Un millón de pesos, era el dinero que estaría pidiendo el funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Mario Fernando Sierra, a un hombre procesado por la violación de una menor, a cambio de desviar la investigación.
El investigador, que terminó ayer en la cárcel tras las audiencias preliminares, fue capturado en su oficina en la sede de la Fiscalía en el municipio de La Plata, por sus propios compañeros de trabajo en coordinación de un fiscal de la unidad de Administración Pública de Neiva. “Es un hecho reprochable, si eso pasa en el CTI o Policía la comunidad tiene que denunciar…que nos denuncien y no se cansen de denunciar…”, dijo enfáticamente el director seccional de Fiscalías en el Huila, Justino Hernández.
La pesquisa contra Sierra, ‘nació’ con la denuncia del hombre investigado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. “El servidor del CTI, quien al parecer valiéndose de su cargo como investigador, a un procesado de violencia sexual, le exigía dinero a cambio de torcer la investigación”, dijo el fiscal.
Según las investigaciones, el funcionario le exigió al sujeto un millón de pesos. “El procesado y su esposa, venían siendo abordador por el funcionario que tenía a cargo la investigación, sugiriéndole que deberían pagar un dinero para poder que esa investigación tomara otro curso”, señaló el Director de Fiscalías.
El investigador, además de pedir dinero al procesado, presuntamente le prestó asesoría al hombre, refiriéndole a un abogado conocido para que lo representara. “Le hacía sugerencia al procesado, que deberían pagarle 15 millones de pesos a un abogado. Estamos indagando si alguien más estaba con él”, manifestó el fiscal.
En las pesquisas, los investigadores establecieron que Sierra mostró imágenes correspondientes a uno de los dictámenes de Medicina Legal practicados a la menor de edad víctima, para que el indiciado preparara su defensa, “revelando así, el secreto profesional”.
El investigador fue puesto a órdenes del fiscal del caso que lo llevó a la audiencia de legalización de captura y le imputó los delitos de concusión, revelación de secreto y asesoramiento ilegal. “Por ser servidor público se enfrenta a una pena de ocho años de prisión”, manifestó el fiscal Hernández.
Sierra, quien no aceptó los cargos endilgados, fue cobijado con medida de aseguramiento carcelario por el juez penal municipal de garantías de La Plata. “Éste es un mensaje para la Fiscalía Seccional Huila…”, indicó el director de Fiscalías en el Huila, Justino Hernández.