Dos exalcaldes de El Doncello, una secretaría del despacho y un contratista, deberán responder ante la justicia por irregularidades en un contrato. Fiscalía le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Presuntas irregularidades en un contrato para mejoramiento del alcantarillado en el municipio de El Doncelllo, tiene enredados ante la Fiscalía a los exalcaldes Sandra Milena Losada Floriano y William Molina Pérez, además de tres personas más.
Así lo dio a conocer el ente acusador al anunciar que los exmandatarios deberán responder ante la justicia por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros, en calidad de coautores y a título de dolo, peculado por apropiación en calidad de interviniente a título de dolo.
La imputación de cargos fue por el fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía en Caquetá, el martes anterior ante el juez penal del circuito de Florencia con funciones de conocimiento. Los implicados no aceptaron los cargos.
Además de los examandatarios Sandra Milena y Molina Pérez, fueron imputados la entonces secretaria de Planeación Carmenza Caviedes Valencia; el asesor de contratación Ever Falla Rojas y el contratista Álvaro Marles Artunduaga.
Los hechos
El fiscal en la audiencia de imputación de cargos manifestó que el 14 de diciembre del año 2016, Molina Pérez en su condición de alcalde municipal encargado de El Doncello, celebró el contrato de suministro N° 002 con la empresa Negocios Familiares Integrados S.A.S (Nefin S.A.S) representada legalmente por Marles Artunduaga.
Agregó que el objeto contractual era la adquisición de artículos de ferretería para la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las redes de alcantarillado, el control del uso eficiente y ahorros del agua potable en el municipio.
Sostuvo el delegado del ente acusados que el valor del contrato superó los 200 millones de pesos ($ 272’236.108) siendo el plazo de ejecución de 10 días.
Sostuvo que el contrato se celebró sin observancia de los requisitos legales esenciales exigidos en la etapa precontractual. “En esta última participaron: la alcaldesa, la secretaria de planeación y el asesor, pues los estudios previos deben hacer un especial análisis del sector. Se investiga si en este caso se efectuaron en debida forma los referidos análisis, los cuales serían insuficientes e incompletos”.
Al parecer, los procesos previos al contrato no habrían sido adecuados a la realidad por lo que se habrían vulnerado los principios de contratación estatal de planeación, transparencia, libertad de concurrencia, selección objetiva, libertad concurrencia y publicidad.
Las irregularidades habrían permitido que el contratista, supuestamente, se apropiara de los recursos del municipio en $83’943.846 “por concepto de sobre costos y/o sobreprecios de elementos que conforman el objeto del contrato de suministro”, indicó el fiscal.