Un juez de garantías definirá hoy si decreta o no medidas cautelares al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón; a su ex secretario de Educación, Giovanni Córdoba y a varios comerciantes de El Charco (Nariño) por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar.
RICARDO AREIZA
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Confirmado. La Fiscalía General de la Nación solicitará hoy formalmente medida de aseguramiento para el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón; el ex secretario de Educación Giovanny Córdoba Rodríguez, tres contratistas y dos asesores jurídicos por la irregular contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE)
El anuncio lo hizo el 22 de marzo pasado ante el Juez Séptimo Penal Municipal con función de garantías. Ese mismo solicitó las dos audiencias concentradas para formulación de la imputación y sustentación de la medida de aseguramiento.
La diligencia judicial está programa a partir de las 8:30 de la mañana. Hasta el cierre de esta edición la audiencia estaba programada y todos los indiciados habían confirmado su concurrencia.
En el caso del mandatario neivano, asistirá acompañado de su defensor de confianza David Benavidez Morales. Inicialmente contactó al ex fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana. Sin embargo, desistió a última hora.
Córdoba Rodríguez, quien funge actualmente como Director de Educación Técnica, asistirá con su apoderado Sheiber Cuenca Galindo.
Imputación
La Fiscalía les imputó tres delitos: peculado por apropiación, indebida celebración de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.
Las conductas se habrían cometido en la celebración de varios contratos en medio de la crisis sanitaria, soportados en la figura de la “urgencia manifiesta” decretada para contener la propagación de la pandemia.
La imputación la sustentará el fiscal séptimo Juan Carlos Durán Cujar, quien adelantó la investigación preliminar sobre la escandalosa contratación comenzando la pandemia.
Los polémicos contratos fueron adjudicados a dedo, sin licitación pública favoreciendo a tres empresas foráneas de El Charco (Nariño), relacionadas entre sí, incurriendo aparentemente en un conflicto de intereses.
La acusación
El fiscal Séptimo Seccional acusará formalmente al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón y al ex secretario de Educación, Giovanny Córdoba Rodríguez en calidad de ordenadores del gasto. También a los contratistas y a los asesores jurídicos externos de la Alcaldía, Juan Felipe Molano y Andrés Camacho Cardozo, quienes le dieron el visto bueno a los contratos. Camacho Cardozo estará asistido por el abogado penalista José Ricardo Falla.
El Fiscal Séptimo Seccional imputó cargos al ex concejal de Tumaco, Haiden Otoniel Vergara Quiñones, capturado el año pasado por otra investigación similar en Nariño y a los contratistas Carmen Rosaída Castillo Arboleda y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, quienes figuraban alternadamente en varias de las entidades no gubernamentales dedicadas a la comercialización de productos y prestación de servicios.
Sin precisar la inferencia razonable, el fiscal le imputó os mismos cargos a los abogados Juan Felipe Molano y al ex secretario de Hacienda Andrés Camacho Cardozo, quienes le dieron el visto bueno a los contratos, en calidad de asesores externos.
La medida
El fiscal seccional deberá justificar en la segunda parte de la audiencia la solicitud de la medida de aseguramiento contra los cuatro indiciados, dada la gravedad de las conductas imputadas por delitos contra la administración pública, en plena emergencia sanitaria.
El fiscal del caso deberá sustentar si en este caso es procedente y necesaria para evitar la obstrucción de la justicia; asegurar la comparecencia de los imputados al juicio (riesgo de fuga) y si los imputados representan un peligro para la comunidad o para las víctimas. El juez de control de garantías definirá si se cumplen estos requisitos esenciales para decretarla.
Sin embargo, la privación de libertad que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.
Procedencia
Según el Código de Procedimiento Penal, el juez de garantías decretará la medida de aseguramiento cuando solo cuando los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información legalmente obtenida, permitan inferir razonablemente que los imputados pueden ser autores o partícipes de la conducta delictiva que se investiga.
La calificación jurídica provisional contra el procesado no será, en sí misma, determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que los imputados no comparezcan al proceso o de que no cumplirán la sentencia.
El juez de control de garantías deberá valorar de manera suficiente si en este caso se configuran los requisitos para decretar la medida de aseguramiento, sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga. El Procurador Judicial también convocado podrá respaldar o no la solcitud de las medidas cautelares.
Anomalías
Los contratistas fueron escogidos a dedo en un proceso de contratación exprés para cubrir el excedente sin ejecutar que dejó la anterior administración. Este excedente ascendía 5.300 millones de pesos. Amparado en un decreto de calamidad pública expedido por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, el alcalde Gorky Muñoz Calderón ordenó agilizar la contratación directa.
Finalmente, sin licitación y a dedo fue escogida la Asociación de Estudiantes Arfrodescendientes de Nariño (Asoformando) como operadora de este contrato.
El contrato 5250 fue suscrito con Carmen Rosaída Castillo Arboleda y con vigencia hasta el 5 de junio.
Según el primer contrato, la entidad debía suministrar 105.000 raciones. De estas 35.000 raciones debían entregarse en el primer periodo, (30.000 para las instituciones educativas públicos urbanas y 5.000 para la zona rural). Los desembolsos fueron tramitados con inusitada rapidez.
Después se expidió la orden de suministros 0001 del 21 de marzo de 2020, para el suministro de 4.500 mercados adultos mayores y la Orden de Servicios de interventoría No. 011 de fecha 6 de abril de 2020. La interventoría le fue adjudicada a la fundación Colombia Florece, representada legalmente por Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, miembro principal de la junta directiva de Asoformando, la encargada de suministrar las raciones escolares para preparar en casa, lo que generaba de hecho, una abierta y expresa inhabilidad.
La firma que no tenía la capacidad técnica ni financiera alcanzó a recibir el anticipo. Cuando se destapó el escándalo, origen de la investigación disciplinaria devolvió los recursos.
Los contratos fueron firmados por el alcalde de Neiva Gorki Muñoz Calderón, por su secretario de Educación, Giovanny Córdoba y refrendado por los asesores jurídicos Juan Felipe Molano y Andrés Camacho. Este no es el único contrato.
La Contraloría General de la República adelanta otra investigación fiscal por otro contrato para el suministro de 13.500 mercados para los centros vida y cabildos del Adulto Mayor por valor de 2.389 millones de pesos. Este contrato le fue adjudicado a la Corporación Colombia en Paz y Social (Corsocial), representada por Evis Herlinda Estacio Quiñones.
El hombre clave
Haiden Otoniel Vergara Quiñones ex concejal de Tumaco (2016-2019), aparece como el hombre clave. El dirigente político de Cambio Radical parece como el revisor fiscal de Corsocial y Colombia Florece, y socio fundador de Asoformando.
Vergara Quiñones es investigado en otro proceso por irregularidades en la contratación del PAE en el distrito de Tumaco en agosto de 2015.
El año pasado el 30 de julio fue detenido como probable autor de los delitos de peculado por apropiación y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. El ex concejal es propietario de una comercializadora de alimentos Karimar.
Conflicto de interés
Los contratistas foráneos hacían parte de una malla empresarial orquestada desde Neiva para manejar la contratación.
Las tres empresas provienen del Charco (Nariño) tienen nexos e intereses comunes entre sí y ayudaron en la financiación de la campaña política.
Las empresas tienen domicilio principal en Tumaco (Nariño). En Neiva no tenían establecimientos establecidos, ni sedes o sucursales según la información de sus Certificados de Existencia y Representación Legal. Pero además, no tenían trayectoria ni experiencia.
