La Nación
Fiscalía desnuda corrupción en Empresas Públicas de Campoalegre 2 29 marzo, 2024
INVESTIGACIÓN

Fiscalía desnuda corrupción en Empresas Públicas de Campoalegre

Tres ex gerentes de la Emac y siete empleados del equipo contable y operativo de la entidad fueron imputados por peculado. La Fiscalía confirmó pagos simulados y giros por obras no ejecutadas. La Contraloría develó otras anomalías.

 

RICARDO AREIZA

Unidadinvestigativa@lanación.com.co

Lo que parecía un solo fraude por el pago de obras no ejecutadas, terminó en una ola de corrupción en serie en las Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre (Emac) que ‘enreda’ hoy a diez funcionarios de la entidad.

La Fiscalía les imputó varios delitos por una millonaria defraudación, pagos simulados y giros por obras nunca ejecutadas.

Las irregularidades fueron detectadas en el 2015 por la Oficina de Control Interno durante una auditoría realizada a la Empresa de Servicios Públicos. El informe, reportado a los organismos de control, originó las investigaciones fiscales, penales y disciplinarias en pleno desarrollo.

La auditoría exprés iniciada por la Contraloría confirmó dos giros realizados al finalizar la administración por obras que nunca se ejecutaron. Además, develó otras anomalías en contratos de suministros, falsas campañas de capacitación, compra de materiales y provisión de combustibles y lubricantes.

Según la auditoría, se giraron recursos públicos de forma indebida, configurándose 22 irregularidades con incidencia fiscal, administrativa, penal y disciplinaria que hoy tiene ‘enredados’ a tres ex gerentes, al equipo contable, a los contratistas y a otros funcionarios de la empresa de servicios públicos.

Inicialmente la Contraloría estimó el desfalco en 36 millones de pesos. No obstante, la Fiscalía, profundizó las irregularidades y descubrió que esta no era la única. Las irregularidades venían ocurriendo desde febrero de 2012.

La defraudación finalmente fue estimada en 88 millones de pesos, pero las demás anomalías detectadas siguen intactas.

La imputación

Según la Fiscalía, en este caso, se presenta la probable “creación de una empresa criminal con el propósito de cometer delitos encaminados a defraudar patrimonialmente a la Empresas Públicas de Campoalegre (Emac), mediante la simulación de contratos de diversa fecha, tipología, objeto y valor”.

El organismo investigador estableció “la existencia de siete contratos de  los cuales se efectuaron pagos por anticipo, parciales y/o totales, mediante el giro de 16 cheques que fueron cobrados en su totalidad con endoso falso, por algunos de los concertados”.

También en febrero de 2015, comenzando la nueva administración, la gerente de la Emac, Gloria Meldrey Artunduaga Lizcano, actuando de común acuerdo con el tesorero y una particular, se apropió en provecho de ésta última de una suma de dinero mediante otro pago fraudulento al simulado.

“Es decir, se realizó con un cheque cobrado con endoso falso por dicha dama, quien se apropió del dinero sin justificación alguna”, precisó el fiscal del caso durante la audiencia de imputación, iniciada el miércoles pasado.

La imputación terminó el viernes ante la juez Primera Promiscuo Municipal de Campoalegre.

Los ex funcionarios presuntamente comprometidos en las anomalías fueron imputados en principio por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

Los implicados

Por estas conductas deberán responder el ex gerente de la entidad, Daniel Fernando Martínez Falla; el contador Andrés Barreiro Soto, quien figuraba como​ Tesorero-Pagador,

La contadora Gloria Meldrey Artunduaga Lizcano, en calidad de ex gerente y el jefe de Control Interno, Wilson Hernández Calimán.

Además, la Fiscalía vinculó a la subgerente administrativa Socorro Ramírez Flórez, al subgerente Técnico operativo y ambiental Edgar Andrés Tovar Galindo y al entonces jefe de Control Interno Miguel Ángel Díaz Losada.

Asimismo fueron vinculados al proceso penal en calidad de intervinientes  Héctor Fabio Peña Vanegas, Jair Alfonso Silva Martínez y ​Lina María Giraldo Perdomo.

La Juez de Garantías programó para los meses de julio, agosto y septiembre las audiencias de solicitud de medida de aseguramiento contra los diez implicados.

El primer hallazgo

Según la Contraloría, Daniel Martínez Falla, terminando el mandato de Neyla Triviño giró dos cheques iniciales, sin existir ninguna obligación a un supuesto contratista. Luego, ante los reclamos de algunos funcionarios, intentó legalizarlos con un contrato cuya ejecución no se probó.

“No se dejó evidencia del cumplimiento; no existe informe detallado de las actividades realizadas del contratista ni los materiales utilizados”, según el informe.

El funcionario suscribió  el contrato de prestación de servicios No. 067 el 4 de agosto de 2014 para realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de alcantarillado en algunos sectores de la zona urbana (ver cuadro adjunto). El contrato incluía el retiro de sedimento y demás residuos que obstruyan la red, para prevenir rebosamientos durante la temporada invernal.

El documento registraba otras inconsistencias: Por ejemplo, el plazo de ejecución era de 43 meses (tres años y medio) y el plazo señalado en el acta de liquidación era de tres meses. El valor inicial era de 31,5 millones pero se pagaron, sin contrato, anticipadamente 34 millones.

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Obras ficticias

Sin que existiera contrato alguno y sin ninguna justificación  el gerente Martínez Falla entregó inicialmente a un particular recursos públicos por 18 millones de pesos, según los comprobantes de egreso Nos. G-001-380 por valor de 15 millones y G-001-385 por tres millones de pesos, ambos a favor de Diego Armando Trujillo.  Los pagos se hicieron con los cheques 526025 y 526030 del Banco de Colombia.

El 4 de agosto, el mismo día en que aparece firmando  el supuesto contrato se realizó otro pago por cuatro millones de pesos (comprobante de egreso G-001-459).

Los dos últimos pagos se realizaron el 17 de febrero  de 2015 por 2,5 millones y el 9 de abril de 2015 por nueve millones, según comprobantes de egresos G-001-098 y G-001-163  para un total de 34 millones de pesos, “entregados a un particular como contraprestación por unos servicios que aparentemente no se prestaron”, según el reporte de auditoría obtenido por LA NACIÓN.

 

Fiscalía desnuda corrupción en Empresas Públicas de Campoalegre 9 29 marzo, 2024
Sector donde se haría la reposición.

Sin certeza

Aunque no existe certeza dela ejecución de las obras, apareció una certificación expedida por la Gloria Meldrey  Artunduaga Lizcano, en calidad de supervisora, quien no tenía esa facultad, asignada al jefe operativo.

Además, la funcionaria quien fungía como gerente encargada, firmó el acta de liquidación  y certificó el cumplimiento del contrato, basada, en una supuesta verificación efectuada por el subgerente técnico operativo, a quien la correspondía la supervisión.  Sin embargo, no se encontró ningún documento ni soporte sobre la ejecución.

“Estamos ante la inversión de unos recursos públicos, de los cuales no se tiene certeza sobre su ejecución en los términos pactados”, anotó la Contraloría.

La única certificación que se refiere a su cumplimiento fue expedida por quien no tenía la calidad de supervisor; además, su fecha de elaboración, según lo consignado resultó ser del 3 de noviembre de 2015, una fecha que no corresponde al tiempo durante el cual se ejecutó y terminó el contrato.

“Sobre este contrato se hicieron dos pagos antes de firmarse, circunstancias que permiten inferir de manera razonada que durante la ejecución del contrato, no se realizó una supervisión sobre el mismo, de suerte que, se desconoce si se realizaron los mantenimientos contratados o no, además de la posible legalización de hechos cumplidos”, reportaron los auditores.

“Así las cosas- dijeron- ante la ausencia de soportes sobre la ejecución y/o avance del contrato, y sin que se hubiere observado que para el pago, se hubiere efectuado la liquidación debidamente suscrita por el Subgerente Técnico Operativo, como lo señalaba la cláusula cuarta contractual, existen indicios, que permiten inferir, que el contrato no se cumplió en los términos pactados”.

Otros procesos

Por estos hechos, la Contraloría le abrió un juicio de responsabilidad fiscal el 8 de noviembre de 2017. A  Martínez Falla le imputó responsabilidad  fiscal a título de culpa grave. La misma conducta le fue atribuida a Gloria Meldrey Artunduaga, en calidad de gerente encargada y a Jorge Eliécer Vásquez, quien se desempeñó en la época de los hechos como gerente encargado y a Diego Armando Trujillo, el supuesto contratista, beneficiario de los recursos públicos, “sin la certeza de haber ejecutado las obras”.

Adicionalmente, el procurador Provincial de Neiva, Yofran Mauricio Silva González, en otro proceso disciplinario, le formuló cargos, por los mismos hechos y a finales del año pasado se produjo una primera sanción de suspensión.

Igualmente vinculó al proceso disciplinario a Andrés Barreiro Soto, en su calidad de tecnólogo en recursos físicos y presupuesto de la misma entidad al haber expedido los comprobantes de pago por obras no ejecutadas.

Otras irregularidades

La empresa canceló a  contratistas un valor más alto al pactado, sin justificación alguna para ello. También se detectaron anomalías en el suministro de  tubería PVC por 36 millones de pesos, sin  los certificados de registro presupuestal. Al verificar la entrega y disposición final de los bienes objeto de la compra, no se comprobó el destino final, no se localizaron los soportes que puedan evidenciar los beneficiarios a quienes les fueron entregados dichos bienes, el proyecto que se atendió, ni la ubicación donde se efectuaron los trabajos. Estos elementos debían ser utilizados para la reposición de tubería sanitaria cerca al puente sobre la quebrada La Caraguaja. “Lo que permite presumir que la empresa no tiene soportes que den cuenta sobre el destino cierto y utilidad dada a los elementos”, señala el documento.

Tampoco se encontraron evidencias de su ejecución en  el contrato de suministro No.13 de 2014 a nombre de María Elena Trujillo Guzmán, para suministrar dotación de educación ambiental, por valor de $22millones.

Además,  confirmaron irregularidades en los  contratos de prestación de servicios 018, 062, 078, a nombre de Gloria Arizabaleta de Paredes; No.27 a nombre de Martha Edith Rojas  y 66 suscrito con Jairo Feria Navarro, adjudicados en el mismo tiempo, con el mismo objeto, para efectuar campañas  de educación ambiental sin ninguna trascendencia e impacto en la comunidad. El valor fue de 166.6 millones de pesos y los contratistas no demostraron idoneidad ni experiencia en su ejecución, no pagaron impuestos y no tenían conocimiento en conservación de la microcuenca del río Frío. Sin embargo, cobraron sus servicios.

Igual ocurrió con el contrato de consultoría No.3 de 2014, a por valor de $36,5millones de pesos, sin los soportes que clarifiquen  de manera precisa el cumplimiento del objeto contractual. No se hallaron constancia de las actuaciones previas realizadas por el contratista, para llevar a cabo el estudio de la actualización del plan institucional.

También detectaron que los saldos que presentan los extractos la cuenta de ahorros Utrahuilca al finalizar los meses de mayo a diciembre de 2014 no corresponden a los movimientos débitos y créditos efectuados.

Asimismo, destaparon anomalías en los contratos de suministro de combustibles y lubricantes el comerciante Edgar Perdomo por 156 millones de pesos. No presentó soportes sobre el suministro de combustibles (gasolina corriente, gasolina extra y Acpm) a vehículos de particulares que no tenían ningún vínculo contractual con la empresa, a otros carros oficiales, así como el suministro de Acpm para una retro excavadora y volqueta, cuando la empresa carece de maquinaria pesada y no existe contratación por arrendamiento de tal maquinaria.