RICARDO AREIZA
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Una llamada telefónica de un informante de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) fue la clave para la captura de Luis Javier Rojas Morera, condenado ayer por lavado de activos y cohecho.
Según el informante, en un vehículo se transportaba una fuerte suma de dinero del narcotráfico proveniente de los Llanos Orientales. El dinero debía llegar el lunes 4 de abril de 2016 a Bogotá.
El soplón aseguró que “todo estaba arreglado” con la Policía para que dejara pasar sin problemas el cargamento de dinero. La revelación puso en evidencia las sospechas de los agentes federales que desde hacía varios meses venían rastreando las fortunas de varios narcotraficantes,
La información fue compartido de inmediato con la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, la Fiscalía colombiana y unidades de las Fuerzas Especiales Urbanas de la Quinta División del Ejército.
Las cuatro entidades, incluyendo la DEA, activaron el operativo y se dedicaron a buscar el automotor con las pistas que les aportó el desconocido confidente.
Coincidencias
Todo coincidió. En la tarde del lunes el vehículo fue localizado en el norte de Bogotá. El automóvil, blindado, de color gris, con vidrios polarizados, con placa OVH-551, no tenía pico y placa y podía circular libremente.
El vehículo fue inmovilizado en la calle 94 con carrera 21, en el barrio Chicó donde se había montado uno de los retenes. Solo entonces comenzaron las sorpresas. El carro oficial aparecía asignado al Congreso. Además, era conducido por Luis Javier Rojas Morera, hijo de la directora financiera del Senado, Magdalena Morera.
El joven conductor aparecía como asesor del congresista Alexander García, dirigente del Partido de la U y representante a la Cámara del Guaviare, en los Llanos Orientales. Todo encajaba con la información confidencial que recibieron agentes de la DEA.
La sorpresa
Tal como lo había anticipado el testigo oculto, todo parecía encajar. Aunque en menor cuantía, a la anunciada, parte del botín había sido localizado.
Durante la requisa, las autoridades encontraron el dinero escondido en dos maletas. En total encontraron 12.999 billetes de 50.000 pesos que sumaron, según el inventario final, 649,95 millones de pesos.
El conductor, al verse sorprendido intentó sobornar a los militares, como lo advirtió el informante. Primero les ofreció 50 millones de pesos, mientras realizaba una llamada de su celular, supuestamente para obtener los soportes del dinero que transportaba.
“Cuando notó que el carro iba a ser inmovilizado y él judicializado aumentó la cifra a cien millones”, declaró el capitán Hugo Germán Quintero Morales. Entonces lo reportó a la Fiscalía.
Los dueños
Según la Fiscalía, el dinero pertenecía a bandas criminales. La afirmación no fue apresurada y tenía soportes que mostró durante el juicio oral. El informante aseguró que el dinero pertenecía a Óscar Mauricio Pachón Rozo (‘Puntilla’), considerado como el sucesor del extraditado narcotraficante Daniel ‘El Loco Barrera’.
Esa información altamente sensible disparó las alertas de la agencia antimafia que le seguía los pasos a los restantes miembros del peligroso clan.
Pachón Rozo, jefe de ‘Los Puntilleros’ fue abatido el 4 de diciembre de 2018 en un enfrentamiento con la Policía en el sur de Medellín.
El ex jefe paramilitar Juan Jairo López Montero, (‘Katrina’), del bloque Meta fue capturado en otro carro blindado en Acacías (Meta). La captura se produjo el 19 de mayo de 2016 en otro vehículo –un Hyundai azul oscuro de placas BWS 165 que figuraba también a nombre del Senado. Este hecho reforzó el escándalo.
El otro escándalo
“El vehículo de placas OBH651 en el que se realizó la operación no hace parte de la flota del Congreso de la República desde 2014, cuando fue subastado”, respondió el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco.
“El vehículo hace parte de un lote de vehículos que en 2014 subastó el Congreso. La empresa que compró los vehículos y los ha ido vendiendo es la que debe responder”, aseguró el dirigente caucano.
De hecho, la empresa Nave Ltda era la encargada del remate de los vehículos. Sin embargo, nunca hizo los traspasos.
Lo que de demostró es que 69 vehículos del Senado, aparentemente rematados entre 2012 y 2014, no fueron traspasados por la empresa a sus nuevos propietarios, y continuaron circulando con placas y matriculas oficiales. Mientras se esclarecía el tema la señora Morera fue suspendida del cargo.
El 11 de abril de ese mismo año la Fiscalía abrió la investigación por las irregularidades en la subasta de vehículos del Senado de la República.
El congresista llanero, copartidario del dirigente político Luis Javier Rojas Alarcón, padre del detenido, negó que el carro estuviera asignado a su servicio.
“Desconozco las actividades que adelantaba el señor Rojas Morera por fuera de su horario laboral y mucho menos la procedencia del dinero”, anotó en un comunicado. Había sido vinculado como Unidad de Apoyo Legislativo (UTL) como asesor y no como conductor. Al enterarse de su detención también fue separado del cargo.
La otra cara
“Esos dineros son lícitos mi hijo estaba haciendo un favor. Lamentablemente cometió un error. Se va a demostrar que fue un error involuntario, un error que cometió por un favor que quiso hacer. Se demostrará que la noticia no es como la están diciendo”, declaró su madre Magdalena Morera en una entrevista radial.
“Se demostrará ante la justicia que el dinero que Luis Javier Rojas, es lícito, no es como están diciendo, que mi hijo es un criminal, que pertenece a unas bandas. Eso no es cierto”, recalcó en Caracol.
El testigo
La familia presentó como testigo a Juan Martin Lozano Sánchez, quien se presentó como el dueño del dinero encontrado en poder de Rojas Morera.
El testigo, de 67 años, quien se presentó como experto en finca raíz anunció que ese dinero era de su propiedad y tenía un origen lícito. Según su relato, el dinero provenía de dos negocios inmobiliarios realizados con la compañía Promotora La Florida, de donde obtuvo entre 350 y 370 millones de pesos, y el otro con la firma Coinverandes, de donde supuestamente obtuvo alrededor de 400 millones.
Lozano Sánchez aseguró entregó a Rojas Morera el dinero para que se lo guardara mientras se cambiaba de domicilio. Su versión resultó reforzada. Ni el Juez de conocimiento ni la Fiscalía le dieron credibilidad.
Por el contrario, la tesis de la Fiscalía cobró fuerza. El dinero, de dudoso origen, al parecer provenía de bandas criminales, como lo develó el informante y hacía parte de una operación de lavado de activos, como lo sostiene la Fiscalía.
No en vano, el juez Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá al anticipar el fallo condenatorio, lo encontró responsable de los delitos de lavado de activos y los delitos de lavado de activos y cohecho por dar u ofrecer al intentar sobornar a los militares que participaban en el operativo conjunto con la DEA y la Fiscalía.
En cambio, por petición del agente del Ministerio Público, lo absolvió del delito de enriquecimiento ilícito, imputado por la Fiscalía, al estimar que no se demostró que el dinero incautado fuera de su propiedad.
El juez fijó para el 4 de septiembre la lectura del fallo de primera instancia. Según expertos, el joven opita, podría ser condenado a una pena de prisión, por lo menos de diez años, que podrá apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá.
El 18 de agosto de 2016, el capitán Hugo Germán Quintero Morales, quien rechazó el soborno, recibió en el emblemático Salón Elíptico del Capitolio Nacional la Medalla Luis Carlos Galán Sarmiento, lucha contra la corrupción. La DEA y la agencia antimafia tienen su propia investigación sobre los hechos.