RICARDO AREIZA
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La Contraloría General de la República abrió formalmente el juicio de responsabilidad fiscal por el fracasado sendero de interpretación arqueológica, como un atractivo turístico y
antesala al parque arqueológico, declarado patrimonio histórico y Cultural de la Humanidad. La iniciativa fue concebida en el 2012 como uno de los regalos por la celebración de los 200 años de iniciadas la investigaciones científicas en el parque arqueológico, declarado patrimonio histórico y cultura de la humanidad. La primera etapa costaba 4.726 millones de pesos. Los recursos provenientes de regalías petroleras fueron
gestionados por el gobernador de la época, Carlos Mauricio
Iriarte. Sin embargo, lo que se planeó como un atractivo turístico, terminó convertido en otra frustración. El detrimento patrimonial fue cuantificado en 1.799 millones de pesos (sin indexar) que corresponden al giro del anticipo a la empresa contratista Fundecol.
Las irregularidades fueron reportadas el 22 de junio de 2018. El 3 de enero de 2019, la Contraloría ordenó la apertura de la indagación preliminar.
El sendero contemplaba una zona peatonal, con cicloruta y andenes adoquinados para conectar al casco urbano de San Agustín con el Parque Arqueológico. No obstante, los recursos se desviaron para otras actividades, lo que generó el daño patrimonial que hoy la Contraloría busca resarcir. “En este caso se configura un daño cierto que impidió la ejecución del proyecto”, reseñó la Contralora Delegada. En su criterio, “las debilidades del proyecto se originan, desde la planeación misma y durante la ejecución de la obra al probarse que no se construyó un sendero arqueológico como obra destinada al sector turismo, sino unos andenes, además de construcción defectuosa, como consta en el
informe técnico presentado por el ingeniero Wosbaldo Ayala López.
A responder
“El daño en el presente caso se constituye por el manejo ineficiente de los recursos del contrato de obra 0984 de 2015”, confirmó la contralora Delegada Intersectorial Yenny
Andrea Quintero Herrera. La funcionaria, adscrita a la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, vinculó inicialmente al ex gobernador Carlos Mauricio Iriarte y a su jefe de contratación, Camilo Guzmán.
Además, vinculó a los miembros de la Fundación por el Desarrollo de Colombia (Fundecol) quienes recibieron el anticipo del contrato. Entre ellos deberán responder Diana Paola Cedeño Chicaiza, Julián E. Pinzón Gaitán y Óscar Fernando Beltrán Aldana.
Igualmente vinculó a los miembro del Consorcio Interventoría 2015 Carlos Arturo Quiza Camacho y Tatiana Pérez Guzmán y en calidad de terceros civilmente responsables a la compañía de seguros La Previsora. El organismo fiscalizador evidenció una deficiente
planeación en los estudios técnicos y por lo tanto la inviabilidad técnica. Además un deficiente seguimiento de la obra por parte de la Interventoría
Polémico contrato
El proyecto se definió en el 2012 y se inició durante la administración del gobernador Carlos Mauricio Iriarte. Esa era una de sus promesas.
El contrato de obra pública No 0984 fue firmado el 29 de septiembre de 2015 entre la Gobernación del Huila y la Fundación por el Desarrollo de Colombia (Fundecol) El proyecto tenía un costo de 4.497 millones de pesos La interventoría se contrató el 14 de octubre de 2015 con el Consorcio Interventoría 2015 por valor de 225 millones de pesos.
La fecha de inicio fue fijada a partir del 22 de octubre de 2015 con un plazo de ejecución de seis meses. El proyecto contemplaba la construcción de 1.584 metros lineales de sendero peatonal en la zona urbana de San Agustín, incluyendo ciclo ruta y andenes adoquinados en la ruta hacia el parque arqueológico. Según los estudios y diseños, realizados por la Alcaldía de San Agustín, la obra se convertiría en un corredor cultural que atravesaría el municipio hasta al parque arqueológico, como otro atractivo turístico. Pero otra fue la realidad.
Desviación
La obra no se realizó como fue contratada. Sólo se construyeron andenes adyacentes a las viviendas de una longitud aproximada de 352.31 metros lineales. “En general la obra se considera inconclusa puesto que adolece del sistema de iluminación público, cajas de inspección sin tapa, convirtiéndose inclusive en un peligro para los moradores del parque, además de que no se desarrolló la temática del objeto del contrato que era construir un sendero arqueológico”, reportó el ingeniero Ayala López.
“El proyecto no se cumplió, solamente se construyeron andenes distintos al objeto del contrato, que además presentan deficiencias en el diseño, la calidad, y cuya construcción deficiente pone en peligro a los peatones”, precisó.
“Hubo falta de planeación ya que no se construyó el sendero arqueológico de 1.583 metros lineales que representaba el objeto del contrato de obra 0984 de 2015, ya que en cambio se realizaron inversiones en tres parques y un andén, representando una clara y evidente desviación del objeto contractual”, explicó la contralora Delegada.
Sin permisos
El proyecto no contaba con los permisos de intervención temporal por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ni de la empresa Aliadas para el Progreso, responsable de la concesión de esa vía nacional en el trayecto urbano. El plazo inicial de seis meses ampliado luego a 28 meses se agotaron y la obra nunca pudo arrancar como estaba diseñada.
Según el secretario de Vías, Henry Lizcano, el Invías inicialmente otorgó los permisos, pero los dejaron vencer. Cuando volvieron a tramitarlos ni la ANI y Aliadas otorgaron los permisos, lo que abortó el proyecto.
Ante la imposibilidad de ejecutarlo, los recursos se invirtieron en la recuperación de los parques como compensación, lo que constituyó una clara desviación de los
recursos.
En compensación el anticipo se ejecutó en la reparación de los parques, también en medio de graves deficiencias. Las obras se iniciaron sin contar con los permisos necesarios. Además, presentaban falencias técnicas y los terminados eran baja calidad.
Dos informes reportaban la misma situación. Uno realizado por la auditoría del Departamento Nacional de Planeación en diciembre de 2017. Otro realizado en febrero de 2018 por un equipo auditor de la Contraloría General de la República.
Ambos coincidían en las deficiencias de las obras que se estaban ejecutado. “En la plaza Cívica, se observaron fisuras en los peldaños, adoquines y losetas desniveladas, juntas irregulares, vegetación en las juntas de las losetas, escombros y no existe una debida señalización; las jardineras y actividades conexas en éstos sitios se encuentran sin acabado, evidenciando abandono de las obras” señaló el informe.
“En el parque Simón Bolívar hay adoquines y losetas desniveladas, juntas irregulares, los andenes están sin remates y terminados, generando problemas de movilidad, existen discontinuidades en los accesos peatonales y el andén del parque sobre la calle tercera termina en cuneta, hecho que dificulta la movilidad, existe mal manejo de los escombros, los remates con las calles conexas no se han finalizado y debido a la falta de iluminación en el parque, éste se está prestando para el consumo de drogas”, concluyó el documento. En general,-dijo- las obras ejecutadas hasta febrero de 2018, presentaban terminados de baja calidad.
El fracaso
El organismo fiscalizador precisó que la inversión efectuada por la Gobernación del Huila para el desarrollo del citado proyecto no generó ninguna clase de beneficio turístico como motor de desarrollo regional cuantificable. Tampoco cumplió los objetivos propuestos para la aprobación del proyecto no se materializaron. “La contratación efectuada no ha logrado el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, razón por la cual se establece un
daño al patrimonio público determinado en el valor del anticipo pagado”.
El naufragio del proyecto fue provocado por deficiencias en la planeación, inadecuado seguimiento y falta de control. No se contó con un estudio técnico apto en donde se identificarán factores determinantes como la idoneidad, integralidad y viabilidad.
La desviación
Según el documento conocido por LA NACIÓN el gobierno seccional no le exigió a la Fundación por el Desarrollo de Colombia la ejecución de las actividades pactadas con apego
a las cláusulas del contrato. Tampoco se pronunciaron sobre la mala calidad de las obras.
“Las graves deficiencias generó un deterioro progresivo y continuo de las obras construidas y una responsabilidad fiscal, por el uso ineficiente de los recursos públicos invertidos en el proyecto”, precisó.
La Contraloría estimó que los recursos del anticipo fueron utilizados para ejecutar actividades no previstas en las áreas intervenidas, tales como pavimento articulado del parque Simón Bolívar, canales de aguas lluvia en el parque San Martín, obras adicionales en el tema de materas y arborización, actividades no previstas.
En total fueron 30 actividades nuevas que no fueron debidamente aprobadas por el Ocad y que se ejecutaron para compensar en obras los recursos que se giraron del anticipo.
En estas circunstancias se configuró un daño cierto y no futuro. A pesar de las explicaciones que aportó la Gobernación, estimó que se registró como observación con una posible incidencia fiscal y disciplinaria.
En estas condiciones, los servidores públicos y los particulares, señalados como presuntos responsables fiscales, tendrán que cargar con las consecuencias que se derivan por
sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que realizaron, y que están obligados a reparar el daño causado al patrimonio público por su conducta dolosa o gravemente
culposa.