La Nación
INVESTIGACIÓN

Feria de contratos en la Asamblea generó un grave detrimento

Feria de contratos en la Asamblea generó un grave detrimento 1 13 agosto, 2020

La Contraloría compulsó copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que adelanten las investigaciones por un posible detrimento por 483,16 millones de pesos, destinados para pagar favores políticos.

 

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

 

Confirmado. Con recursos públicos, la Asamblea Departamental, terminó financiando a sus asistentes, encargados de coordinarles sus actividades proselitistas en la pasada campaña política.

La denuncia hecha en junio pasado por LA NACIÓN quedó confirmada. La Contraloría validó la información sobre el nombramiento de por lo menos 57 asistentes, sin que tuvieran que marcar tarjeta como cualquier otro servidor público.

La feria de contratos para asistentes de los diputados terminó generando un posible detrimento patrimonial por 483 millones de pesos.

Durante el último periodo ‘legislativo’ se otorgaron 57 contratos de prestación de servicios, la mayoría unidades de apoyo para los diputados, sin funciones definidas, sin claras metas de cumplimiento, pagados con recursos públicos.

Pero en realidad estas unidades de apoyo se han convertido en la mayoría de los casos en una forma de pagar favores políticos. De ahí que no estaban sometidos como el resto de servidores públicos.

Parte de los recursos para ampliar la frondosa nómina de asistentes la corporación utilizó recursos programados para financiar los costos de la convocatoria para la selección del nuevo contralor, lo que generó polémica entre varios diputados.

González Henao confirmó que en efecto, como lo denunció LA NACIÓN, en junio pasado, se realizó un contracrédito con destino a financiar los servicios técnicos, según Resolución 026 de 2019. No obstante, aseguró que en el mismo rubro se asignaron 30 millones de pesos para financiar los costos de la convocatoria para la elección de Contralor.

 

A control remoto

La distribución de los asistentes se realizó de manera inequitativa, lo que generó choques internos en la corporación y provocó la renuncia de los vicepresidentes.

A todos los diputados les asignaron asesores que operaban a control remoto encargados de mover sus campañas políticas en las regiones de origen. Por esa razón, la gran mayoría funcionaba en otros municipios distintos a Neiva. No cumplían horario, ni marcaban tarjeta. Tampoco asistían a las sesiones, no tenían metas, no presentaban informes ni rendían cuentas.

Además, la vinculación se realizó desconociendo los procedimientos administrativos.

“Lo que se pudo dilucidar es que la descripción de la necesidad es un palmario calco en los referidos estudios previos. No se estableció el estado especificidad entre uno y otro contrato, teniendo en cuenta que no todos ostentan la misma calidad profesional ni mucho menos idéntico objeto contractual.  En todos los contratos se evidenció un marcado derrotero para efectos de suplir con lo descrito en el objeto”, reportó Edwin Alexis Artunduaga, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana de la Contraloría, encargado de la investigación.

“Por consiguiente se patentizó por el mismo estado en que se encuentran los documentos adosados a esta entidad, que se efectuó una contratación masiva de agentes para ejercer las mismas obligaciones entre las cuales se destaca la de servir de apoyo a la gestión en la oficina de los diputados de la asamblea”, anotó.

El veedor ciudadano Zoilo Cháux, le pidió celeridad para esclarecer los hechos denunciados por LA NACIÓN.

 

Los asistentes

El ex presidente, William González Henao, tuvo dos asesores personales y seis asistentes que le movían su campaña, especialmente en el sur del Huila.  Su copartidario Javier Silva tuvo siete asesores y cuatro más la ex vicepresidente Clara Inés Vega, quien luego renunció por las supuestas irregularidades.

González Henao contrató para su despacho ocho funcionarios (Dos asesores, un periodista y cinco asistentes. Entre ellos figura el asesor jurídico Franky Alexánder Vega, ex candidato a la Alcaldía de Pitalito y actual secretario de Gobierno Departamental y la asesora financiera Yurley Acosta Cerón.

El asesor jurídico devengó 30 millones de pesos. La asesora financiera recibió un contrato de servicios técnicos por 17,5 millones de pesos.

Además, contrató seis auxiliares a control remoto, que nunca asistieron a la Asamblea y cobraron  sus emolumentos por labores al parecer proselitistas en otros municipios, entre ellos Paula Andrea Durán Camargo, Sol Disleidy Saldaña Duque, Grenfell Lozano Guerrero, Óscar Andrés Murcia Tovar, Ignacio Córdoba Delgado y Karol Julieth Pérez Laguna.

Los asistentes tienen una asignación mensual  promedio de un millón doscientos mil pesos. Sin embargo, todos varían por el periodo de contratación.

 

Feria de contratos en la Asamblea generó un grave detrimento 2 13 agosto, 2020
La contratación se realizó desconociendo los procedimientos legales.

 

En el llavero

El diputado Javier Silva Lara del Partido de la U,  tuvo siete asistentes: Gloria Angélica Muñoz, John Jairo Pinto Lara, José Leiner Rojas, Lino Fernando Salazar, Deiro Fernando Charry, Juan Pablo Bolaños y Angélica María Aroca.

La diputada Clara Inés Vega de Cambio Radical contó con cuatro asistentes: Angélica Gisselle Muñoz, César Augusto Bahamón, Luz Dely Sánchez y John Fredy Sánchez.

El secretario General, Jorge Enrique Valbuena tuvo dos cargos: un auxiliar en comunicaciones y un asistente.

 

Otros asistentes

Al diputado José Eustasio Rivera Montes del Partido de la U le asignaron tres asistentes: Leidy María Pérez, William Fernando Puentes y Yeison Rinel Tique.

El diputado Orlando Ibagón del Partido Liberal tuvo tres asistentes: Ana Mildred Quinayá, Mónica Andrea Pedroza y Damaris Toledo. Los demás diputados tienen dos asistentes y sólo Jesús Antonio Peña tuvo un asistente.

Los contratos fueron adjudicados directamente,  a término fijo pero de se prorrogaban de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

Los auxiliares, vinculados por contratos de prestación de servicios funcionan como unidades de apoyo legislativo como ocurre en el Congreso. Solo que aquí, se sobrepasaron y se asignaron en forma desventajosa.

 

Inconsistencias

Según el Jefe de Participación Ciudadana de la Contraloría los estudios previos de la mayoría de procedimientos contractuales versaban exactamente sobre lo mismo, tenían idéntica redacción a pesar de las diferencias de los objetos contractuales y responsabilidades.

Como punto de inflexión concluyó que los contratistas quienes tenían entre sus obligaciones rendir un informe mensual de su gestión. Sin embargo, nunca lo hicieron, o por lo menos no se aportaron los respectivos soportes.

A pesar de la insistencia, la corporación nunca los certificó. “No obra dentro de la actuación administrativa prueba siquiera sumaria de tal ejecución de acuerdo con las obligaciones de los contratistas plasmadas tanto en los estudios y documentos previos con los vínculos negociales y contractuales. Tampoco aparecieron las actas, los soportes e informes de las actividades desarrolladas. Solo aparecían los informes de supervisión expedido por el Secretario General de la corporación que no constituyen medios idóneos y pertinentes para demostrar el cabal cumplimiento del objeto contractual y el desarrollo de las gestiones encomendadas”.

Ante la carencia de soportes de ejecución que podrían dar fe de las actividades ejecutadas se presume la inexistencia de tales eventos,

En este sentido estos agentes han cometido presuntas actuaciones que no corresponden al desarrollo de los fines que se buscan por medio de la celebración de un contrato. Una vez analizada la contratación la Contraloría constató que  no fueron publicados los estudios y documentos previos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), desconociendo las obligaciones de la contratación estatal. Por esta razón compulsó copias a la Procuraduría para que investigue estas omisiones. Igualmente compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para examinar una posible contratación sin el cumplimiento de requisitos legales.

 

Detrimento

Al examinar la feria de contratos, la Contraloría determinó un posible detrimento patrimonial  estimado en la suma de 483,16 millones de pesos.

En estas condiciones remitió el expediente a la  Oficina de Responsabilidad Fiscal para que inicie las actuaciones correspondientes para determinar las conductas que se hubieren cometido por un menoscabo, disminución, pérdida o uso indebido de recursos públicos.

Como presuntos responsables vinculó al ex presidente de la corporación William González Henao y al ex secretario General, Jaime Enrique Valbuena, en calidad de supervisor.

 

Algunas inconsistencias

Contrato No. 01 de 2019: No se evidencia publicación de los estudios previos,  tiene registro presupuestal con fecha posterior a la firma del contrato.

Contrato 03 de 2019: con fecha 7 de enero y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) tiene fecha de 9 de enero, lo que puede constituirse como contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Contrato 04 2009, fecha del contrato: 7 de enero y el CDP se expidió el 9 de enero, puede constituirse en contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Contrato 05 de 2019, no se evidencia publicación de los  estudios previos. El registro presupuestal es del primero de febrero de 2019 y tiene acta de inicio del 10 de enero de 2019 según lo indicado en el contrato adicional. (No se evidencia publicación)

Contratos 06 y 07 de 2019: no se evidencia publicación de los estudios previos ni acta de inicio. El contrato tiene fecha primero de enero de 2019  y el registro presupuestal tiene fecha del primero enero, el CDP fue expedido el 11 de enero y el registro presupuestal fue expedido el primero de febrero y el acta de inicio el 11 de enero.

Contratos 012, 015, 016, 021, 030,034 y 036 de 2019: No se evidencia publicación de los estudios previos ni acta de inicio. El registro presupuestal es de fecha de 6 de marzo de 2019.

Contratos 043 y 047. No se evidencia publicación de los estudios previos ni acta de inicio. El registro presupuestal fue expedido el 22 de abril.Segun contrato adicional fecha de inicio 19 de marzo.

Contrato 050 de 2019: No se evidencia publicación de los estudios previos ni acta de inicio. El registro presupuestal tiene fecha del primero de marzo. Sin embargo, según el registro presupuestal pertenece al contrato 050 a nombre de otra auxiliar vinculada por contrato 044.