Después de Semana Santa se determinará la suerte del escenario deportivo. El Tribunal Administrativo del Huila convocó la audiencia de Pacto de Cumplimiento sobre la fallida remodelación. Otra acción popular propugna por la demolición.
RICARDO AREIZA
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Una acción popular exigiendo una solución definitiva para el estadio de Neiva ‘Guillermo Plazas Alcid’ se abrió paso en el Tribunal Administrativo del Huila.
La acción judicial, admitida el pasado primero de septiembre, reclama en concreto la terminación de la remodelación total del escenario deportivo, o, en su defecto, en caso de resultar inviable la restauración, la construcción de un nuevo estadio.
La iniciativa fue sustentada por el personero de Neiva, Kleiver Oviedo con el decidido concurso de la Clínica Jurídica de Interés Público, Grupo Investigativo de Intervención Social orientado por el docente Oscar Javier Reyes Pinzón, actual jefe de Programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana.
El medio de control fue radicado el 25 de agosto del año pasado para definir de una vez por todas, por medio judicial, la suerte del escenario deportivo, en grave deterioro por la fallida remodelación iniciada en el 2014.
El magistrado Ramiro Aponte Pino, convocó para el próximo 27 de abril, en plena Semana de Pascua, la audiencia de Pacto de Cumplimiento, con todos los actores directamente comprometidos en la financiación y ejecución de las obras.
Durante esta instancia judicial el magistrado podrá escuchar a todos los actores sobre los alcances de la demanda de protección de los derechos colectivos, y, explorar una eventual conciliación.
A esta audiencia fueron convocados en primera instancia el Ministerio del Deporte, el Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva, como financiadores de la obra.
Además, fueron convocados los representantes legales del consorcio Estadio 2014, encargados de la construcción y del consorcio Interventoría Estadio 2014.
Concurrirán el Procurador Judicial David de La Torre y los autores de la acción popular.
En esta primera audiencia se explorará un eventual acuerdo de voluntades para prevenir la vulneración de los derechos colectivos, o para obtener su oportuna y efectiva reparación y protección, permitiendo una terminación anticipada del proceso y la solución de la situación que reclaman los autores.
Según el Personero, la acción popular permitirá analizar juiciosamente la viabilidad técnica de la remodelación, tal como se diseñó, facilitando la terminación y habilitación total del escenario.
“Al determinarse que técnicamente esta obra no es viable, no deben invertirse más recursos públicos en lo que sería una obra fallida”, explicaron los autores de una acción popular.
En estas condiciones, invertir más recursos públicos como se viene anunciando, aumentaría el detrimento patrimonial y dejaría a la ciudad sin un escenario deportivo que realmente requiere.
Según el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz el proyecto demandaría una inversión de por lo menos 93 mil millones de pesos. El proyecto fue presentado en febrero pasado ante el ministro del Deportes, Guillermo Herrera Castaño; el contralor Delegado, Carlos Pineda Téllez y la subdirectora de Inversión Social del Departamento Nacional de Planeación Diana Mendoza.
El proyecto plantea la terminación de la tribuna occidental, en donde se derrumbó una parte de la estructura, con un saldo de cuatro muertos y diez heridos.
“Con el argumento manido, patrocinado por la Contraloría General de la Nación de solucionar “elefantes blancos”, estamos convirtiendo este monumento a la corrupción en un monumento a la irresponsabilidad y el despilfarro”, aseguró el ex presidente de la Dimayor, Jorge Fernando Perdomo.
En su criterio, Neiva no necesita un escenario con las dimensiones diseñadas originalmente, por el enorme costo que demandaría su ejecución, pero además porque su mantenimiento exigiría unos esfuerzos exorbitantes.
El presidente del Club, Juan Carlos Patarroyo, principal accionista del Atlético Huila, también criticó esa iniciativa y estimó que esa inversión es “descabellada”. “Con menos plata se puede construir un estadio nuevo en otro lugar”, aseguró.
“Este escenario de la acción popular permitirá que examinar la realidad de lo que está pasado y permitirá que se tomen decisiones definitivas a fin de ejecutar obras encaminadas al disfrute colectivo de los derechos incoados vulnerados a los neivanos durante estos últimos cinco años”, explicó Oviedo.
Las amenazas
El Grupo Investigativo de Intervención Social integrado por docentes y estudiantes de derecho de la Usco, consideró que la obra en total abandono y en acelerado deterioro, está afectando los derechos colectivos al espacio público de todos los huilenses, la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, entre otros.
En su criterio, la demora y parálisis de la fallida remodelación constituye una violación a los derechos fundamentales en razón a que los deportistas huilenses al igual que sus espectadores, se le ha vetado la posibilidad de disfrutar de un estadio fútbol de calidad, para la observancia de los partidos y demás actividades físicas.
La obra quedó paralizada desde el 20 de agosto de 2016 cuando colapsó parte de la estructura que se construía, sin haber ejecutado el reforzamiento obligatorio.
Las obras que se ejecutaron corresponden a la ampliación de la tribuna occidental con inversiones que ascienden a 23.527 millones de pesos.
La estructura antigua quedó en peores condiciones de vulnerabilidad sísmica e inestabilidad estructural. Las obras ejecutadas y las excavaciones realizadas en la fase preliminar agravaron aún más ese panorama.
“El estadio de fútbol terminó siendo una obra inconclusa, símbolo del abandono estatal, vulnerando así los postulados constitucionales que deben regir dentro de la administración a la hora realizar obras y construcciones de interés general”, explicaron los miembros de la Clínica Jurídica.
“El actual estadio de fútbol representa un atentado contra el patrimonio público de los huilenses, un atentado contra la moralidad administrativa del Estado, en virtud al daño fiscal producto de las irregularidades presentadas en el contrato al comprobarse que la obra se ejecutó sin el reforzamiento estructural requerido, no cumplía con las normas de sismo resistencia NSR-10, ni con los protocolos establecidos por la Fifa”.
“Es imprescindible e indispensable que se resuelva dicha vulneración de derechos colectivos y no esperar que se siga aplazando hasta cuando se solucionen todos los procesos judiciales y administrativos que se han derivado”, insistieron.
“Las autoridades y los servidores públicos tienen el deber constitucional de garantizar y proteger los derechos fundamentales, prevaleciendo el interés general sobre el interés particular”, acotaron.
Grave omisión
Los accionantes consideraron que puede existir una responsabilidad por acción o por omisión por parte de las autoridades en su función pública, en virtud que en la ejecución y terminación de la remodelación y adecuación del escenario deportivo.
“Es urgente de una vez por todas que se defina la situación del Estadio realizándose las correspondientes reparaciones y remodelaciones con parámetros normativos y directrices, que permita el diseño de una infraestructura de calidad y seguridad”, anotaron los demandantes.
Urgente demolición
Adicionalmente, el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva tramita otra acción popular presentada el 8 de marzo de 2018 por el abogado Carlos Eduardo Cardozo Ordóñez, quien reclama la demolición inmediata por implosión de la tribuna occidental que amenaza ruina.
Cardozo Ordóñez, señaló que la obra, tal como quedó ejecutada, “puede desplomarse en cualquier momento debido a la debilidad de sus estructuras que conllevarían a una tragedia aun mayor a la que todos conocemos”.
Ante este riesgo potencial solicitó que se ordene a la Alcaldía de Neiva la demolición.
La acción popular, respaldada por la Defensoría Regional del Pueblo, fue admitida por la juez María Nancy Trujillo Avilés el 14 de marzo de 2018 y se encuentra en trámite.
