La defensora del Pueblo en el Huila, Johana Elena Rojas Herrera, dialoga con LA NACIÓN sobre la disputa de los grupos ilegalmente armados en el Huila que tendrían en riesgo a 20 de los 37 municipios. Dijo que se está analizando emitir otra alerta temprana enfocada en Pitalito y sus alrededores.
Johan Eduardo Rojas López
Johan.rojas@lanacion.com.co
¿Cómo ha sido el trabajo de la Defensoría del Pueblo en una región donde se ha acrecentado la violencia?
Tengo que recordar que nuestra misionalidad constitucional se ciñe estrictamente a generar los escenarios de advertencia y de posible vulneración de derechos en el contexto, primordialmente, del Derecho Internacional Humanitario. Es decir, estamos permanentemente haciendo estudios en terreno de las conductas vulneratorias de los derechos de las personas, tanto en individual como en colectivo. Se advierten los hechos para evitar que ocurran y para eso necesitamos que existan respuestas rápidas, pero a veces no es así.
Defensora, ¿en el Huila cuántas alertas tempranas vigentes hay en la actualidad?
Johan, en el departamento hay nueve alertas tempranas vigentes actualmente, sin contar la última que es nacional. Tres de ellas tienen oficio de consumación de los hechos. Desde el año 2017 nosotros venimos analizando dicho escenario.
Eso genera mucha preocupación, ¿cómo lo manejan ustedes?
Esto nos enciende todas las alarmas para solicitar de la institucionalidad esa respuesta rápida de la que hacemos referencia. En el marco de estos documentos de advertencia, se solicita la activación de mesas de seguridad con las organizaciones de acción comunal y crear rutas de prevención de la estigmatización, porque recordemos que venimos de un proceso de paz que no termina aún de implementarse completamente para que estas personas regresen a la naturalidad. Eso no solamente implica la dejación de las armas, sino una activación en lo económico que les permita derivar de allí su propio sustento para que no exista el riesgo de volver a pertenecer a grupos armados. En esto hace muchísimo énfasis la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que tiene un pilar y un reto magistral en relación con los reincorporados, sus unidades productivas, su parte psicológica y, por supuesto, la no estigmatización de estas personas que dejaron las armas y que hoy en día están queriendo manejarse de otra manera.
¿Cuáles son los hechos de violencia que más preocupan?
Tengo que decir con gran tristeza que las conductas más recurrentes victimizantes en el Huila son: amenazas, homicidios individuales y colectivos, desplazamiento forzado, utilización de medios para generar terror, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y la que, a mí en lo personal, me parece muy grave es la interposición de la población civil en el conflicto, sea entre actores legítimos o entre los mismos grupos que se disputan el dominio territorial.
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Hablando de eso, ¿preocupa la ‘Paz Total’?
Hay unos grupos sentados en la mesa de negociación de la Paz Total y hay otros que no. Entonces, esto coloca en muchas dificultades a la Fuerza Pública, toda vez que ellos, en el campo de batalla, por decirlo de alguna manera, tienen que primero establecer o georreferenciar al grupo para determinar si es de ‘Iván Mordisco’, o de alias ‘Calarcá’, o de quién es, para saber si están o no en la mesa y poder refrenar el actuar. Eso se considera otra dificultad y un reto para quienes tienen que garantizar la seguridad de los nacionales y los huilenses.
Y, ¿esas conductas a qué poblaciones perjudican con mayor fuerza?
Estas conductas victimizantes van especialmente dirigidas hacia grupos de personas que generalmente están ahora en lo urbano, pero mayormente están en la parte rural. Los grupos más vulnerables, es decir, sujetos de riesgo en las alertas tempranas, son: los niños, niñas y adolescentes, con pertenencias étnicas algunos, así como mujeres, campesinos e indígenas. En cuanto a lo colectivo: líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos, autoridades propias de pueblos indígenas ancestrales, dignatarios de juntas de acción comunal, maestros, guardias campesinas, misión médica, sectores económicos, transportadores terrestres, fluviales y comerciantes. Además de colectivos y asociaciones que han participado en espacios de diálogo social, como la mesa de diálogo de paz del gobierno actual, firmantes del acuerdo final de paz del 2016, personas que han desertado de grupos armados organizados que están en el momento disputándose ese territorio y/o aquellos que guardan relación con integrantes de la Fuerza Pública, incluso de aquellos retirados o pensionados.
Básicamente, toda la población, ¿no?
Sí, prácticamente no se salva nadie. Entonces, esto nos preocupa sobremanera porque es población que está afectada y tiene muchísimo riesgo de ser más afectada. Esto nos deja, por supuesto, una gran cantidad de retos para poder encontrar una instancia de coordinación entre todas las instituciones.
Pero, ¿quiénes se han convertido en objetivo militar?
Quiero arrancar aclarando que no es correcto decir que nuestros niños, niñas y adolescentes quisieron irse al grupo armado. Eso no es correcto, porque recordemos que esa población tiene inmadurez psicológica y quien responde por ellos es su primer garante, que son sus padres, sus maestros y sus cuidadores. Ningún menor de edad se quiso ir a sus filas, sólo que son permeados en su psicología y les ofrecen una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque no tenemos entornos educativos seguros y porque no tenemos hogares con seguridad afectiva y alimentaria. Al no tener estos dos aspectos en los hogares, sobre todo en la parte rural, se convierte en un hecho de facilitación para que los grupos armados vengan a ofrecer mejor calidad de vida, dinero, -incluso para que les puedan enviar a sus padres-, manejo de armas, motocicletas, carros y personal. Allí es cuando llegan a este punto, dejándose seducir. Se van bajo el engaño y la amenaza y cuando llegan a los campamentos, se dan cuenta que perdieron su libertad y son secuestrados.
Entonces, ¿son ellos quienes se convierten en objetivo militar?
Johan, para llevárselos, también les dicen que prueben uno o dos años y que si no les gusta, se pueden devolver. Los menores, cuando regresan del campo de combate, ya están impactados psicológicamente y, además, tienen conocimiento de la estrategia de guerra, que no es una situación que agrade a los grupos armados. Es decir, si una persona que está por un par de años se entera de cómo son los movimientos dentro de ese frente, se vuelve inseguro que regrese a la vida civil y cuente qué es lo que pasa allí. Por eso se convierten en objetivos militares, y más para quienes se logran escapar o son recuperados mediante operativos militares y policivos. La lápida es la historia interna que se llevan de los campamentos. Los padres, en el excesivo cuidado de sus hijos, cuando estos regresan, deciden irse de los lugares donde habitaban para evitar, justamente, ser víctimas nuevamente de estos grupos armados, siendo desplazados por la violencia.
¿También se presenta la misma situación con líderes políticos?
A ver, se declara mediante elementos como panfletos y amenazas a funcionarios públicos o altos dignatarios, que si no se van durante cierto tiempo que los mismos grupos armados les dan para que abandonen el territorio, desplazándolos forzadamente, de lo contrario se convertirán en objetivo militar, es decir, que irán por ellos y atentarán contra sus vidas. Eso mismo pasa con las familias de los menores reclutados.

Ya que menciona lo de los funcionarios públicos, le pregunto: ¿Usted ha recibido amenazas?
No, afortunadamente no hemos recibido amenazas contra nosotros directamente. Nosotros vamos a lugares del territorio donde no llega la presencia estatal, hay que decirlo. En donde no existen necesidades satisfechas. Entonces, la defensoría llega hasta ahí y recoge esa realidad, la documentamos y la enviamos a las autoridades competentes para lo de sus competencias.
¿Y en esos territorios, con qué se encuentran?
Lo que vemos es que efectivamente hay un temor generalizado en la sociedad y en la comunidad, incluso hasta para contarnos las realidades del territorio. Ese hecho sí es generalizado; en las veredas de estos municipios se encuentra uno con la desesperanza y con la angustia de no saber qué va a pasar mañana. Pasa de todo.
Defensora, referenciando este panorama, hablemos de la última alerta temprana nacional en la que se hacen revelaciones preocupantes del Huila.
En la alerta temprana 001 del 2025 se están alertando departamentos como Amazonas, Caquetá, Meta, Cauca, Guaviare y Putumayo, en donde todos estos tienen menos de 10 municipios involucrados, pero el Huila, que también aparece allí, tiene 20 municipios alertados, entre esos: Aipe, Neiva, Villavieja, Algeciras, Gigante, Garzón, El Agrado, El Pital, Guadalupe, Saladoblanco, Suaza, Acevedo, Pitalito, Oporapa, Palestina, La Argentina, La Plata, Paicol, San Agustín e Isnos. Sin decir que ya hay unos lugares aquí que ya venían alertados.
Todo por la disputa entre ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’, ¿verdad?
Tengo que anotar que las agrupaciones comandadas por alias ‘Calarcá’ continúan en negociaciones de paz con el gobierno; Iván Mordisco y las estructuras bajo su mando se apartaron de dicho proceso en abril del año pasado, tras una evidente ruptura de la cúpula militar. Después del cruce de múltiples comunicaciones públicas que fueron ampliamente conocidas, el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, comandado por ‘Iván Mordisco’, ha irrumpido en los territorios hegemónicamente controlados por alias ‘Calarcá’ y este, a su vez, en aquellos dominados por el primero, es decir, dando comienzo a unas confrontaciones que aquí se advierten en la alerta.
Entonces, ¿el Huila podría ser una ‘bomba de tiempo’ en cuanto a la disputa por el territorio?
Viene siendo objeto de disputa, Johan. Nosotros no podemos, ni vamos a utilizar la expresión que usted subraya “bomba de tiempo”, solo advertimos que la región está en riesgo de que esa confrontación entre los grupos genere un desastre humanitario por esa disputa territorial que se menciona en la alerta temprana que es nacional. En consecuencia, la presente alerta temprana, que es la 001 del año 2025, advierte un riesgo inminente y extremo en clave de prevención urgente en protección. Es necesario que se actúe de manera rápida porque, de lo contrario, puede ser factible que se produzcan nuevas disputas diferentes a las que se están dando. Situación similar de alguna manera, ojalá nunca ocurra, a lo que está pasando en el Catatumbo.
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¿Quiénes operan en el Huila?
En el departamento operan los grupos disidentes bajo el mando de ‘Calarcá Córdoba’, conocidos también como ‘Estado Mayor de los Bloques y el Frente’, dentro de los cuales está el Bloque Jorge Suárez Briceño, que agrupa al Frente Iván Díaz, Darío Gutiérrez y Rodrigo Cadete. Por otra parte, están los grupos disidentes al mando de ‘Iván Mordisco’, que configuran el Bloque Central Isaías Pardo, que agrupa el Frente Ismael Ruiz y Hernando González Acosta, mayormente. Esos son los que más tenemos aquí, sin decir que nuestra colindancia con ciertos departamentos es perjudicial y por eso se habla de corredores de economías ilegales y conductas victimizantes. Hay otros frentes que vienen de otras regiones, cometen los delitos y se resguardan nuevamente.
Se habla de 20 municipios en el Huila en riesgo, ¿en los otros hay presencia o no de la guerrilla?
Johan, lo que hemos dicho a través del mecanismo de advertencia es que estos son los que están en riesgo. Por ahora, estos y quiera Dios que no sean más, pero no se podría decir a ciencia cierta si efectivamente los otros están lejos de ser impactados por estos grupos o, por el contrario, están al borde de ser impactados.
Defensora, y en el Huila, ¿hay presencia del Eln?
Digamos que en este momento, a través de las mesas y consejos de seguridad que hemos realizado, no tenemos la certeza de que haya presencia del Eln en el territorio. Estamos revisando porque, por allá en el año 2017, iniciando la implementación del acuerdo de paz, tuvimos unos estudios que nos indicaban que tal vez sí había presencia del Eln en el territorio, pero ahora la gran problemática está a cargo de estos actores armados ilegales que yo te acabo de mencionar.
Pero, si en el 2017 había presuntos indicios, ¿en estos años no se ha podido determinar?
No, porque existen unos requisitos y unos tamices que se deben tener para poder decir que efectivamente hay presencia de los grupos. Es una situación que tiene que ser confrontada y verificada en el terreno, mediante un trabajo juicioso.
Con su respuesta entiendo que posiblemente puede haber presencia del Eln en el Huila, es decir, no se descarta de tajo esa posibilidad.
Exacto, el hecho de decir que no se sabe no es que no exista, solo que posiblemente, y luego de que se puedan contrastar y verificar los datos, se dará a conocer esa posible injerencia.
¿Están trabajando en alguna alerta temprana nueva en el Huila?
Estamos haciendo unos estudios frente a los hechos tocantes al Derecho Internacional Humanitario en el municipio de Pitalito y sus aledaños, por razón de que allí ya se han dado varias ejecuciones en lo corrido del año anterior. Más o menos hacia la altura del mes de noviembre, teníamos noticia de más de 50 asesinatos, los cuales se le atribuyen a ejecuciones extrajudiciales, y eso genera, por supuesto, toda nuestra atención. Ahí estamos trabajando arduamente en sacar adelante mecanismos de advertencia de riesgo para la población. No obstante, están bajo estudio otros departamentos y otros municipios, incluso de acá del Huila, porque estamos hablando de más de la mitad del departamento impactado por la posible ocurrencia de hechos muy lamentables por cuenta de las conductas de los grupos armados.
¿Entonces viene otra alerta temprana nacional?
No lo sabemos aún. Por ahora tenemos este panorama expuesto. Siguen los estudios de otros panoramas, pero aún no se han convertido en mecanismo de advertencia.