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Farc y gobierno prolongan diálogos de paz 1 16 abril, 2024
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Farc y gobierno prolongan diálogos de paz

Farc y gobierno prolongan diálogos de paz 7 16 abril, 2024
Archivo AFP.

El gobierno nacional y la guerrilla de las Farc anunciaron este jueves que prolongarán dos días el actual ciclo de diálogos de paz en La Habana, dando una señal de cercanía de un acuerdo sobre el segundo de los cinco puntos de la agenda.

"Las delegaciones del Gobierno y de las Farc informan que con el objetivo de avanzar en la discusión y construcción de acuerdos en torno al segundo punto de la agenda, hemos convenido prorrogar este ciclo desde hoy (jueves) hasta el próximo lunes", dijeron las partes en un comunicado conjunto.

El actual ciclo, el decimosexto, iba a culminar este sábado.

El comunicado, leído a la prensa por el delegado de las Farc Marco Antonio Calarcá en el Palacio de las Convenciones de La Habana, sede de los diálogos, fue confirmado minutos después por el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle.

"Queremos confirmar que con la delegación de la guerrilla hemos tomado la decisión de prolongar la duración del presente ciclo durante algunos días, hasta el próximo 4 de noviembre, sin pausas de ninguna clase", dijo De la Calle a los periodistas.

"El ánimo es el de seguir buscando concreción de acuerdo en el punto dos, sobre participación ciudadana", agregó De la Calle, en alusión al tema que ambas partes discuten desde hace casi cinco meses.

Lograr pronto un consenso sobre un nuevo punto de la agenda es crucial para el presidente Juan Manuel Santos, que aspira a ser reelegido en los comicios de 2014 y cuya popularidad ha ido cayendo en las últimas semanas por la falta de avances en el proceso de paz, entre otras causas.

El punto de participación política establece las pautas para que los guerrilleros se incorporen al sistema político colombiano una vez que abandonen las armas. Incluso se ha hablado de que por ley se les garantizará una representación en el Congreso colombiano, al margen de las elecciones.

La guerrilla y el gobierno iniciaron los diálogos de paz en noviembre de 2012 con el fin de acabar un conflicto armado de casi medio siglo, pero hasta ahora sólo han alcanzado consenso en el primer punto de la agenda, el tema agrario, causa de la disputa que condujo a la creación de las Farc en 1964.

El 19 de noviembre se cumplirá un año del inicio de los diálogos de La Habana y Santos confiaba al inicio del proceso que para esa fecha estaría sellado un acuerdo de paz que condujera a la desmovilización de las Farc.

El movimiento conservador del expresidente Alvaro Uribe (2002-2010), que se ha convertido en el principal crítico de Santos, se opone al proceso de paz y propone volver a una estrategia de guerra.

"Nosotros hemos estado optimistas en que vamos por buen camino. Estamos haciendo todos los esfuerzos" para lograr un acuerdo de paz, dijo Calarcá, quien elogió un mensaje enviado el miércoles por De la Calle a los empresarios colombianos, pidiéndoles que apoyen el proceso de paz.

"Esas expresiones del doctor De la Calle alientan", expresó Calarcá, destacando que "es importante que la sociedad en su conjunto" apoye el proceso de paz.

El sábado, Santos pidió a las Farc "meterle el acelerador" a las conversaciones para "seguir avanzando en los acuerdos", a lo cual el jefe de la delegación guerrillera, Iván Márquez, respondió que para avanzar "se requiere además que no se sigan colocando obstáculos innecesarios a cada propuesta que hacemos".

De la agenda, quedan pendientes los temas relativos a las drogas ilícitas, reparación de las víctimas y desarme de los rebeldes, además de los mecanismos de refrendación de un eventual acuerdo.

Aunque el tema de la refrendación parecía un asunto accesorio, ha causado grandes controversias y demoras en el proceso. Santos quiere que un eventual acuerdo sea sometido a un referendo, mientras que la guerrilla propone que sea validado por una asamblea constituyente.

Otro tema que ha causado grandes disputas es el del "marco jurídico para la paz", una iniciativa de Santos avalada por el Congreso y la Corte Constitucional, que es rechazado por la guerrilla.