Comisarios e inspectores de tránsito llamados a responder por los comparendos de infracciones de tránsito no recaudados. El presunto daño patrimonial asciende a la suma de 33.96 millones de pesos.
RICARDO AREIZA
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La Contraloría Departamental del Huila abrió formal investigación fiscal por la pérdida de recursos provenientes de los comparendos por infracciones de tránsito registradas en los últimos diez años en el municipio de Aipe.
El Jefe de la Oficina de Responsabilidad Fiscal, William Sánchez Hernández, anunció la apertura del proceso inicialmente contra los comisarios e inspectores, encargados del recaudo de las multas por infracciones.
La investigación cobija en principio a los comisarios de la Secretaría de Tránsito Héctor Repiso Ramírez, Diana Esperanza Díaz Barragán, Luz Ányela Dussán Castañeda y a los inspectores Dider Gustavo Ramírez Ríos y María Jimena Martín Charly, encargados del recaudo.
El presunto daño patrimonial asciende a la suma de 33.96 millones de pesos, valor correspondiente a los recursos dejados de recaudar por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito ocurridos en Aipe como consecuencia de vencimiento de términos (prescripción y caducidad).
El hallazgo fiscal fue remitido por el contralor delegado Julián Eduardo Polanía en una auditoría nacional al Sistema Integrado sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).
Según el funcionario entre 2003 y 2017 los municipios y departamentos del país dejaron de percibir alrededor de de 53.556 millones de pesos por anomalías en el cobro de los comparendos por infracciones de tránsito.
En la mayoría de los casos se presentaron por la declaratoria de prescripciones de resoluciones sancionatorias antes del término legal.
El organismo de control reportó que en ese periodo 410.790 comparendos no fueron cobrados por que ya había operado el fenómeno de la caducidad o por nulidades irregulares. El 80,81% también caducaron por prescripciones irregulares.
En el Huila, las irregularidades en el cobro fueron develadas en los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón, Palermo, Campoalegre y Aipe. En el Huila hubo 4.476 comparendos anulados o no cobrados, lo que configuraba un detrimento estimado en 1.831 millones de pesos.
Los hallazgos fueron remitidos a la Contraloría Departamental del Huila el 28 de enero de 2014.
La investigación
La Oficina de Participación Ciudadana asumió el estudio de la denuncia remitida por el organismo de control.
“Se evidenció que la Secretaría de Tránsito no adelantó las gestiones administrativas pertinentes para evitar el fenómeno de la prescripción”, indicó el organismo al justificar la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.
Durante esos años (2006-2013) se dejaron de recaudar por concepto de sanciones y multas por infracciones de tránsito. En consecuencia se produjo un daño patrimonial durante las vigencias fiscales citadas, por lo tanto se confirma el daño por parte de la Secretaría de Tránsito.
“Podríamos indicar la ocurrencia del elemento daño respecto municipio de Aipe frente a la prescripción por la acción o contravención de las normas de tránsito durante el lapso que se podía iniciar por parte de los organismos de tránsito el cobro coactivo de dichos comparendos no se hizo y si se hubiera hecho en su momento según las circunstancias especiales de cada caso se abre se habría podido interrumpir la prescripción contando tres años a partir de la ocurrencia del hecho con la presentación de la demanda”, acotó.
El juicio de responsabilidad fiscal en el marco de la actuación administrativa exige la demostración probatoria del dolo o culpa grave en la que incurrieron los funcionarios competentes en su actuación que como tal fue determinante para la acusación del presunto detrimento patrimonial.
“Se trata sin duda de afirmar la responsabilidad subjetiva de los gestores fiscales quienes están llamados a resarcir el daño en caso de serle imputado a título de dolo o culpa grave”, anotó el Jefe de Responsabilidad Fiscal.
“Es evidente que los dineros no se pudieron cobrar porque frente a ellos o pero el fenómeno jurídico de la caducidad situación que generó como ya se advirtió la omisión que se concretó el no haber podido suspenden la prescripción de las obligaciones tributarias cuestionadas”, dijo.
En su criterio, los directores de tránsito y funcionarios que tenían asignada dicha labor de la en la época contaban con las acciones pertinentes para impedir la configuración de la prescripción del recaudo por las infracciones de tránsito y no lo hicieron. Por tanto debe hacerse un análisis de la gestión realizada por los funcionarios para evaluar de esta forma la conducta y consecuente con ello la responsabilidad fiscal a que haya lugar.
Otros procesos
Sin embargo, esos procesos iniciados y fallados en otros municipios fueron archivados.
Los primeros fueron los directores del Instituto de Tránsito del Huila, Luis Iván Parra, José Hermides Quimbaya, Hernán Torres Peña, Luis Alfredo Gómez Clavijo y Edgar Manolo Torres. Los funcionarios demostraron que hicieron la gestión pero no hubo responsabilidad.
Luego se archivó otro proceso adelantado contra los antiguos directores técnicos de Tránsito de Pitalito.
En Pitalito se dejaron de recaudar 35.38 millones de pesos. De éstos 12,84 millones correspondían a prescripciones y 22,54 millones de pesos a caducidades. Aunque se probó la falta de recaudo los directores de tránsito fueron exentos, entre ellos Sandra Carolina Bermeo, Camilo Guzmán, María Eugenia Herrera Gutiérrez, Jorge Enrique Motta Carvajal, Oscar Marino Ordóñez y José María Sánchez Torres.
Casos recientes
Lo mismo sucedió en los municipios de Garzón y La Plata.
El Jefe de la Oficina de Responsabilidad Fiscal, William Sánchez Hernández, concluyó que los antiguos servidores públicos no tenían la competencia para el cobro por jurisdicción coactiva, no tenían la calidad de gestores fiscales y por lo tanto no se configuraba la culpa grave.
Por estos hechos fueron exonerados los ex secretarios de Tránsito de La Plata, Adriana Marcela Valencia Cardona, Deily Sofía Legarda González, Deyanira Sánchez Cabrera, Arnulfo Ibagón Trujillo y German Camilo Castañeda.
En Garzón, fueron vinculados en otro proceso de responsabilidad fiscal por las similares imputaciones los ex secretarios de Tránsito, Iván Vidarte Méndez y Carlos Fernando Castro Calderón.
En Garzón, según el expediente se dejaron de recaudar 11,34 millones de pesos de los cuales, 6,98 por caducidad y 5,48 millones de pesos por haber operado el fenómeno de la prescripción.
En La Plata, el posible daño patrimonial fue estimado en $31.126.699 que corresponde a caducidad y prescripción de comparendos por infracciones de tránsito durante las vigencias fiscales 2008 al 2013.
La cartera prescrita por concepto de multas de tránsito correspondiente no se ejecutar por haber transcurrido tres años de la acción para llevar a cabo el respectivo cobro a través de la Secretaría de Hacienda.
“Los secretarios de Tránsito de la época, no contaban con las funciones, ni acciones propias de cobro coactivo pertinentes para impedir la configuración de la prescripción del recaudo por las infracciones de tránsito”, argumentó el jefe de la Oficina de Responsabilidad Fiscal, William Sánchez Hernández.
De acuerdo con el análisis probatorio los investigados fiscales efectivamente realizaron las acciones legales pertinentes que dentro de su alcance para la recuperación y cobro de los comparendos por concepto de infracciones a las normas de tránsito, pese a no estar implícitamente señaladamente en el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera del municipio de La Plata, vigente para la época que permanecieron en sus cargos.
Por lo tanto, al no probarse la responsabilidad, la Contraloría dispuso el archivo de los procesos. En Aipe, con seguridad, aplicará la misma tesis.
