Esperanza Andrade
Sin cumplirse dos meses de 2021 no parece vayan a detenerse los feminicidios en Colombia y menos que se avance en erradicar una de las principales problemáticas del año pasado, acrecentada por la pandemia. En 2020 hubo 227 feminicidios, mientras 630 mujeres fueron asesinadas, sin tipificar feminicidio; y 11.000 informaron haber sido víctimas de delito sexuales, según la Fundación Feminicidios Colombia. Números escalofriantes, angustiosos, que de ninguna manera pueden quedar en la simple estadística.
Y en lo corrido del nuevo año ya contamos 40 feminicidios, lo más atroz de la violencia de género: Mayra Orobio, apenas 11 años, brutalmente torturada, violada y asesinada; Isabel Sánchez, 22 años, asesinada por su pareja, le disparó en la cabeza y luego se suicidó. ¡Cobarde!; Luz Estela, 50 años, vivía con su hijo. Le pidió a Fredy Mosquera apagar luces para ahorrar energía. El hombre la atacó con un arma cortopunzante y la asesinó…Quiere decir que continuamos por el mal camino del horror y la tragedia familiar, que se repite, con móviles similares, pero por diversas razones no para.
Decíamos arriba que con el Covid-19 y el obligado encierro familiar aumentaron los casos porque las mujeres han estado más expuestas a la violencia dentro de sus casas. Y es que los patrones de agresión son la cercanía de la víctima con el victimario, el calvario de ataques y maltratos y la crudeza lo más vil de los machismos. Todo, previa violencia física, psicológica, sexual o económica. Y aunque en la mayoría de casos las mujeres denunciaron no recibieron protección ni fueron atendidas como la apremiante situación exigía. Injusto porque investigaciones advierten que el 25% de las muertas había reportado al agresor; 17% poseía una orden de restricción de contacto o perimetral; y otro 4% contaba con un botón antipánico.
Hoy existe un poco más de conciencia y atención. Hay medidas en lo jurídico, social y cultural, pero falta más recursos para los programas designados; acabar la impunidad; reparaciones a las víctimas; brindarles servicios jurídicos gratis; crear la Oficina de Género de la Policía; garantizarles oportunidades e independencia económica, entre otros.
El compromiso de todos es informar y no callar, porque la tarea no es exclusiva de las autoridades o las propias víctimas. Insistiré en el Congreso en tramitar el proyecto de ley que castiga con prisión perpetua revisable a los feminicidas. Y en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer seguiremos trabajando en generar nuevas estrategias de defensa y prevención para que nuestras mujeres vivan en paz, tranquilidad y con esperanza.