Fracasó eventual acuerdo sobre la suerte del estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’. La Alcaldía de Neiva reiteró en el megaproyecto para la remodelación total del escenario deportivo con inversiones por 94.000 millones de pesos, adicionales.
RICARDO AREIZA
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La posibilidad de un acuerdo de voluntades para solucionar la suerte del estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’, quedó definitivamente descartado.
El pacto de cumplimiento, el primer escenario para una eventual conciliación para poner fin a la vulneración de los derechos colectivos, no pudo concretarse.
Agotada esta etapa, sin éxito, el Tribunal Administrativo del Huila tendrá que pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de los accionantes para terminar la obra o demolerla y asegurar el escenario deportivo para el disfrute de la afición huilense.
A la audiencia inicial no asistieron por razones desconocidas, los representantes legales del Consorcio Interventoría Estadio 2014 y del Consorcio Estadio 2014,
“Ante la no concurrencia de los contratistas de la obra y de los representantes de la interventoría, debidamente convocados a explorar un eventual acuerdo, la audiencia inicial de conciliación se declaró fallida”, confirmó el personero de Neiva, Kleiver Oviedo, quien suscribió la acción popular.
La iniciativa fue presentada conjuntamente con la Clínica Jurídica de Interés Público, Grupo Investigativo de Intervención Social, orientado por el docente Oscar Javier Reyes Pinzón, actual jefe de Programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana.
La acción popular fue presentada el 25 de agosto de 2021 reclamando una solución definitiva del escenario deportivo, en franco deterioro tras la fallida remodelación iniciada en el 2014.
Fallido acuerdo
La audiencia inicial buscaba un eventual acuerdo de voluntades para poner fin a la vulneración de los derechos colectivos, o para obtener su oportuna y efectiva reparación y protección, permitiendo una terminación anticipada del proceso y por lo tanto la solución definitiva que reclaman los autores. Sin embargo, por inasistencia de los principales responsables, se declaró fallida
En representación del Ministerio de Deporte asistió Anderson Giovanny Copete Ruiz; por el Departamento Nacional de Planeación, Daniel Duque Tamayo: por la Gobernación del Huila Iván Bustamente Alarcón y por la Alcaldía de Neiva, Irma Lucía Torres Rivera. Como agente del Ministerio Público: asistió Beatriz Eugenia Ríos Vásquez en su calidad de Procuradora 34 Judicial
“Así las cosas, el proceso seguirá siendo tramitado contra las entidades que tienen la calidad de extremo pasivo (Ministerio de Deporte, Departamento Nacional de Planeación Gobernación del Huila, Alcaldía de Neiva, y contra los consorcios Estadio 2014 e Interventoría Estadio 2014”, confirmó el magistrado Ramiro Aponte Pino.
Pretensiones
Según el Personero, la acción popular permitirá analizar juiciosamente la viabilidad técnica de la remodelación, tal como se diseñó, facilitando la terminación y habilitación total del escenario.
“Al determinarse que técnicamente esta obra no es viable, no deben invertirse más recursos públicos en lo que sería una obra fallida”, explicaron los autores de una acción popular.
En estas condiciones, invertir más recursos públicos como se viene anunciando, aumentaría el detrimento patrimonial y dejaría a la ciudad sin un escenario deportivo que realmente requiere.
Megaproyecto
No obstante, a pesar del pesimismo registrado en medios deportivos, el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón anunció un megaproyecto para la reparación total del estadio, que costaría 94 mil millones de pesos.
El proyecto fue presentado el 9 de febrero pasado ante el ministro del Deportes, Guillermo Herrera Castaño; el contralor Delegado, Carlos Pineda Téllez y la subdirectora de Inversión Social del Departamento Nacional de Planeación Diana Mendoza.
El director de Deportes, Jesús Fernando Tejada, confirmó que el proyecto sigue en firme, fue ajustado y actualmente se adelantan las gestiones para la financiación del proyecto en el mismo sitio que costará 94 mil millones de pesos.
Ajustes
Según Tejada el proyecto de remodelación y terminación total del estadio quedó oficialmente radicado el martes pasado en el Ministerio del Deporte. El 3 de mayo vencía el plazo para radicarlo.
“Los ajustes definitivos ya fueron presentados al Ministerio del Deporte. El proyecto quedó debidamente soportado con todos los ajustes en cada uno de los componentes técnicos, financiero, estructural y parte eléctrica”, explicó Tejada.
Los ajustes fueron introducidos después de varias mesas técnicas para adecuarlo a la metodología del Ministerio del Deporte.
“Una vez tengamos esa viabilidad será remitido al Departamento Nacional de Planeación para tramitar la financiación”, explicó el funcionario.
El proyecto contempla la terminación de la tribuna occidental, en donde se derrumbó una parte de la estructura, con un saldo de cuatro muertos y diez heridos. Pero además, las demás tribunas y las obras de urbanismo en la parte exterior.
Sin embargo, la dirigencia deportiva mira con escepticismo la iniciativa por la cuantiosa inversión que demandaría.
“Con menos plata se puede construir un nuevo estadio en otro sitio, adecuado a las necesidades de la afición”, afirmó Juan Carlos Patarroyo, presidente del Atlético Huila.
Demanda
Mientras se insisten en la cofinanciación, el Ministerio del Deporte, como la Gobernación, tramitan acciones de nulidad del polémico convenio suscrito en el 2014, que permitió los aportes económicos.
El próximo martes 10 de mayo el Tribunal Administrativo realizará la audiencia inicial en la demanda que colocó contra los contratistas para que cancelen al municipio los daños y perjuicios, derivados del incumplimiento que generó la caducidad del contrato declarada el 4 de octubre de 2018.
Sin embargo, el secretario de Deportes consideró que el Ministerio se comprometió a girar los primeros diez mil millones de pesos, antes del 7 de agosto, cuando termina el mandato.
Las amenazas
El Grupo Investigativo de Intervención Social integrado por docentes y estudiantes de derecho de la Universidad Surcolombiana soportó la acción popular por las amenazas que representa la fracasada remodelación y la pérdida de los recursos públicos.
“La obra en total abandono y en acelerado deterioro, está afectando los derechos colectivos al espacio público de todos los huilenses, la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, entre otros”, explicó el docente Oscar Javier Reyes Pinzón.
En su criterio, la demora y parálisis de la fallida remodelación constituye una violación a los derechos fundamentales en razón a que los deportistas huilenses al igual que sus espectadores, se le ha vetado la posibilidad de disfrutar de un estadio fútbol de calidad, para la observancia de los partidos y demás actividades físicas.
La obra quedó paralizada desde el 20 de agosto de 2016 cuando colapsó parte de la estructura que se construía, sin haber ejecutado el reforzamiento obligatorio.
Detrimento
Las obras que se ejecutaron corresponden a la ampliación de la tribuna occidental con inversiones que ascienden a 23.527 millones de pesos, recursos que se perdieron, porque la obra no está en uso.
El daño patrimonial causado fue estimado finalmente en 17.518,23 millones de pesos, indexados al 31 de mayo de 2021 correspondientes al contrato de obra pública, interventoría y contrato de consultoría para los diseños.
Reconstruir las demás tribunas, comenzando por el reforzamiento sale más costosa que ejecutarlas de nuevo.
La estructura antigua quedó en peores condiciones de vulnerabilidad sísmica e inestabilidad estructural. Las obras ejecutadas y las excavaciones realizadas en la fase preliminar, debilitaron las estructuras y agravaron la vulnerabilidad.
Un atentado
“El estadio de fútbol terminó siendo una obra inconclusa, símbolo del abandono estatal, vulnerando así los postulados constitucionales que deben regir dentro de la administración a la hora realizar obras y construcciones de interés general”, explicaron los miembros de la Clínica Jurídica.
“El actual estadio de fútbol representa un atentado contra el patrimonio público de los huilenses, un atentado contra la moralidad administrativa del Estado, en virtud al daño fiscal producto de las irregularidades presentadas en el contrato al comprobarse que la obra se ejecutó sin el reforzamiento estructural requerido, no cumplía con las normas de sismo resistencia NSR-10, ni con los protocolos establecidos por la Fifa”.
“Es imprescindible e indispensable que se resuelva dicha vulneración de derechos colectivos y no esperar que se siga aplazando hasta cuando se solucionen todos los procesos judiciales y administrativos que se han derivado”, insistieron.
“Las autoridades y los servidores públicos tienen el deber constitucional de garantizar y proteger los derechos fundamentales, prevaleciendo el interés general sobre el interés particular”, acotaron.
Grave omisión
La Personería y la Clínica Jurídica consideraron que puede existir una responsabilidad por acción o por omisión por parte de las autoridades en su función pública, en virtud que en la ejecución y terminación de la remodelación y adecuación del escenario deportivo.
“Es urgente de una vez por todas que se defina la situación del Estadio realizándose las correspondientes reparaciones y remodelaciones con parámetros normativos y directrices, que permita el diseño de una infraestructura de calidad y seguridad”, anotaron los demandantes.
Otras demandas
Mientras la Alcaldía insiste en una cofinanciación con otras entidades, los posibles cooperantes, no logran desenredar los líos jurídicos de los aportes realizado para el fracasado proyecto.
La administración demandó al Ministerio del Deportes (antes Coldeportes) para que se liquide el convenio 258 de 2014 que le aseguró los recursos y se decrete la nulidad de los actos expedidos exigiendo el reintegro de los dineros aportados para la fallida remodelación por incumplimiento del convenio de cooperación. La demanda fue presentada en enero de 2020.
Idéntico procedimiento adelanta la Gobernación frente al convenio interadministrativo No.758 firmado el 8 de noviembre de 2013, con la Alcaldía de Neiva, la Gobernación del Huila y por Juan Carlos Peña Quintero, subdirector de Coldeportes.
El convenio permitió la cofinanciación de la remodelación por 21.200 millones de pesos. En caso de no prosperar la administración tendría que devolver los recursos aportados por Coldeportes, como lo proyecta la entidad.