Los exalcaldes de Neiva, Héctor Aníbal Ramírez, y Palermo, Helber Yesid Pinzón, se encuentran huyendo de la justicia. Los dos exmandatarios fueron condenados, en procesos aislados, por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Fuentes judiciales manifestaron que los exfuncionarios estarían escondiéndose en la ciudad de Bogotá.
Huyendo de la justicia para evadir las penas de prisión en su contra, se encuentran los exalcaldes de Neiva, Héctor Aníbal Ramírez, y Palermo, Helber Yesid Pinzón Saavedra, condenados, en procesos distintos, por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Los exmandatarios fueron condenados en primera instancia en los meses de agosto y septiembre de 2022 por la Juez Primera Penal del Circuito de Neiva con Funciones de Conocimiento.
Fuentes judiciales, cercanas a los procesos, no solo manifestaron que los exfuncionarios públicos apelaron las sentencias condenatorias ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, sino que se estarían escondiéndose de las autoridades en la ciudad de Bogotá.
Sostuvo que Pinzón Saavedra se encuentra prófugo una vez conoció la pena de 24 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. “Él se encontraba en el congreso de diputados del país en la ciudad de Cartagena cuando se hizo la lectura del fallo”.
Mientras que Ramírez Escobar se encuentra evadiendo la orden de captura una vez la juez anunció que la sentencia en su contra sería condenatoria. El exmandatario, al parecer, se encontraba en su oficina en la ciudad de Neiva.
Condena para exalcalde de Neiva
La juez de conocimiento al terminar el juicio oral y analizar cada una de las pruebas testimoniales y documentales presentadas por el fiscal y la defensa del exalcalde Ramírez Escobar, y Juan Carlos Herrera Gutiérrez, exgerente de Empresas Públicas de la ciudad, anunció el 27 de septiembre que la sentencia sería condenatoria.
La togada en la misma audiencia ordenó la captura de los dos exfuncionarios, sin embargo no se hicieron efectivas. Y el pasado 27 de octubre cuando se conocería la pena de prisión que debía pagar, la juez no la anunció por un recurso que interpuso el abogado nuevo del exalcalde.
Ahora el próximo 22 de noviembre se adelantará la diligencia no solo de lectura del fallo condenatorio sino que la juez dará a conocer las respuestas a las solicitudes que hizo el defensor del exmandatario neivano.
Ramírez Escobar y Herrera Gutiérrez fueron acusados por la irregular contratación de los senderos peatonales y la plaza ceremonial en el parque Isla al costado izquierdo del malecón del río Magdalena.
La administración municipal, argumentando falta de recursos, delegó en Empresas Públicas la ejecución del proyecto, en una clara estrategia, según la juez, para direccionar la contratación.
A su vez, EPN tercerizó la contratación, lo que a juicio de la Fiscalía, pudo tipificar la conducta de celebración de contratos sin requisitos legales.
Ante la imposibilidad de la financiación total, el alcalde decidió iniciar la primera fase. La iniciativa contemplaba además, un malecón palafítico, muelles flotantes, senderos internos y un pasaje peatonal perimetral, en una extensión de 140 hectáreas.
“El estudio de conveniencia fue incompleto y amañado para direccionar la adjudicación del contrato con Empresas Públicas de Neiva”, advirtió la juez.
Agregó que EPN no tenía la capacidad técnica, ni experiencia específica en intervenciones paisajísticas, construcción y reparación de vías (senderos) o en trabajos de construcción o adecuación de edificaciones como las contempladas en el proyecto original.
“La Alcaldía de Neiva tenía un reglamento de contratación que no se acató, que no se realizó la licitación pública, pese a que Héctor Aníbal Ramírez, sabía y conocía que por el monto de la contratación debía suscribirse”, insistió la Juez Primera Penal del Circuito.
Señaló que ya existía un trámite adelantado en cuanto a su presupuesto, su asignación, su Certificado de Disponibilidad Presupuestal, además de diseños que fueron autorizados mediante una contratación.
“El acusado Héctor Aníbal Ramírez para la suscripción de esos contratos debió cumplir con unos mínimos requisitos que no están en la contratación dispuesta en este convenio interadministrativo”, aseguró la funcionaria judicial.
“Igualmente- agregó- se le reprocha a Juan Carlos Herrera Ramírez, quien en su calidad de representante de Empresas Públicas de Neiva suscribió, celebró, firmó este convenio pese a que sabía que la entidad no había realizado ni tenía experiencia en este tema específico de arquitectura y paisajismo”.
La operadora judicial señaló que el contrato sin el cumplimiento de requisitos legales se perfeccionó al haberse faltado a los principios de transparencia, responsabilidad, imparcialidad y eficiencia al no observarse las citadas disposiciones en el momento de ejecutar los recursos públicos. “Los estudios previos y de conveniencia fueron sesgados y la contratación amañada”, insistió la togada.
“Si bien es cierto Empresas Públicas es una entidad descentralizada, celebró con la Alcaldía de Neiva el contrato interadministrativo 675 de 2010 conociendo las limitaciones”, acotó.
“Además, no atendió que este estudio de conveniencia donde se fundamentaba la contratación ya tenía unos diseños, un presupuesto y lo que finalmente se pactó fue una construcción del Parque Isla de Aventura que finalmente no fue realizado por Empresas Públicas de Neiva”, sostuvo.
‘Chepe’ condenado a 24 años de cárcel
La misma juez que anunció la sentencia condenatoria contra el exalcalde de Neiva, Ramírez, un mes profirió la condena de 24 años de prisión contra el exmandatario de Palermo, Helber Yesid Pinzón.
El exfuncionario y quien fungió como diputado antes de la condena, fue hallado responsable de los delitos de peculado por apropiación en beneficio de terceros y celebración indebida de contratos, por el llamado caso Tigsa, que tiene que ver con las irregularidades en el manejo de recursos de regalías.
Pinzón Saavedra fue encontrado responsable de invertir indebidamente 2.000 millones de pesos correspondientes a excedentes de regalías en la firma Tigsa, sin ningún respaldo y en condiciones que no garantizaban liquidez, seguridad y rentabilidad.
La inversión fue hecha a través de Raúl Toro Pérez, quien gestionó personalmente el supuesto contrato, sin estar legalmente autorizado para realizar ese tipo operaciones como corredor de bolsa.
Las ‘inversiones’ se realizaron amparadas en un contrato de encargo fiduciario, suscrito entre Tigsa y la fiduciaria Fiducor, donde el primero aparecía como constituyente y único beneficiario.
El contrato de encargo fiduciario, distinguido con el número 732-0921, el mismo que se utilizó para captar recursos de la Alcaldía de Neiva, fue firmado el 5 de julio de 2007 para el manejo de recursos de flujo de caja de propiedad de Tigsa.
“Los dineros estuvieron diez meses, primero se hizo una por cinco meses y luego se amplió a otros cinco”, confesó en su época el ex mandatario conservador.
Giros irregulares
Los recursos, según el ex mandatario, fueron girados en dos cheques de gerencia (J4214129 y J4214793 de Bancafé) directamente a la fiduciaria Fiducor. Los giros se realizaron en el 2009, cada uno de 1.000 millones, los cuales eran reinvertidos con los rendimientos, según las instrucciones impartidas por Toro Pérez, el único constituyente y por lo tanto, el único beneficiario.
Pinzón Saavedra formuló una denuncia penal contra los representantes de Tigsa el 6 de mayo de 2010 por falsedad en documento público. Sin embargo, ni la devolución del dinero, ni las denuncias penales le sirvieron. Pinzón fue procesado por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado en favor de terceros. Por estas dos conductas la Juez Primera Penal del Circuito anunció sentencia condenatoria.
Pinzón Saavedra, quien confirmó su credencial en la Asamblea del Huila quedó con orden de captura. De hacerse efectiva, se producirá una vacancia y entrará a sucederlo Omar Alexis Díaz Cuéllar, cuarto en la lista conservadora.
Primeras colocaciones
Por su parte, el ex tesorero de Neiva, Yesid Orlando Perdomo Llanos realizó las dos primeras colocaciones en calidad de Tesorero limitándose al giro de los recursos e instrumentalización de la operación con conocimiento previo del Secretario de Hacienda Luis Aníbal López, quien realizó las últimas operaciones. El funcionario aseguró que recuperó 2.061 millones de pesos correspondiente a las dos primeras inversiones una vez se produjeron los vencimientos. “Las otras dos fueron renovadas sin tener ninguna participación”, precisó.
Perdomo Llano expresó que “fue utilizado por sus superiores (Alcaldesa y Secretario de Hacienda) para efectuar las inversiones”.
“No se puede afirmar que coloqué clandestinamente esos excedentes sino que se trató de una delegación”, insistió Perdomo Llano. Además, afirmó que fue una víctima ya que el decreto de encargo, fue alterado luego de su posesión.
El Decreto 815 de 2007, firmado por el alcalde encargado, Luis Miguel Losada Polanco, le impedía la colocación de excedentes. En la copia del documento aparece dicha facultad, lo que demostraría en su opinión, la supuesta adulteración del documento que lo incrimina.
Por su parte Andrés Camacho Cardozo y Alberto Calderón Gómez fueron acusados por el delito de peculado por apropiación agravado a favor de terceros en concurso homogéneo y sucesivo. Ninguno de los señalados aceptó los cargos. Solo Calderón será condenado. Camacho fue absuelto.
Camacho Cardozo en la actualidad enfrenta un proceso penal por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de Alimentación Escolar (PAE) en Neiva.