La Superintendencia de Transporte le notificó mediante comunicación directa al Alcalde de Neiva, que debe comenzar de inmediato a investigar y aplicar sanciones a quienes ejerzan el transporte público ilegal. Secretaría de Transito responde.
El Gobierno Nacional mediante la Superintendencia de Transporte le solicitó al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz investigar y sancionar a las personas que sean sorprendidas realizando operaciones de transporte público en vehículos particulares.
Así mismo, iniciar acciones judiciales y administrativas contra los sujetos que presten el servicio sin cumplir las normas, y contra quienes faciliten las operaciones por fuera de la ley.
En Neiva esta directriz aplica por sobre todo para los mototaxistas, que han logrado consolidarse y ya cuentan con una asociación, que asegura tener más de 200 afiliados. Y según las cuentas de los propios mototransportadores, son más de 5.000 personas en Neiva las que se dedican a este oficio mediante el cual llevan un sustento a sus familias.
Para la Superintendencia el Alcalde debe incorporar las directrices en el Plan Estratégico de Control al Cumplimento del Marco Normativo en Transporte.
“Se ha cumplido”
El municipio a través del secretario de Movilidad, Elberto Garavito salió al paso y aseguró que han venido cumpliendo con esta obligación. “No es nada nuevo”, dijo; y especificó que los operativos se vienen desarrollando en el microcentro y centro de la ciudad.
Para el Secretario, el llamado de la Supertransporte es en aras de instar a que se continúe con la tarea. “Se ha cumplido con el aumento de pie de fuerza de la Secretaría, así que con esas herramientas de personal como técnicas y demás, venimos haciendo una trabajo importante”.
Señaló además el funcionario que se requiere una política de Estado, porque se está ante una problemática que afecta a todas las grandes y medianas ciudades del país. Y enfatizó en que no toda la responsabilidad puede recaer solamente sobre los hombros de los municipios.
“No podemos ser inferiores a la obligación que tenemos, pero eso debe ser también una política nacional que realmente exista por parte del nivel central; que no se trasladen los problemas al municipio”, aseveró.
Por último, recordó que si existe mayor oferta de transporte ilegal, es precisamente porque también ha incrementado la demanda, es decir los usuarios que hacen uso del mismo. E invitó a la ciudadanía a no colaborarle al facilismo.
“requiere un compromiso mayor”
Para Juan Carlos González, gerente de Operadora Opita, que representa a las cinco empresas de transporte colectivo en Neiva, si bien la ciudad desde hace dos meses cuenta con más pie de fuerza, “no ha habido un control sobre este desbordado crecimiento de esta actividad ilegal, que se está desarrollando en motocicletas y automóviles”.
Desde el sector empresarial siempre han llamado la atención para que controlen la informalidad, porque está desestabilizando financieramente el servicio público de colectivo, y lo mismo sucedería cuando entre a operar el nuevo sistema.
“Deja una huella no tan buena en la ciudad. Siempre que crece este transporte ilegal, atado a ello también va el crecimiento de la accidentalidad e inseguridad, y de otro lado un decrecimiento del sector formal”.
“Neiva requiere un compromiso mayor, recordemos que la ciudad está desarrollando todas las obras de infraestructura del Sistema Estratégico de Trasporte Público, pero se ha hecho poco por atacar la amenaza más grande que tiene el Sistema”, agregó González.
La misma comunicación directa llegó a 30 Alcaldías más en el país, donde la Superintendencia les recordó a los mandatarios que la omisión de control del transporte ilegal ha causado en el pasado múltiples condenas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra los municipios, investigaciones por parte de la Superintendencia de Transporte, así como procesos en la Procuraduría General de la Nación contra mandatarios locales.
Destacado: “No podemos ser inferiores a la obligación que tenemos, pero eso debe ser también una política nacional que realmente exista por parte del nivel central, que no trasladen los problemas al municipio”.