Sergio Felipe Salamanca Borrero
Si bien el concepto de trabajo y de salario existen desde los albores de la humanidad, los conceptos relacionados con la seguridad social, son muy recientes y existen gracias a más de un siglo de continuas y fuertes luchas de la clase trabajadora. Como siempre lo he manifestado en mis columnas, una de las características más importantes del derecho es que este evoluciona al ritmo de la sociedad en la que este aplica, generando en la mayoría de los casos, la necesidad de actualizar las leyes escritas y fomentar la creación de nuevas y valiosas líneas jurisprudenciales. En esta oportunidad voy a hablar de un caso del día a día, que a simple vista no puede parecer muy valioso para el Derecho, y mucho menos para la Seguridad Social.
El caso en comento es sobre la decisión de la empresa Domicilos.com de empezar a colaborar a sus repartidores con el pago de la seguridad social. Desde el punto de vista contractual, este tipo de empresas que se dedican a gestionar la entrega de productos a domicilio, recurren normalmente al contrato de prestación de servicio, debido a que en principio, no se configuran los elementos necesarios para hablar de un contrato laboral: prestación personal del servicio, remuneración y subordinación. La principal consecuencia del contrato de prestación de servicios, es que el vínculo jurídico entre contratante y contratado queda cobijado por la legislación comercial y civil, alejándose del espectro de protección de la legislación laboral, lo cual implica que el pago por concepto de seguridad social debe ser asumido por el contratista.
En mi opinión, la decisión de domicilios.com de asumir el pago de la ARL de sus repartidores es muy valiosa por dos razones. Primero, porque sienta un valioso precedente para las demás plataformas para que adopten medidas similares que mejoren las condiciones de sus contratistas repartidores, que en últimas, son la verdadera razón detrás de su éxito. Segundo, estimo que este tipo de medidas fomentan el desarrollo de nuevas facetas del Derecho respecto de las plataformas digitales, que complementan otros avances como la reciente creación del primer sindicato de este tipo de plataformas.