RICARDO AREIZA
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La Fiscalía General de la Nación tendrá que cancelar una de las más altas condenas que haya recibido por una captura masiva realizada en el Huila hace 16 años, soportada con falsos testigos.
La entidad tendrá cinco días para pagar 5.049 millones de pesos y diez días para presentar las excepciones. El mandamiento de pago fue ordenado ayer por el Tribunal Administrativo del Huila, acorde con la sentencia proferida el 15 de julio de 2015.
La decisión cobró ejecutoria el 7 de diciembre de 2015, al no interponerse recurso alguno, por los perjuicios ocasionados a las víctimas.
Por perjuicios morales e intereses causados hasta el 28 de febrero de 2018, la Fiscalía tendrá que cancelarle a las víctimas y a sus familiares, 4.981 millones. Además, otros 68 millones de peso para 17 demandantes por perjuicios materiales (lucro cesante) e intereses causados hasta esa misma fecha. La reparación, sustentada por el abogado Hugo Tovar Marroquín, favorece a 178 personas, entre víctimas y familiares, algunos fallecidos.
El montaje
La ‘Operación Margareth’ fue ordenada por la fiscal especializada Cecilia Giraldo Saavedra, tras los frustrados diálogos de paz realizado en El Caguán.
El envolvente operativo dirigido por el coronel Joaquín Correa López, terminó con la detención arbitraria de 37 personas, entre ellos el concejal José Arce Zúñiga, la docente Elvia María Trujillo (quien falleció posteriormente), los policías Edgar Culma Soto y Luis Eduardo Burbano, además de numerosos campesinos y comerciantes, sindicados falsamente como miembros de las Farc.
La gigantesca operación fue realizada el 13 de julio de 2002 en los municipios de Nátaga, Tesalia, La Plata, Íquira y Neiva por un falso testimonio que rindieron ante la policía, Farith Motta González y César Augusto Navarro, supuestos desertores de las Farc.
El director nacional de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert, los presentó en Neiva, con un gran despliegue mediático nacional, como supuestos milicianos del frente ‘Joselo Losada’ de las Farc.
La polémica fiscal Cecilia Giraldo, quien pereció luego en el atentado en Villa Magdalena, les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, rebelión y porte ilegal de armas.
La Fiscalía Segunda Delegada ante los Juzgados Penales de Circuito Especializado de Neiva, a partir del testimonio de los dos falsos testigos abrió investigación penal el 10 de julio de 2002 contra Alfonso Ramos Cabrera, Elvia María Trujillo de Perdomo, Isaías Andrade Ramírez, Fortunato Noscué Palma, Carlos Eduardo Ramírez Trujillo, Adalberto Pérez Lozano (fallecido) Eliana González Castillo, Alexander Velásquez Peña, entre otros.
Las órdenes de captura contra se hicieron efectivas el 13 de julio de 2002 en allanamientos y registros realizadas simultáneamente. También fueron detenidos ilegalmente Germán Basto Briñez, Jiovanny Medina Suns, Reinel Andrade Leguízamo, Angelino Leiva Leiva, José Oliderney Daza Cerquera y Edinson Yuco Yuco, quienes fueron aprehendidos por vía administrativa, y 23 personas más.
La Fiscalía les imputó los supuestos delitos de concierto para delinquir, rebelión y porte ilegal de armas.
Los procesados, actores de la demanda, estuvieron privados de la libertad durante seis meses, con medida de aseguramiento, hasta el día en que obtuvieron la libertad.
Falsos testigos
Las capturas fueron ordenadas por las versiones que entregaron los supuestos desertores, Farith Motta González y César Augusto Navarro, quienes luego aparecieron como testigos pagos.
Motta, fue informante del DAS, afirmó que estuvo en el frente 14 de las antiguas Farc y luego en la quinta compañía de la columna Teófilo Forero. Finalmente confesó que era paramilitar. Después terminó denunciando que cinco atentados terroristas registrados en Bogotá, entre el 26 de junio y el 7 de agosto de 2006, día en que comenzaba el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe, fueron montajes, de los cuales cuatro fueron frustrados y un carro-bomba estalló el 31 de julio, dejando un muerto y 19 soldados heridos.
La preclusión
Al final la propia Fiscalía demostró la falsedad de las imputaciones y archivó la investigación.
“Las versiones del testigo Farith Motta fueron desestimadas por registrar problemas mentales, como consecuencia de un accidente. En estas condiciones no ofrecía garantía su versión y por el contrario los testimonios practicados a favor de los sindicados, los señalaban como personas de bien y trabajadores, siendo precluida la investigación en virtud de la presunción de inocencia”, afirmó Tovar Marroquín.
Las mentiras
Después demostrar las falencias de las imputaciones, la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Penales de Circuito, les precluyó la investigación el 5 de julio de 2006.
La misma Fiscalía concluyó que las versiones de los testigos Motta y Navarro, pilares probatorios de la investigación, “no fueron verificados acerca de la verdadera existencia de los hechos”. Además, precisó que el primero de ellos, Farith Motta, un dentista tramposo, es señalado por familiares suyos “como una persona irresponsable, inestable, con problemas mentales fruto de un accidente de tránsito que sufrió” y “es conocido por sus paisanos como un delincuente astuto para engañar a los campesinos y no cumplirles los trabajos de dentistería”.
Lista de beneficiados
La reparación integral beneficia a 178 personas, entre víctimas y familiares. Por la privación injusta de la libertad de la que fueron objeto serán indemnizados, entre otros, Luis Edinson Yuco Yuco, Angelino Leiva Leiva, German Basto Briñez, Adalberto Pérez Lozano (fallecido), Jiovanny Medina Suns, Alfonso Ramos Cabrera, Elvia María Trujillo de Perdomo (fallecida.), Isaías Andrade Ramírez, Fortunato Noscué Palma, Alexander Velásquez Peña, Carlos Eduardo Ramírez Trujillo, Reinel Andrade Leguízamo, Eliana González Castillo y José Oliderney Daza Cerquera en calidad de víctimas. En total 178 personas, familiares y herederos procesales serán reparados.