La Nación
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Violaciones y encrucijadas

Cólicos sociales han generado dos hechos asonantes para los violadores y nada ejemplarizantes. El primero suceso ante la ruptura del silencio de una joven huilense de 21 años que presuntamente fue accedida carnalmente cuatro meses atrás por un supuesto “empresario de Tarqui”, historia que fue dada a conocer por el Diario La Nación en el escrito “Abusada y abandonada en un hotel de Pitalito”. Esta narración desgarradora, relata cómo una mujer fue drogada, violada y luego dejada en un motel del sector, sin que hasta el momento las autoridades obtengan un resultado concreto. Más allá de las secuelas físicas y sicológicas que pueda generar una violación, que se puede decir ante lo engorroso que resulta tener que declarar frente a frente en contra su abusador, genera escalofrió y repudio social.

Similar el rechazo generó el fallo de la Corte Constitucional en la Sentencia T-718 de 2015, en la que confirma una decisión de la Corte Suprema que amparó los derechos de un recluso que violó a un menor de 14 años de edad, argumentando el Tribunal Constitucional que se podía rebajar la pena al sentenciado por trabajo y estudio, porque según el Estado social de derecho fundado en la dignidad humana, la redención de pena guarda relación con la resocialización del infractor.

Aquí la Constitución se leyó al revés y se interpretó sesgadamente, lejos de aquellas posturas garantes de aquella “Corte de oro” de la época de los 90´s. Ahora las elucubraciones jurídicas de este Tribunal distan de atemperarse con la realidad social del país, en donde según la Fiscalía General de la Nación 122 niños son víctimas de abusos sexuales cada día en Colombia, por lo que discrepo vehementemente que los derechos de los reclusos estén por encima de los derechos de los menores, pensándose que es posible la resocialización del violador, cuando científicamente está demostrado que su reincidencia es altamente probable, generando una encrucijada legislativa en endurecer las penas mediante iniciativas de cadena perpetua vs la postura garantista del guardián de la Constitución en su activismo judicial ante futuros “Garavitos”. ¡Juzguen ustedes!