La Fiscalía imputó cargos a los ex asesores de la Alcaldía de Neiva, Euclides Dussán García y Andrés Felipe Tamayo Polanía. Los dos deberán responder ante la justicia por presuntas irregularidades en contratos para construcción de batería sanitarias.
Ocho contratos para la construcción de 206 baterías sanitarias en la zona rural de la capital huilense, que habrían sido adjudicados al parecer irregularmente, tienen en el ojo de la justicia a dos ex asesores de la Alcaldía de Neiva.
Se trata del entonces asesor del despacho Euclides Dussán García y el abogado Andrés Felipe Tamayo Polanía, quien fue asesor jurídico externo para el 2008.
La Fiscalía Doce Seccional de Neiva adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Neiva con Funciones de Garantías les imputó a los dos ex asesores el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
El ente investigador manifestó que según las pesquisas Dussán García entre octubre de 2008 y febrero de 2009, al parecer tramitó y celebró los contratos de obra pública No. 010, 011, 012, 31, 32, 33, 47 y 48 de febrero de 2009 por un valor de $1.258.921.260.
Sostuvo el fiscal del caso en la imputación que el entonces funcionario habría adjudicado los contratos “sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales de los mismos, destinados a la construcción de 206 baterías sanitarias en zona rural de Neiva”.
Precisó el funcionario judicial que de esta forma el entonces asesor del despacho Dussán García “omitió el procedimiento de licitación pública”.
Señaló además que llevó a cabo dos procesos menos rigurosos, el No. 050 y 057 de 2008 de selección abreviada de menor cuantía “basándose en estudios previos incompletos, presupuestos de obras parciales sin estudios de conveniencia del objeto a contratar y con fundamento en un mismo rubro presupuestal soportado en un solo proyecto”.
Indicó que las pruebas recaudadas en desarrollo de la investigación hacen presumir que Dussán García “celebró los contratos con el propósito de favorecer a los contratistas”.
Sobre el entonces asesor jurídico externo, Tamayo Polanía, indicó el fiscal en la audiencia de imputación que en sus funciones tenía la obligación de que los procesos de contratación se ajustaran a las normas vigentes, “lo cual presuntamente no cumplió, validando las irregularidades presentadas en los estudios y documentos para dichos contratos y al parecer procediendo a la selección de menor cuantía de los dos contratos mencionados hasta adjudicarlos”.
Los dos imputados no aceptaron el cargo endilgado por el fiscal del caso.