La Nación
Exalcaldes de Aipe ‘enredados’ con Casa del Adulto Mayor 1 26 octubre, 2020
JUDICIAL

Exalcaldes de Aipe ‘enredados’ con Casa del Adulto Mayor

Dos exalcaldes del municipio de Aipe, varios secretarios de gobierno y un contratista, fueron imputados por presuntas irregularidades en contratos y construcción de la Casa del Adulto Mayor. “No se registra la existencia de los estudios previos de prefactibilidad y factibilidad, ni se hicieron estudios con especificaciones técnicas…”, dijo la Fiscalía. 

 

Rafael Rodríguez C.

rafael@lanacion.com.co

 

Como una obra inservible e inoperante, calificó la Fiscalía la construcción de la fase uno de la Casa del Adulto Mayor en el municipio de Aipe, al imputar cargos a los exalcaldes Luis Felipe Conde Lasso y Jesús Ernesto Álvarez López, además del contratista, el interventor y dos ex secretarios municipales.

La diligencia judicial fue adelantada virtualmente por la Fiscalía Séptima Seccional de Neiva de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal del Municipio de Aipe con Funciones de Garantías.

El fiscal además de investigar a los exalcaldes Conde Lasso y Álvarez López, también vinculó al proceso a Diana Milena Tovar Palomo, ex secretaria de Infraestructura; Rodrigo de Jesús Liévano, ex secretario de Protección Social; el contratista Didier Cárdenas Perdomo; el interventor, Lisandro Sánchez Vargas, Carlos Eduardo Díaz y Gonzalo Arias Losada.

En la diligencia ante el togado, el fiscal les imputó a los procesados los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado culposo, cargos que ninguno aceptó.

La firma de abogados Cortes y Martínez Full Law Services, que defiende al exalcalde Álvarez López, se mostró tranquila con los señalamientos de la Fiscalía y señaló que demostrará que su cliente es inocente.

 

El contrato

La investigación contra los exmandatarios, sus entonces colaboradores y el contratista, se inició por las presuntas irregularidades que se presentaron en el contrato de construcción de la Casa del Adulto Mayor en el Municipio de Aipe y la ausencia de las obras de alcantarillado y accesos.

El fiscal manifestó en la audiencia virtual, que la obra fue adjudicada por el entonces alcalde Conde Lasso, en el periodo 2008-2011, que, por intermedio de la Secretaría de Planeación Municipal, “identificó la necesidad de obtener los estudios y diseños arquitectónicos” de la casa del adulto mayor.

Según el delegado del ente acusador, el proyecto iba dirigido a una población “no verificada de 42 ancianos…no existe información o registro comprobable del censo o número real de adultos mayores beneficiarios del programa ofrecido por el antiguo asilo municipal para la vigencia 2011”.

La Administración Municipal, que proyectó ocho fases para desarrollar la obra, suscribió el convenio de asociación 037 con la Sociedad Colombiana de Arquitectos Seccional Huila, para aunar esfuerzos, recursos económicos, técnicos y administrativos, para adelantar los estudios y diseños arquitectónicos de la casa del adulto mayor, el 25 de enero de 2011.

El fiscal señaló que el convenio fue por un valor global de 205 millones de pesos, de los cuales el Municipio de Aipe aportaría la suma de 185 millones y la Sociedad Colombiana de Arquitectos Seccional Huila, 20 millones de pesos aportados en “conocimientos y demás conceptos del orden técnico utilizados para ese objeto contractual”. Los diseños fueron entregados el 3 de junio de 2011.

Terminados los estudios, el entonces alcalde Conde Lasso delegó en el secretario de Protección Social, Liévano Jiménez, la elaboración de los estudios previos de la primera etapa de la construcción de la casa del adulto mayor, por valor de 634 millones 819,916 pesos.

Precisó el fiscal que para los estudios previos se adelantó el contrato interadministrativo 143 de 2011, en los que se evidenció una diferencia “sustancial en la cobertura de población de anciano ya que no era para 42 adultos, sino 15 abuelos que se encontraban alojados en una estructura antigua, en malas condiciones con amenaza de desplomarse”.

El entonces Alcalde, una vez terminados los estudios previos, el 17 de junio de 2011 hizo la invitación a la fundación pública en construcción para que presentara la propuesta de construcción de la etapa uno, resultando seleccionada ‘Colombia en Construcción’ representada por Didier Cárdenas Perdomo y se suscribió el contrato interadministrativo 143, el 24 de junio de 2011 por un valor inicial de 395 millones 999,995 peso. “La supervisión fue designada a la Secretaría de Infraestructura a cargo de Diana Milena Tovar”, señaló el fiscal.

Cinco meses después, se adicionó al contrato interadministrativo, el contrato 001 del 25 de noviembre de 2011 por la suma 197 millones 939.169 pesos, para ajustar las mayores y menores cantidades e ítems nuevos de obra.

 

Sin alcantarillado y accesos

Sostuvo el fiscal que el interventor de la obra Sánchez Vargas y el contratista Cárdenas Perdomo, firmaron el acta de recibo final del contrato interadministrativo 143 de 2011, sin ninguna novedad en ella.  “No aparecen consignadas ni observaciones, anotaciones o probables ausencias en cuento a las cantidades de obra recibida por la Administración Municipal de Aipe”.

Ya en la vigencia del alcalde Jesús Ernesto Álvarez López, se suscribió la liquidación del contrato 143 según el acta número 15 del 10 noviembre de 2015, firmada por el mandatario local Álvarez López; el contratista Didier Cárdenas Perdomo; el secretario de Infraestructura Faiber Andrés Tovar Serrano; el interventor Lisandro ardo Sánchez Vargas y la asesora jurídica externa Angela maría Trujillo Méndez. “Tampoco quedaron registros u observaciones de obras inconclusas o incompletas derivadas de la ejecución del contrato 143 de 2011. Las partes de manera recíproca sellaron el paz y salvo”, indicó el fiscal.

Sostuvo que la obra carecía pese, a su liquidación, del sistema de alcantarillado y zonas de acceso, “aspectos sustanciales para permitir su funcionalidad…resultando una obra absolutamente inoperante”.

Precisó que en la fase precontractual del contrato 143 de 2011 adelantada por Rodrigo de Jesús Liévano Jiménez, secretario de protección social y Diana Milena Tovar Palomo, secretaria de infraestructura, no se registra la existencia de los estudios previos de conveniencia, prefactibilidad y factibilidad”.

 

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