La Nación
INVESTIGACIÓN

Ex alcalde  enredado por fallas en colegio San José de Oporapa

Ex alcalde  enredado por fallas en colegio San José de Oporapa 1 6 agosto, 2020

La Procuraduría  abrió un nuevo proceso disciplinario por la frustrada ampliación de la institución de bachillerato San José. En este caso responderá el ex alcalde Yamit Sterling y el primer interventor,  Alex Alberto Calvache.

 

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

 

La fallida remodelación  del colegio  de bachillerato San José de Oporapa originó un nuevo proceso disciplinario, esta vez por parte de la Procuraduría.

En otro proceso de carácter fiscal, la Contraloría General de la República les imputó responsabilidad a los dos alcaldes presuntamente involucrados, a los dos interventores y a la cuestionada Fundación Edificar de Colombia (Funecol), encargada de la construcción del proyecto.

Según el cronograma  original la ampliación de la sede educativa debía entregarse en funcionamiento en junio de 2012. Pero se quedó en las obras iniciales, que deben demolerse por el avanzado deterioro.

El proyecto contemplaba la construcción de 14 aulas, dos baterías de baño, un aula polivalente y un restaurante escolar en un  área a construir de 3.264 metros cuadrados. Hoy es un elefante blanco.

El avance de la obra, según el Departamento Nacional de Planeación fue apenas del 28.65% y lo poco que se ejecutó  son  irrelevantes, no son funcionales y se encuentra en total abandono.

La procuradora provincial de Garzón le formuló cargos al ex alcalde Yamit Sterling Sánchez, actualmente detenido por otras irregularidades adelantadas durante su gobierno.

También vinculó al proceso disciplinario  al primer interventor, Alex Alberto Calvache Mena, quien pasó de agache, pese a las graves inconsistencias.

Las  conductas fueron calificadas en principio como faltas graves a título de culpa gravísima, lo que le podrá generar una sanción de destitución.

 

Frustrada ampliación

La institución fue fundada  en 1971  con el nombre de Colegio Municipal “Mercedes Fernández de Ortiz” (Decreto No. 010 del 22 de febrero de 1971).

La institución no pudo sostenerse. A partir de marzo de 1973  se transformó en Colegio Cooperativo “San José”  especializado en educación básica secundaria.

Desde era una prioridad. La obra fue proyectada desde el 2011, se logró la financiación  por el alcalde Jaime Calderón Losada. Sin embargo, le correspondía ejecutarla a su sucesor, Yamit Sterling, en cuyas manos naufragó.  Pablo John Trujillo,  quien intentó salvarlo, no pudo.

En su administración se produjo el cierre unilateral del convenio de financiación, se ordenó la liquidación y la devolución del anticipo por incumplimiento.

La entonces directora Nacional de Regalías, Amparo García Montaña, le suspendió  la fuente de financiación y lo dejó herido de muerte.

Ex alcalde  enredado por fallas en colegio San José de Oporapa 2 6 agosto, 2020
La ampliación del colegio quedó en obra negra con un avance del 28%.

A la carrera

El proyecto fue gestionado a la carrera por el ex alcalde Jaime Calderón Losada, una semana antes de terminar su mandato. Tenía  un costo estimado de 2.188 millones de pesos. De éstos 2.100 millones los aportaba el Fondo Nacional de Regalías (FNR) y 50 millones le correspondían a la Alcaldía como contrapartida. El Fondo giró los primeros 630,20 millones de pesos, correspondiente al 30% del valor total, como anticipo.

Las graves inconsistencias técnicas y financieras del diseño, terminaron ahogado  la iniciativa para beneficiar a unos 600 estudiantes de secundaria.

La ampliación del colegio quedó en obra negra con un avance del 28%. La construcción fue suspendida desde el 30 de agosto de 2014.

Fallas de fondo

En los estudios previos  aparecían obras que no fueron previstas en el contrato, se contempló una menor cantidad de obras y los planos presentaban serias inconsistencias.

El proyecto no tenía estudio de suelos y presentaba fallas estructurales, advertidas desde el inicio,  que impidieron  la terminación.

Las deficiencias estructurales originaron múltiples retrasos en la ejecución del cronograma y finalmente provocaron la suspensión de las obras.

A juicio de los supervisores, existió  una inadecuada planeación,  que impactó negativamente todo el proyecto que registró  un avance del 36% de acuerdo con la última evaluación realizada  por la Contraloría.

En este avance aparecen dos módulos, uno de ellos, a nivel de cimentación y elevación de columnas. El otro módulo está compuesto por dos niveles, en el primero con cuatro aulas casi terminadas, actualmente convertidas en bodegas con inservibles.

El segundo nivel no tiene cubierta, ni divisiones de mampostería, a la intemperie lo que ha ocasionado daños en la parte construida por efectos de la humedad.

 

Polémico convenio

El convenio de asociación fue adjudicado a dedo Fundación privada Edificar de Colombia (Funecol),  en un proceso exprés  a través de una convocatoria pública que se inició el 22 de diciembre y terminó con la adjudicación el 28 de diciembre de 2011  tres días antes de terminar el mandato.

El proyecto fue tramitado en dos días. La aprobación por parte del Fondo Nacional de Regalías  fue el 14 de diciembre de 2011 y el 16 de diciembre ya estaban elaborados los estudios de conveniencia, sin ningún rigor técnico, con enormes falencias que repercutieron en su fallida ejecución.

Los pliegos de condiciones se realizaron  el 22 de diciembre de 2011. La invitación pública se abrió en la misma fecha estableciendo para la presentación de propuestas concluyendo como era lo esperado, con un solo proponente. La propuesta fue presentada a las 11:30 a.m. y a las 5:10 p.m. ya había sido aprobada, a la carrera por el comité evaluador.

La obra tenía  un plazo de seis meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

La fundación contratista, con sede en Floridablanca (Santander) recibió el anticipo conociendo de antemano que había cláusulas pactadas que no podía cumplir.  Ni siquiera aportó la dotación que anunció para quedarse con el contrato.

 

Sin aval y sin recursos

A pesar de las dificultades iniciales, el proyecto pudo salvarse, solo que debía ajustarse, según la instrucciones del Departamento Nacional de Planeación. Pero no se atendieron.

Con los nuevos plazos, la ampliación de la sede educativa debía terminarse a más tardar el 31 de marzo de 2017.

El proyecto debía ser objeto de un nuevo ajuste administrativo y financiero para salvar los recursos y de esta manera pudiera aplicar a las normas contempladas en el Sistema General de Regalías.

Ante el incumplimiento, la directora nacional de Regalías Amparo García Montaña ordenó el cierre unilateral del proyecto, le quitó la fuente de financiación, suspendió los giros pendientes y como castigo condenó a  la administración local a reintegrar los recursos desembolsados.

En consecuencia, la sede educativa se quedó sin el aval financiero y el Fondo de Regalías (ya liquidado) no pudo girar el saldo de los recursos pendientes de desembolso (1.470 millones de pesos).  Adicionalmente, le ordenó que el municipio, como entidad ejecutora, la devolución de los  630,20 millones de pesos que recibió como anticipo, incluyendo los intereses y rendimientos financieros.

Ex alcalde  enredado por fallas en colegio San José de Oporapa 3 6 agosto, 2020
Proyecto de remodelación del colegio San José

Juicio fiscal

Por este mismo caso, la Contraloría General de la República le imputó responsabilidad a dos alcaldes, al contratista y a los dos interventores.

Por este hecho responde ante la Contraloría  Jaime Calderón Losada, en su calidad de alcalde de Oporapa (2008-2011) quien formuló el proyecto de ampliación con enormes deficiencias  y adelantó el proceso de adjudicación del convenio 014 de 2011, punto de partida para la terminación de la obra.

Según el organismo de control,  Calderón Losada, adelantó todo el proceso de adjudicación del convenio de asociación 014 del 28 de diciembre de 2011, en nueve  días hábiles, que fue muy apresurado y evitó que no existiera pluralidad de ofertas, que otros participantes pudieran estudiar el proyecto, acompañar al municipio determinando existencia de posibles falencias del mismo, blindando el proceso contractual lo que lógicamente conllevaba a que se cumpliera el fin social pretendido”, concluyó la Contraloría.

Su sucesor, Yamit Sterling Sánchez, actualmente detenido por otros casos de indebida contratación, responde fiscalmente,  porque no realizó acciones concretas para hacer las correcciones pertinentes y ajustar el proyecto de acuerdo con los requerimientos del Fondo Nacional de Regalías, lo que en últimas generó la liquidación unilateral y la suspensión de los giros.

Por este hecho, la Procuraduría Provincial de Garzón  le formuló cargos.  Como alcalde y como ejecutor del proyecto tenía la custodia y responsabilidad de la inversión de los recursos de regalías que le fueran asignados al municipio de Oporapa y no lo hizo.

Además, era el único competente para tomar las medidas para asegurar la continuidad del proyecto o en su defecto, aplicar las clausulas excepcionales pactadas para dar por terminado unilateralmente el contrato.

En su caso,  omitió este deber legal permitiendo que la obra quedara inconclusa y sin cumplir el fin social que se pretendía satisfacer”.

El primer interventor, Alex Alberto Calvache Mena, debe responder fiscal y disciplinariamente por la pérdida de los recursos públicos. El contratista, encargado de velar por la pulcritud de los recursos y la ejecución de las obras, avaló un porcentaje de avance de obra que no estaba acorde con la realidad, además autorizó modificaciones y creación de ítems de obra sin contar con el visto bueno de la administración municipal, incumpliendo su deber legal y contractual”.

 

Otros responsables

En el proceso de responsabilidad fiscal, también responde  la Fundación Edificar de Colombia (Funecol), representada por Javier Alberto Sánchez Díaz, encargado de la ejecución de la obra.

También responde ante la Contraloría, el segundo interventor Cesar Mauricio Figueroa Parra

“Con su omisión ayudó que el proyecto no se ejecutara, perjudicando a la comunidad estudiantil. Es inexplicable e injustificable que no actuara conforme a su deber y encontrara métodos de comunicación para dar viabilidad a una solución en que las partes concordaran, y alcanzar el porcentaje que se necesitaba para lograr el segundo desembolso de regalías y con ello la satisfacción de la necesidad planteada por la administración municipal de Oporapa”, precisó el organismo de control.

“Alex Calvache y Cesar Mauricio Figueroa, actuaron a título de culpa grave, puesto que la inobservancia de su deber contribuyó a que la obra no se ejecutara y se perdieran los recursos invertidos para dar solución a la necesidad de la comunidad estudiantil, generando el daño patrimonial calculado en cuantía de  630,20 millones de pesos por el cual deberán responder de manera solidaria”, concluyó la CGR.

Adicionalmente, la interventoría permitió la ejecución de obras distintas a las aprobadas, modificando las condiciones técnicas y financieras del proyecto. Los cambios no fueron validados por la entidad contratante lo que generó la inconformidad del alcalde Yamit Sterling.

Con el visto bueno de la interventoría, el contratista ejecutó obras adicionales no autorizadas por la Dirección Nacional de Regalías. Estas obras además registraban serias deficiencias constructivas que terminaron impactando el proyecto.