El carácter de entidad territorial implica el derecho a gobernarse por autoridades propias, a ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios conforme a las normas y participar en las rentas nacionales. La Carta Fundamental estatuye que en cada uno de los departamentos habrá un gobernador que será jefe de la administración seccional, representante legal y agente del Presidente de la República. Nuestro ordenamiento constitucional también contempla que en cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será elegido para períodos de cuatro años. Anteriormente estábamos acostumbrados a que los alcaldes fueran escogidos “a dedo” por los gobernadores y estos, a la vez, por el Presidente de la República. Cuando se consagró la actual Constitución se creyó que dotando a los gobernadores y alcaldes de un período fijo y siendo ellos producto de una elección popular, se les revestiría de la autonomía necesaria para el cabal cumplimiento de sus deberes legales, pero en la práctica ocurrió todo lo contrario. La mayoría de los aspirantes a estos cargos acuden primero a buscar el aval o respaldo de sus agrupaciones políticas y luego a sumar los votos de otras corrientes, lo mismo que de los abstencionistas y de los votos de opinión, con quienes realizan acuerdos previos para ejecutarlos desde el ejercicio del cargo. Una vez posesionados los nuevos funcionarios y pasados los días de euforia y de celebraciones empiezan a ver la realidad y a lamentarse de su suerte. En efecto, las nubes de lagartos empiezan a asediarlos; los contratistas exigen contraprestaciones por haber contribuído económicamente a su campaña; los diputados, concejales, directorios y jefes solicitan sus cuotas en secretarías e institutos descentralizados; un cerco de avivatos los rodea para aprovecharse de los frutos de la administración, les distorsionan la realidad y los alejan de sus sinceros amigos y consejeros; empiezan a presionarlos de todas partes con peticiones bajo amenazas de tutelas o de acciones de cumplimiento o con denuncias ante la Contraloría, Procuraduría o la Fiscalía; los recursos serán siempre insuficientes para remediar las necesidades de las comunidades o para el mantenimiento o construcción de obras públicas; no dejarán de presentarse paros, ocupaciones y tumultos que alteren el orden público. Entonces aterrizarán, para darse cuenta de que no están sentados en un trono sino en una silla de los tormentos.