Luis Alfredo Ortiz Tovar
Tal parece que le estamos haciendo la guerra a la paz. Así ha quedado en evidencia con el sinnúmero de episodios que se han suscitado en torno al Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano, y las guerrillas de las FARC. El país debería estar de regocijo entorno a la posibilidad de materializar la finalización del conflicto armado dado entre estos dos actores, cosa que sí celebra la comunidad internacional al advertir que luego de tantos años de barbarie, un país del trópico logró acallar los fusiles, y cambiarlos por la esperanza.
Cuando un conflicto de la naturaleza del que hemos vivido termina, el escenario que sigue es cómo atendemos a las víctimas, de qué manera se les repara sus daños, no solo materiales sino morales, y cómo obtendremos verdad, para garantizar la no repetición de lo vivido, al tiempo que se busca hacer justicia frente a las violaciones de las normas que regulan la guerra. Para que esto sea posible, y con lo que dice la historia, al menos en nuestro país, debemos contar con una forma de justicia de forma tal que permita consolidar la paz, y otorgar proporcionalmente justicia. Para el efecto no es propiamente la justicia ordinaria quien se encargue de semejante responsabilidad, empezando por los niveles tan altos de trabajo, amén del grado elevado de impunidad de las investigaciones puestas bajo su competencia. Los acuerdos, avalados por la Corte Constitucional garante del respeto a nuestra Carta Fundamental, dispusieron que se debía crear una jurisdicción especial capaz de investigar, sancionar, generar reparación y verdad, para de esta manera empezar a buscar el camino de la reconciliación. Y he ahí donde se empieza a hacérsele la guerra a la paz. Sin siquiera contar con las herramientas para funcionar, ya estamos pidiendo el juzgamiento de delitos tan complejos como los sucedidos en el conflicto, y penas a sus responsables, y más aún, se está afirmando que este organismo solamente garantiza impunidad para los responsables de los delitos cometidos en vigencia de dicho conflicto. Por ese miso camino, o sea el de guerrear la paz, han puesto en discrepancia y contienda a las mismas víctimas, las han logrado dividir, para que una parte diga, y otra desdiga de la función jurisdiccional de investigar. Reflejo de lo anterior, lo constituye también las trifulcas presentadas en las “comisiones de paz” del Congreso, donde parecen más tinglados que escenarios de diálogo, con el agravante que existen más reglas que garantizan la contienda en la pelea de boxeo (cuadrilátero), que en el salón donde debe funcionar tal organismo (comisión de paz).
La paz la politizamos, y la guerra la repolitizamos. El camino se empañará más, si no respetamos la instancia que debe por principio tranquilizar las interpretaciones jurídicas suscitadas con todo este galimatías, vale decir la Corte Constitucional, donde por una vía o la otra, terminará siendo quien tenga la última palabra.