Mintic mantuvo la decisión de terminar el contrato con Centros Poblados, que buscaba llevar internet a las zonas más desconectadas. Según la entidad, el contratista incumplió sus obligaciones y habría presentado “garantías inexistentes”.
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) confirmó ayer la caducidad del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, que se había comprometido con el Gobierno a llevar internet a las zonas más desconectadas. La decisión se tomó luego de que el contratista solicitara revocar la caducidad declarada a mediados de julio, porque se detectaron garantías que serían supuestamente falsas y retrasos en las obras.
El Mintic no acogió los argumentos de Centros Poblados que consideraba ilegal la caducidad y alegaba que le habían violado el debido proceso. El ministerio defendió su actuación y ratificó que el contratista incumplió sus obligaciones. “No se evidencia violación del debido proceso y no da lugar a revocar la decisión”, aseguró la funcionaria de la entidad que adelantó la audiencia, que también resaltó la relevancia del contrato de centros digitales, pues se trata de la prestación de un servicio público para los colombianos.
“Hay ausencia de un garante, es decir, los documentos que soportan el contrato son inexistentes. Por lo que procede la caducidad. El Banco Itaú desconoce haber expedido las garantías y el contratista nunca allegó prueba ni siquiera sumaria contradiciendo lo dicho por el banco. Se incumple entonces la obligación de aportar garantía”, concluyó el Mintic en la audiencia de este viernes. Centros Poblados había argumentado también que la falta de garantía no era “grave” para dar paso a la caducidad o terminar el contrato, pero el Mintic consideró lo contrario.
Por su parte, la defensa de Centros Poblados anunció la interposición de recursos. Frente a las garantías que no han podido ser acreditadas, el abogado de la unión temporal, Jorge Pino Ricci, dijo que solo se tuvo en cuenta la versión del banco Itaú y que funcionarios de la entidad bancaria sí participaron en la expedición de las garantías.
¿En qué consiste el escándalo de Centros Poblados?
Un anticipo de $70.243 millones que terminó en una cuenta del City Bank en Delaware (Estados Unidos), en desarrollo de un fallido contrato para llevar conexión digital a una vasta región del territorio nacional, fue el detonante de este episodio. En el ojo del huracán se encuentra la ministra de telecomunicaciones Karen Abudinem, porque el anticipo fue autorizado a una unión temporal que era cuestionada desde el mismo momento en el que se ganó el contrato en diciembre de 2020.
En ese momento, ante varias propuestas de reconocidos operadores en el ámbito de la tecnología, en desarrollo del proyecto Centros Digitales para ampliar la cobertura de internet en el país, el Mintic otorgó un contrato por $1.07 billones a la Unión Temporal Centros Poblados, un conglomerado empresarial del entorno económico de Barranquilla que tenían más experiencia en temas de construcción y vías, que en temas de internet y telecomunicaciones.
Pese a las críticas, el contrato se adjudicó y durante los primeros meses de 2021, la unión temporal recibió un anticipo de un poco más de $70 mil millones. Ese desembolso terminó de empeorar las cosas porque el Ministerio evidenció que ya se estaba incumpliendo con el cronograma del contrato. Por eso, la cartera ministerial le pidió al banco Itaú que asistiera a una audiencia pues su nombre aparecía en las garantías bancarias que había presentado el contratista para cualquier problema o retraso. La sorpresa para todos fue que el banco les aseguró que nunca había expedido esos seguros y que no tenían nada que ver con el contrato.
El contratista ha insistido en que sí se las dio el banco, pues eso les aseguró una especie de intermediario que consiguieron para concretar esa garantía, crucial para ganar el contrato. Las autoridades están investigando si realmente son falsas o qué fue lo que pasó con esos seguros. Mientras eso se resuelve, la ministra Abudinem resolvió declarar la caducidad del contrato. Para ella, los contratistas son delincuentes pues falsificaron esos documentos.
La ministra ya fue requerida a debate de control político en el Congreso. Fiscalía, Procuraduría y Contraloría designan investigadores. El objetivo era conectar unos 1.500 colegios en Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle y Vichada. Ahora lo que predominan son interrogantes sobre un contrato billonario que tiene embolatada una plata con la que se podría consolidar un programa de alimentación.
Con información de El Espectador