los mantiene improductivos y sin opciones de mejorar su situación económica.
A esto, se suma la dificultad que tienen los damnificados ante las entidades bancarias, que no los tienen en cuenta justamente por su condición y esto hace que su situación sea cada vez insostenible.
Para iniciar un proceso serio de reparación hay que dividir las acciones hacia dos áreas, el tema de vivienda y el de tierras y para ello en este último, la Procuraduría Judicial, Agraria y Ambiental recepcionará los casos puntuales y los elevara por medio de una acción de tutela ante el Incoder.
La idea, dijo el funcionario, es que se defina una metodología que rompa las limitaciones de tipo legal que actualmente tienen los damnificados para ser sujetos de reforma agraria y que les ha impedido entrar en programas de asignación predial.