La Contraloría de Neiva dejó en firme un fallo de responsabilidad fiscal contra tres ex funcionarios de la Alcaldía de Neiva, implicados en el pago irregular de exenciones de impuestos durante el mandato de la Cielo González Villa.
La medida afecta al ex secretario de Hacienda, Luis Aníbal López; al ex Tesorero, Yesid Orlando Perdomo Llano (implicados también en el escandalosa negociación con la firma Tigsa) y al ex juez de Ejecuciones Fiscales, Juan Carlos Ramírez Montoya, a quienes se les imputó el 21 de enero de 2013, la responsabilidad fiscal a título de culpa grave.
También cobija a la aseguradora La Previsora, como tercero civilmente responsable.
Los implicados deberán responder solidariamente por la suma de 574, 22 millones de pesos, correspondiente a la suma que se entregó a los timadores, más los intereses legales generados ($130 millones aproximadamente).
Por los mismos hechos, la Fiscalía 20 Seccional adelanta la investigación penal.
Falsos militares
La devolución fue solicitada por Jainer Parra Muñoz, un supuesto abogado, vestido de militar, quien reclamó con documentación falsa la suma 445,13 millones de pesos, producto de una exoneración de impuesto predial.
El timador se presentó con un falso poder otorgado por el coronel Danilo Gerardo Prada Mosquera, supuesto jefe de Finca Raíz del Ejército Nacional, para que cobrara los recursos. Durante el proceso se demostró que el sujeto tampoco era militar ni pertenece al Ejército.
Según la Dirección de Responsabilidad Fiscal, los ex funcionarios (Secretario de Hacienda y Juez de Ejecuciones Fiscales), sin cumplir con los requisitos exigidos por el Estatuto Tributario Municipal de la época, emitieron la Resolución No. 1337 de 2006 ordenando la devolución de los dineros pagados por concepto de impuesto predial de los periodos 2003, 2004 y 2005.
El secretario de Hacienda y el Juez de Ejecuciones Fiscales, ordenaron a la Tesorería la ilegal devolución de los dineros a los timadores que se hicieron pasar como representantes del Ejército Nacional. La orden quedó consignada en la Resolución 1337 expedida el 21 de septiembre de 2006 en la que ordenan la devolución de $445,13 millones, presuntamente con destino al Ejército Nacional, por corresponder a predios exentos, según el Estatuto Tributario. Pero era una farsa.
Los funcionarios, sin ningún trámite de verificación procedieron al pago en tiempo récord. No confirmaron si los bienes eran efectivamente del Ministerio de Defensa (no revisaron las escrituras, ni el certificado de libertad y tradición). Tampoco realizaron las visitas para determinar la destinación de los inmuebles como lo disponen los procedimientos legales.
Cuentas piratas
La Tesorería detectó que los soportes entregados por la Secretaría de Hacienda, corresponden a un documento bancario escaneado cuyos titulares eran particulares y no el Ejército como decía la resolución. El banco les confirmó que las cuentas eran piratas. “A pesar de las advertencias de los funcionarios de la Tesorería frente a estas irregularidades, se no dieron aviso a las autoridades competentes. Por el contrario, los recursos fueron girados el 27 y 28 de marzo de 2007 la suma de $445,13 millones a dos particulares, sin ninguna verificación.
Los dineros fueron hechos en dos giros electrónicos a personas naturales y no a entidades oficiales, pero además con soportes espurios.