El ministro del Interior, Alfonso Prada, radicó ayer ante el Congreso el proyecto de reforma política. Uno de los principales cambios que se plantea es la eliminación de las competencias a la Procuraduría y Contraloría para sancionar a los funcionarios de elección popular.
En las instalaciones del Congreso de la República, el ministro del Interior, Alfonso Prada, radicó el proyecto de reforma política. Dentro de los puntos claves que tiene este proyecto de reforma política es que pretende modificar los artículos 40, 107,108, 109,172, 177, 181 y 262 de la Constitución Política.
Derechos políticos
Exceptuando la pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial que sea competente en el proceso penal. En este aspecto, la Procuraduría no podría limitar los derechos políticos de los alcaldes y gobernadores, como pasó en la pasada campaña electoral.
Personería jurídica
En este ítem, el proyecto de reforma política expone que se reconocerá personería jurídica como movimiento político a las organizaciones políticas que demuestren tener una base de afiliados compuesta al menos por el 0.2% del censo electoral nacional.
Por ende, los movimientos políticos solo tendrán derecho a postulación de listas y candidatos si cumplen con las siguientes reglas:
- En las elecciones en circunscripciones territoriales, siempre que hayan demostrado un número mínimo de afiliados del 1% del respectivo censo electoral.
- En las elecciones de carácter nacional, siempre que hayan demostrado que cuentan con una base de afiliados que residen en, al menos, un número de circunscripciones territoriales cuyos censos electorales sumados superen el 50% del censo electoral nacional.
¿De un partido a otro?
Otro de los puntos que toca esta reforma política es que un congresista tenga la posibilidad de pasar de un partido a otro, algo que ha generado polémica en diversos sectores políticos. En el proyecto radicado por el ministro del Interior, este punto tiene una condición y es la siguiente: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones”, dice el proyecto,
“Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, autorizase, por una sola vez, a los miembros de los Cuerpos Colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia”, aclara la reforma.
Campañas políticas
Finalmente, otro de los puntos que toca esta reforma es la financiación de las campañas políticas. En este ítem, según el documento, el financiamiento será exclusivamente estatal, bajo el sistema de anticipo del 50 % y el restante 50 % se realizará por reposición de votos.
Más detalles
Otro de los incisos y que ha sido más cuestionado es el que busca que para elecciones regionales y nacionales queden prohibidas las listas abiertas, de voto preferente, y se implementen únicamente las planchas cerradas a modo cremallera, como las que utilizó el Pacto Histórico en las pasadas elecciones legislativas del 13 de marzo.