La Nación
EDITORIAL

Protesta amarilla

La protesta amarilla que paralizó sitios estratégicos de la capital huilense puso en el tapete la presencia de una problemática que sigue latente.

Los elevados niveles de informalidad en el transporte público, principal razón de la protesta, rebosó la copa.

Argumentando falta de controles para contener la proliferación del mototaxismo y otras prácticas no autorizadas, los pequeños transportadores bloquearon las vías, generando un verdadero caos. Sorprende que la protesta estaba anunciada con mucha anticipación y pese a los anuncios, no hubo esfuerzos institucionales para frenarla.

Pero se hizo afectando libertades públicas y derechos ciudadanos, ajenos a las disputas que libran con las propias autoridades.

De hecho, la proliferación de taxistas, el paulatino incremento de cupos, las altas tarifas y los abusos en la prestación del servicio, también hacen parte de la problemática del transporte público.

Y refleja un grave lunar para mejorar el equipamiento urbano y la sostenibilidad de la ciudad.
 
Y no sólo por el impacto en materia de competitividad. También por los altos riesgos, la baja calidad del servicio y las limitaciones en cobertura. Y repercute también en la calidad de vida y la elevada accidentalidad. Neiva no es la excepción en el desmedido aumento del mototaxismo, la piratería y el poco cubrimiento de rutas y frecuencias. Y se suman otros factores que afectan la transformación de la ciudad.

El grave deterioro de las vías, la desorganización y deficiente gestión del transporte constituyen claras desventajas. La grave informalidad y la naciente oposición que se viene incubando entre pequeños transportadores, ponen en riesgo, como en otras regiones del país, la sostenibilidad del Sistema Estratégico de Transporte, diseñado como un revolucionario componente y un formidable atributo para resolver los problemas de movilidad que se vienen acrecentando en una ciudad en desarrollo.

Si sólo el mototaxismo moviliza 70.000 pasajeros diarios, como lo estiman los transportadores formales, el Sept nacerá agónico.

El transporte más que una actividad económica es un servicio público esencial. Por mandato constitucional implica en primer lugar la prelación del interés general sobre el particular. Esto significa que el transporte como un servicio público esencial no se limita a la regularidad y continuidad. También la calidad del servicio.

Mientras persista la informalidad como viene ocurriendo en Neiva y en muchas regiones del país, las posibilidades de implementar sistemas de transporte estratégico seguirán en la cuerda floja.

Hay que transformar el transporte público en una alternativa válida mediante nuevas modalidades de servicios, más flexibles, rápidos, seguros y costeables. Es urgente priorizar el transporte público como opción para la movilidad.

Si no entendemos esta dimensión, seguiremos rezagados, en medio de las protestas y la pésima calidad de un servicio público esencial.

“Los elevados niveles de informalidad en el transporte público, principal razón de la protesta, rebosó la copa”.

Editorialito

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, volvió a sorprender ante dirigentes del sector, como ocurrió con campesinos en La Plata y luego con ganaderos uribistas. Ayer se ganó también los aplausos de los cafeteros. Otra forma pragmática y realista para conducir el diálogo social.