Las órdenes perentorias para dotar de una infraestructura adecuada en el municipio de La Plata, no se han cumplido con la celeridad y en los tiempos establecidos por el Consejo de Estado. ¿Persiste el desacato?
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
Después de 14 años de haberse reportado los graves problemas de contaminación en los acueductos rurales en el municipio de La Plata, las soluciones ordenadas por un fallo judicial no se han sido tan rápidas como se dispuso.
Según la orden judicial, las autoridades locales y regionales tenían un plazo de tres años para asegurar el suministro de agua potable a las comunidades campesinas. Sin embargo, pese a los avances, la problemática sigue latente.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reiteró que en los centros poblados el agua no es viable para consumo humano, lo que podría traducirse en un desacato a la orden judicial.
El magistrado Enrique Dussán Cabrera, realizará una nueva audiencia de verificación de las órdenes proferidas por el Consejo de Estado para determinar el grado de avance, las dificultades, las alternativas que se vienen ejecutando para determinar si existe o no un posible desacato.
La diligencia judicial se surtirá de nuevo el próximo miércoles, en el trámite de un incidente de desacato.
Verificación
A la audiencia fueron convocados los representantes legales de las Empresas Públicas de La Plata, la alcaldía, planeación, Aguas del Huila, así como los presidentes de las juntas administradoras de acueducto, juntas de acción comunal, juntas comunales y acueductos que prestan servicio de agua para consumo humano del municipio de la Plata Huila.
El comité de verificación está conformado además del magistrado ponente, Enrique Dussán Cabrera, el Procurador ambiental y Agrario, el Personero de La Plata, el alcalde de La Plata, un representante del Gobernación del Huila y uno de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Alto riesgo
El Consejo de Estado, ordenó en febrero de 2018 el suministro de agua potable para las zonas campesinas. La medida con carácter perentorio fue impartida en principio para las 130 veredas del municipio de La Plata (Huila), en alto riesgo por la baja calidad del agua destinada al consumo doméstico.
La consejera María Elizabeth García González consideró que este servicio público vital debe garantizarse tanto en las zonas urbanas como rurales y dispuso unos plazos precisos para mejorar la prestación de este servicio.
Según el reporte oficial, la empresa de servicios públicos de La Plata (Emserpla) atiende a 57.381 familias, pero que la calidad del agua suministrada no cumplía en esa época con las normas de calidad y por lo tanto, ponía en alto riesgo la salud de los usuarios del servicio público de acueducto.
Aunque el tema urbano fue superado, en la zona rural, el fenómeno sigue siendo crítico, según informe de la Secretaría de Salud del Huila.
La alerta fue comunicada el 30 de agosto de 2017, lo que originó una acción popular instaurada en su momento por el procurador Agrario y Ambiental, Diego Vivas Tafur (ya retirado).
Baja calidad
Según un reporte de la Secretaría de Salud del Huila estaría en riesgo alto las comunidades que se abastecen del el acueducto rural de Bajo Patico, la vereda La Azufrada, Agua Bonita Palestina y el resguardo indígena Nueva Esperanza. Igualmente están en alto riesgo los acueductos de las veredas La Muralla, Bajo Rico, Chilicambe, La Azufrada, Las Brisas y el acueducto de la vereda Potrerito.
La Secretaría de Salud consideró que son inviables sanitariamente los acueductos rurales de Alto Patico, San Mateo, Bajo Retiro, Los Ángeles y San Francisco. Además, resultaron inviables según los análisis de calidad los acueductos regionales La Palma-Los Laureles-Villa Colombia y Limón- Villa de Leiva.
Soportado en este alarmante reporte, el Tribunal Administrativo del Huila, ordenó el 14 de febrero de 2014, las primeras medidas para conjurar los niveles de contaminación microbiológica del precioso líquido.
Las medidas
El Consejo de Estado ordenó a la Alcaldía de La Plata y a la Gobernación del Huila acciones inmediatas para remediar el fenómeno, reiterando que los dos entes territoriales han venido violando los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas.
Las medidas fueron ordenadas considerando que las autoridades locales y regionales han negado sistemáticamente a estas comunidades el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y el de los consumidores y usuarios, especialmente de la zona rural que consume agua contaminada.
La orden judicial
Las dos entidades (Alcaldía y Gobernación) debían presentar un plan de acción para garantizar el suministro de agua potable a las zonas rurales, en un plazo de cinco meses.
El plan debe contener un cronograma de actividades para que las zonas campesinas tengan garantizado el servicio de agua potable.
El plan debe visualizar las actividades a desarrollar, los responsables, los costos estimados, manera de financiación y ejecución y la época (año) en que de manera definitiva se garantice el cumplimiento del suministro de agua apta para el consumo humano en dicha zona.
La ejecución del plan no debe ser superior a tres años, salvo que circunstancias especiales (bebidamente soportadas) indique que debe ser extenderse.
Los avances
Un reporte de la Alcaldía el servicio urbano es óptimo. Los resultados del análisis de muestras de la Secretaria de Salud son favorables en términos de calidad. No obstante, en el municipio opera ilegalmente un acueducto adicional en el barrio San Rafael que registra problemas desde hace muchos años en la parte alta”.
Un informe fechado el 28 de enero de 2018, confirmó que el agua en la zona urbana no registra riesgo y por lo tanto es apta para consumo humano desde el punto de vista microbiológico. Sin embargo, los avances en la zona rural han sido más lentos.
La construcción de plantas de tratamiento en toda la zona rural puede demorar más tiempo.
En ejecución
Durante la anterior administración se logró la aprobación de un acueducto regional de Santa Marta con una inversión de cinco mil millones de pesos que beneficiará a trece veredas.
La actual administración anunció que se avanza en la construcción de un acueducto regional en convenio con el Ministerio de Vivienda, adicionado en noviembre de 2021 para facilitar el acceso a nuevos usuarios. El avance es del 90 por ciento. Y construcción planta de tratamiento y redes de alcantarillado sanitario en San Vicente inició en noviembre de 2021 valor 242 millones de pesos. Planta de potabilización de agua por filtración directa para la vereda Cabuyal y en otros sectores.
Adicionalmente, la Secretaría de Salud anunció que se viene trabajando para la implementación de un sistema de tratamiento de agua a nivel domiciliario y almacenamiento seguro (Tandas) que puede ser también otra alternativa.
Según Aguas del Huila en el caso de la Plata, el tema está superado por lo menos en el sector urbano. El índice de calidad de agua es favorable. Para el sector rural en cambio registra niveles de riesgo.
“Estamos muy lejos de cumplir los objetivos del Milenio. El gran reto para seguir viabilizando estos proyectos requiere del esfuerzo de municipios, departamento y del Gobierno Nacional”, afirmó el ex gerente de la entidad German Rodríguez.
Por las acciones anticipadas por las partes, en principio, hay interés en el cumplimiento de la sentencia, pero no se logra aún una sistematización adecuada para el cumplimiento, según el magistrado.
“El gran propósito es que las personas de la zona rural consuman agua potable. Los tandas facilitarían seguramente ese hecho”, afirmó.
Sin embargo, las partes y comunidades debatirán el próximo miércoles los avances y dificultades en la implementación de las medidas para asegurar agua potable a las comunidades campesinas de La Plata.
La calidad del agua
Según el magistrado Enrique Dussán Cabrera, durante el trámite de la acción popular, quedó ampliamente demostrado que si bien en el 2010 existía riesgo en la calidad del agua que suministraba la Empresa de Servicios Públicos de La Plata Huila (Emserpla) para los años 2011, 2012 y 2013 los resultados de las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas realizadas por la Secretaría de Salud del Huila y el Instituto Nacional de Salud arrojaron que no existe riesgo en la calidad del agua y que es apta para el consumo humano.
Sin embargo, en la zona rural es alarmante. El servicio de acueducto lo prestan asociaciones como juntas administradoras de agua, juntas de acción comunal o juntas de acueducto, sin que estén debidamente registradas y sin las garantías de potabilidad.
Según los análisis de la calidad de agua para consumo humano, todos los sistemas presentan alto riesgo y varios son inviables.
“Su actividad pone en riesgo la salud de las personas que reciben el servicio y como tal les corresponde a las entidades sanitarias, ejercer sus funciones y competencias para garantizar un mejoramiento en la calidad del agua con el fin que sea apta para el consumo humano de los habitantes de las veredas de La Plata”, afirmó el magistrado Dussán Cabrera, quien presidirá la audiencia de verificación.
“En este orden de ideas- agregó- el servicio de acueducto o agua potable hace parte de ese abanico de servicios públicos que debe ser suministrado con calidad y eficiencia, bien directamente el Estado o por particulares. “El agua potable constituye un derecho fundamental que hace parte del núcleo esencial del derecho a la vida en condiciones dignas cuando está destinada al consumo humano”.
“En consecuencia-recalcó- le corresponde al Estado a través de diferentes autoridades ejercer control y vigilancia sobre la prestación que del servicio de agua potable hagan tanto las empresas de servicios públicos como las personas privadas naturales o jurídicas, pues su incumplimiento pone en riesgo la vida, en este caso de los habitantes de las veredas de La Plata (Huila).