Ex militares pagarán de su bolsillo condena por falso positivo

Acusados de haber ultimado a sangre fría a un cafetero en Gigante (Huila), ocho ex soldados profesionales, ya condenados, tendrán que devolverle al Ejército, los dineros que pagó por la muerte de José Néstor Rivera en un claro montaje.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

Confirmado. Ocho soldados profesionales del Batallón Pigoanza, condenados por un falso positivo perpetrado el 17 de marzo de 2006, hace 16 años en Gigante (Huila) podrán ser obligados a devolver al Estado por lo menos 2.645 millones de pesos que le costó la indemnización a las víctimas.

La acción de repetición fue instaurada por el Ministerio de la Defensa y por el Ejército Nacional por la muerte del caficultor José Néstor Rivera Gutiérrez en un falso combate ejecutado en la  finca ´Piedrahita’, en la vereda Peñalosa en el centro del Huila. El labriego fue ultimado en su propio cafetal y  luego lo presentaron como un guerrillero muerto en combate.

La figura de la repetición se aplica a los servidores públicos cuando el Estado haya sido condenado judicialmente a reparar los daños antijurídicos causados a los particulares como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa. En este caso, por un falso positivo, montado para mostrar falsos resultados en la lucha contra los grupos armados ilegales.

La acción de repetición fue radicada ante el Tribunal Administrativo del Huila para que restituyan los dineros pagados a los familiares de la víctima.

La ‘operación Macaco’, como se bautizó, se adelantó según una orden radicada con 0233-2006 y debía ejecutarse en desarrollo de las operaciones en la región de Tres Esquinas. Sin embargo, fue un ardid para simular un combate que nunca ocurrió.

La condena

Por este crimen fueron condenados el Ministerio de Defensa  y el Ejército Nacional el 10 de octubre de 2018. El fallo declaró responsable a las dos instituciones y las condeno a cancelar  una cifra estimada de 2.645 millones de pesos.

Ahora, después de cuatro años, las dos instituciones decidieron demandar a los uniformados responsables de la ejecución extrajudicial del pequeño cafetero.

El 13 de enero de 2022, el Tribual Administrativo del Huila inadmitió la demanda porque no reunía la totalidad de los requisitos formales para darle el respectivo trámite.

La magistrada Nelcy Vargas Tovar argumentó que no era factible inferir la participación de los uniformados porque ni siquiera fueron mencionados en los hechos. Tampoco las circunstancias que rodearon el crimen, ni los elementos probatorios sobre la responsabilidad de los implicados. Tampoco se allegó la totalidad de los documentos y pruebas anticipadas ni los dictámenes periciales.

El 28 de enero de 2022, las entidades demandantes subsanaron la demanda.

En concreto precisaron que la acción de repetición, orientada a devolver el monto de la indemnización que debieron pagar, se dirige en contra de los militares que participaron en el falso combate: el capitán José Elmer Moreno Moreno, comandante de la compañía y los soldados Omar Tovar Camacho, Diofanor de Jesús Cardona Pérez, Mauricio Cubillos Luna, Eduardo Gaitán Patiño, Rodrigo Galindo, Jhon Bedoya Jiménez, Víctor Roa Casanova, Jhon Urueta Ballesteros, José Alirio Tirana Rosas, Ricardo Munevar Munevar, Domingo Peña Cepeda, Luis Carlos Lombana Solarte y Orlando Pico Rivera. Todos fueron condenados.

Los soldados profesionales descubrieron la verdad.

Responsables

La investigación la asumió la Fiscalía 21 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Garzón. El caso lo asumió por competencia la Fiscalía 45 Especializada de Derechos Humanos.

El 28 de enero de 2010 los soldados profesionales fueron cobijados con medida de aseguramiento, con detención preventiva. La medida fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Neiva.

Los uniformados fueron absueltos en primera instancia. A pesar de los testimonios el Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón profirió sentencia absolutoria el 24 de mayo de 2014. El funcionario judicial aseguró que las pruebas allegadas no arrojaban la certeza de responsabilidad penal de los acusados y resaltó que la presencia de las tropas en el sitio del ‘falso positivo’ obedeció al cumplimiento de una orden castrense legítima.

El juez consideró que no existía evidencia que comprobara que los militares dispararon contra el campesino por orden del comandante de la patrulla, teniente, José Elmer Moreno, sin tener en la mira al abatido. “Las tareas del grupo fueron estrictamente operativas”, concluyó el juez, exonerándolos de la responsabilidad penal.

Coartada

Según la Fiscalía, los militares acusados “callaron la verdad para tejer la coartada ideada por el subteniente José Elmer Moreno Moreno, esto es, que se presentó un enfrentamiento y que en esa reacción fue dado de baja el agresor, pero en la tramoya se les olvidó que un niño resultó herido por el rozamiento del proyectil”.

Al revisar el fallo  de primera instancia el Tribunal Superior de Neiva tuvo todas las certezas para aclarar el crimen.

El oficial José Elmer Moreno Moreno, comandante del escuadrón, fue condenado en el 2012 cuando ostentaba el grado de capitán. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón lo sentenció a la pena principal de 34 años de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida en concurso con falsedad ideológica.

Los soldados Eduardo Gaitán Patiño, Rodrigo Galindo Herrera y Mauricio Cubillos Luna, absueltos en primera instancia, fueron condenados a 380 meses de prisión y al pago de una multa por 1.845 millones de pesos.

Los ex soldados Rodrigo Galindo Herrera y Mauricio Cubillos Luna,  se sometieron a la Jurisdicción Especial de Paz. El 24 de julio DE 2017 la Corte Suprema de Justicia levantó las órdenes de captura y los ex militares recobraron la libertad condicionada.

Montaje militar

Todos los militares especializados en lucha anti subversiva conocían el objetivo del montaje. Desde muy temprano acecharon a la víctima, quien salió a abonar un cultivo de café cerca de la vivienda. Estando indefenso lo ajusticiaron sin contemplación, admitieron varios militares durante el juicio oral.

La patrulla llegó al sitio a las 5:30 de la mañana a la vereda Peñalosa. El subteniente Moreno distribuyó el personal en varios sectores.  Cuando aclaró divisaron la vivienda. A las siete de la mañana escucharon los múltiples disparos.

El campesino se percató de la presencia de los soldados y empezó a correr. Los militares usando pasamontañas lo asediaron hasta encontrarlo. Después lo remataron con tiros de fusil”, relató el testigo Jaider Urriago Rodríguez, un guía civil enviado desde Garzón, supuestamente para orientar la tropa. Luego de perpetrar el crimen la tarea fue borrar las evidencias.

“El teniente sacó un revólver, un radio y una granada y ordenó que le colocaran esos elementos para reportarlo como baja en combate”, relató Urriago.

El oficial le dijo que el campesino estuvo preso por rebelión y los amonestó para que lo ultimaran. Entonces le pasó un fusil y como se excusó lo intimidó con que serían dos los muertos.

“El campesino corrió, entonces el subteniente le ordenó a los reclutas que lo fulminaran para que no se evadiera. Lo buscaron y lo hallaron escondido en un barranco, lo tenían tendido con la cara hacia el suelo, encañonado, le dispararon y le dieron en la cabeza, en la espalda y en la pierna”, relató.

“Luego el oficial sacó una granada, un revólver y un radio. Un uniformado con un guante cogió la mano del occiso y disparó el revólver puesto, por mandato de Moreno Moreno”, añadió.

Con la orden- agregó- se formó una plomacera que cesó segundos después. Luego los soldados que acompañaban al subteniente Moreno encuentran a la víctima oculta y disparan nuevamente.

En Tres Esquinas, el oficial le ordenó que se pusiera el camuflado y un pasamontañas. Otros soldados también portaban esa prenda para ocultar el rostro.

El occiso fue envuelto en unos ponchos y trasladado en una mula hasta el sitio ‘Cuatro caminos’, relató.

Luego de la ejecución, se alteró la escena. El teniente ordenó que tomaran fotografías y procedió a reportarlo como una baja en combate.  El informe quedó consignado en un comunicado de prensa el 17 de marzo de 2006: “Dado de baja un terrorista de las Farc” encabezaba el boletín oficial sin firma, reportando la novedad que resultó un falso positivo.

El capitán José Elmer Moreno Moreno, quien dirigió la ‘Operación Macaco’, fue condenado en el 2012 a 34 años de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida en concurso con falsedad ideológica. Los demás, a 31años de cárcel.

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