“Se espera que los jueces correspondientes autoricen la libertad condicional y anticipada de Palacio, y de los generales Arias y Uscátegui”, señaló Leyva en su cuenta personal de twitter.
A pesar de que la decisión que habrían tomado los dos generales y el exministro Palacio no sorprende, su postura de acogerse a la Justicia para la Paz sí representa un espaldarazo a uno de los puntos más polémicos acordados en el acuerdo de paz y que, de hecho, no tiene conformes ni a los miembros del Centro Democrático, ni tampoco a exintegrantes de la Fuerza Pública.
Basta recordar que la responsabilidad de mando fue uno de los temas que más se discutieron en el interior del Congreso mientras que se debatía la Jurisdicción Especial de Paz. El caso específico del general (r) Uscátegui, quien resultó condenado por la masacre de Mapiripán “como autor, por omisión impropia (…) de homicidio agravado” por presuntamente no haber hecho lo que le correspondía para proteger a la población en 1997 -año en el que ocurrieron los hechos-, hace referencia a esa responsabilidad de mando. Según argumentó la justicia, Uscátegui ejercía jurisdicción sobre la zona de la masacre. No obstante, en la JEP el argumento de la jurisdicción no habría bastado para condenarlo.
Respecto del caso del general (r) Cabrales, condenado por la desaparición forzada de cuatro civiles y una guerrillera durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985, también se había hecho referencia en cuanto a que la JEP entrará a estudiar su caso.
Pero el argumento entregado por el exministro Diego Palacio a la revista Semana en febrero de este año, para acogerse a la JEP no es tan claro. Palacio, exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe, fue condenado por cohecho dentro del proceso conocido como la ‘yidispolítica’. Según dijo en ese momento, lo que abre la posibilidad de someter su caso a la JEP es la justificación de la reelección de Álvaro Uribe. “Lo que se reeligió con él fue la seguridad democrática, que fue concebida como una política de Estado para acabar con las Farc. Ese argumento de partida demuestra que en mi caso entrar a la JEP es posible”.
Según ha dicho el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, hay más de 2.000 casos pendientes por analizar por parte de la fuerza pública.