La investigación la adelanta el Fiscal 20 Seccional de Neiva de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública contra el ex secretario de Hacienda, Luis Aníbal López Rojas; el entonces tesorero, Yesid Orlando Perdomo Llanos, y el juez de Ejecuciones Fiscales de la época, Juan Carlos Ramírez Montoya.
El delegado fiscal imputó ayer a los tres ex funcionarios los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y destrucción, supresión u ocultamiento de documentos públicos, ante la Jueza Tercera Penal Municipal con Funciones de Garantías.
“Ustedes desarrollaron esta idea criminal de manera idónea y eficaz”, dijo el fiscal, al manifestar que en la investigación se logró establecer que desde la Secretaría de Hacienda se expidió la Resolución 337 mediante la cual se ordena a la Dirección de la Tesorería Municipal efectuar la devolución del dinero al Ejército Nacional el 21 de septiembre de 2006.
En la audiencia de imputación, el fiscal manifestó que la solicitud de la devolución del dinero fue presentada por el abogado Jaider Parra Muñoz, como apoderado del Ejército, de acuerdo al poder otorgado por el teniente coronel Danilo Gerardo Prado Mosquera, por el valor de 443’302.067 pesos, como valor pagado por error de las vigencias 2003-2004-2005 de dos inmuebles que se encontraban exentos hasta el 2005 del impuesto predial.
El fiscal sostuvo que los dineros fueron consignados a dos cuentas particulares los días 23 y 28 de marzo de 2007, cuando debían ser girados a la cuenta de la Jefatura de Ingenieros del Ejército, encargada de los pagos de impuestos prediales del Ejército a nivel nacional.
Según el delegado fiscal, a la cuenta de María Yaneth Rubio Rojas fueron consignados 202’132.196 pesos y a la cuenta de Wilson Muñoz Ávila, trasferidos por 243 millones, “sin que exista alguna justificación legal, a pesar que se estableció que el pago era para el Ejército Nacional”, dijo el funcionario judicial.
‘El abogado y el coronel no existen’
El fiscal señaló además que en la etapa de indagación quedaron al descubierto otras irregularidades que permitieron la ‘pérdida’ de los 443 millones de pesos.
Reveló que el abogado Parra Muñoz “no existe, la tarjeta profesional que presentó le pertenece a la doctora Estella Paternina”.
Sostuvo que el teniente coronel Prada Mosquera “no existe en bases del Ejército ni entidades públicas y privadas”.
Actuaron rápido
En la diligencia, el fiscal al reprochar la actuación de los entonces funcionarios públicos, manifestó que en menos de dos meses se adelantaron los ‘trámites’ para desviar los excedentes del pago del impuesto predial por valor de 666’347.469 pesos.
“Llama la atención que el oficio donde fue solicitada la devolución del dinero supuestamente por el Ejército fue presentado el 4 de septiembre de 2006, cuando ni siquiera había transcurrido un mes del pago realizado por el Ejército que canceló el 23 agosto de 2006”, explicó el fiscal.
Sostuvo que hubo “agilidad” de los funcionarios para el trámite de la devolución del dinero recibido. “El pago fue realizado por el Ejército el 23 de agosto, la solicitud de devolución fue presentada el 4 de septiembre, la resolución que concedió la devolución fue realizada el 21 de septiembre y curiosamente notificada al día siguiente, el 22 de septiembre”.
‘Se apropiaron del dinero…’
Según el fiscal, los tres funcionarios idearon el plan para quedarse al parecer con el dinero del Ejército. “Ustedes intencionalmente desarrollaron esta idea criminal de manera idónea y eficazmente”, expresó el funcionario judicial en la audiencia.
Añadió que los entonces funcionarios aprovecharon sus funciones a favor de terceros. “Ustedes y un tercero se apropiaron de dineros del Estado, idea criminal que se utilizó para apropiarse de ese bien en detrimento del patrimonio estatal a efecto de que el mismo pasara a sus manos y de un tercero…”.
Reiteró que los dineros fueron consignados a unas cuentas corrientes de particulares, “cuando de antemano ustedes sabían que se produciría un detrimento patrimonial en ese tercero”.