La consolidación de un país más amigable y sostenible con el medio ambiente es algo que claramente todos queremos, más aún cuando el gobierno de turno durante la campaña a presidencia hizo un gran énfasis -de manera sostenida- en la urgencia de proteger los recursos naturales y consigo mismo de una transición energética. Sin lugar a duda durante el camino a la presidencia de Gustavo Petro, esa fue una de sus apuestas claves para su posterior elección, pues además de sus valores progresistas y la realidad de una imperativa búsqueda de diferentes fuentes energéticas más sostenibles, también es cierto mencionar que hoy día existe un importante caudal electoral ambientalista, razón por la cual no nos sorprende su amplio interés en dicho sector de la población.
Ahora bien, todo en el papel va perfecto, por lo que estoy parcialmente de acuerdo con las afirmaciones del presidente. No obstante, considero que una transición energética debe ser mesurada, coherente, pertinente y con carácter paulatino en aras de no damnificar de manera directa a la economía de un país en vía de desarrollo como lo es Colombia. Por poner un ejemplo, se está hablando y se ha manifestado la voluntad por parte del Ministerio de minas el cese de producción de gas en Colombia, noción de la cual estoy acérrimamente en contra, tanto así que como dice el exsenador Jorge Enrique Robledo (con el cual tengo mis diferencias) es un despropósito en cuanto la contaminación va a ser la misma que importándolo (ya sea de Venezuela o de EE. UU.), siendo el gas uno de los combustibles fósiles que menos CO2 produce. Asimismo, algunas de las diferentes propuestas que plantea el Gobierno ante dicha situación salen sumamente costosas como reemplazarlas por energía solar, siendo así esto insostenible.
Una vez mencionado lo anterior, me gustaría saber el fundamento ambiental de la tentativa de realizar este acto que a mi parecer es irresponsable teniendo en cuenta que hasta el mismo Parlamento Europeo ha establecido al gas natural como verde para el mundo para avanzar con éxito hacia la transición energética. Sería interesante preguntarnos si existe algún interés en no contratar más empresas colombianas y si hay algún tipo de contrato preexistente con el Estado venezolano que aún no sepamos, la pregunta que me hago es: ¿A costas de qué?