La Nación
EDITORIAL

Garantías, pura farsa

La Ley de Garantías  (Ley 996 de 2005), instituida para evitar la desviación de dineros público hacia las campañas, ha sido una farsa.

La norma, aplicable inicialmente sólo a la reelección presidencial, establece prohibiciones para los servidores públicos en cualquier jornada electoral, que nunca se han cumplido. Entre otros aspectos limita la contratación pública y congela la nómina cuatro meses antes de la jornada comicial.

Según la norma los gobernadores, alcaldes secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas no podrán celebrar convenios interadministrativos, ni participar, promover y destinar recursos públicos. Tampoco podrán inaugurar obras públicas o iniciar programas de carácter social. No podrán autorizar el uso de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular. Pura farsa.

Estas medidas fueron adoptadas para evitar que el Presidente en tránsito de reelección, alcaldes y gobernadores terminaran tomando partido en favor de sus candidatos. Sin embargo, lo que se ha visto a nivel nacional y regional ha sido todo lo contrario. Todos los mandatarios intervienen abiertamente en la selección de sus sucesores y en la conformación de sus equipos para el Congreso, los concejos y asambleas.

Es más, la inmensa mayoría de alcaldes y gobernadores por esta misma razón, esperan el último año de su mandato para ejecutar las principales inversiones, incluso las más pequeñas como la cementación de vías para captar votos. La contratación directa, como los convenios interadministrativos, que restringe la ley de garantías, han sido el caldo de cultivo para la corrupción en cualquier época. Es más la Ley de Garantías jamás ha sido clave para la transparencia ni la neutralidad.

Aun así, han servido para favorecer a los contratistas cercanos a congresistas, concejales y diputados. Ese es el origen de la llamada ‘mermelada’. Y así ha venido funcionando. No ha sido extraño para ningún funcionario del orden nacional o regional, que horas antes de entrar a regir la Ley de Garantías, se firmen la mayoría de los contratos. Ese día, el espectáculo en los despachos públicos es deprimente.

Los dineros públicos en época electoral se desvían hacia las campañas afines a los mandatarios de turno, mucho antes de las restricciones. Esa ha sido una realidad inocultable. Las denuncias sobre favorecimiento nunca han cuajado. Muy escasas han sido las sanciones impuestas por transgredir la Ley de Garantías. Siempre hay un pretexto para burlar la ley.

El país está en mora para ponerle coto a este fenómeno que termina afectando a las minorías, a los sectores independientes y golpeando a la democracia.

El Gobierno y el Congreso han sido renuentes en replantear la criticada Ley 80 o régimen de contratación estatal, columna vertebral para la corrupción.

 
“Todos los mandatarios intervienen abiertamente en la selección de sus sucesores, pero además, en la conformación de sus equipos”.

EDITORIALITO
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