El Presidente Santos acaba de proponer financiación estatal 100% de las campañas electorales, con el ánimo de evitar el maridaje entre contratistas y candidatos, y bajar los costos como una acción anticorrupción. Me temo que sea inocua esta medida si no va acompañada de instrumentos de control eficaces, porque puede ocurrir lo que pasa hoy con los topes, que se los vuelan declarando únicamente lo que permite la ley, sin que nadie identifique en tiempo real la financiación que va por debajo de la mesa.
¿Cómo se financian las campañas donde poco o nada se habla de corrupción electoral? Hay varias formas. En el Reino Unido con donaciones privadas en su mayoría y con un aporte muy pequeño del Estado. Está muy vigilado y se rinden cuentas de manera transparente. En Alemania es un sistema de financiación mixto, pero igual presidido de transparencia.
Podríamos apoyar la iniciativa presidencial si va acompañada de controles eficaces para para reducir los costos electorales y respetar lo prescrito por la ley en esta materia.
Las elecciones en Colombia se han convertido en una oportunidad económica para todo el mundo, dirigentes nacionales, regionales, locales y barriales donde los candidatos en el desespero electoral recurren, en muchas ocasiones, a financiaciones non santas.
Si queremos reducir costos y cambiar de verdad el sistema electoral, además de la financiación estatal y los controles, adoptemos la lista cerrada en corporaciones públicas, pues hoy con el voto preferente cada aspirante tiene su campaña y financiación independiente, lo que desborda descomunalmente el financiamiento electoral. En lista abierta hay tantas financiaciones como candidatos. En lista cerrada es una sola financiación para todos sus integrantes, y de paso obligamos a los partidos a implementar su democracia interna con consultas (participan únicamente sus carnetizados) para definir el orden de las listas corporativas.
Hoy con la baja participación electoral en Colombia hacen “su agosto” quienes tengan mayor financiación. Combatamos también ese mercado electoral estrecho con el voto obligatorio, ampliando la base democrática, abaratando costos y logrando que prosperen dirigentes más representativos, y no el que más financiación consiga.
Aprovechemos el acuerdo de paz y el ‘fast track’ para renovar el sistema electoral y oxigenar la democracia.