La Nación
Gorky Muñoz responde ante Procuraduría por irregularidades en contratos anticovid 1 21 enero, 2021
INVESTIGACIÓN

Gorky Muñoz responde ante Procuraduría por irregularidades en contratos anticovid

Por cuatro contratos, al parecer, irregulares, el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz  Calderón y otros tres miembros de su gabinete asistieron ayer a la inicio de la audiencia verbal que abrió la Procuradora delegada anticorrupción. La audiencia continuará el 14 de diciembre.

 

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

 

El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, su secretario de Educación, Giovanny Córdoba y otros dos miembros de su equipo de gobierno comenzaron a responder ayer en el proceso disciplinario por probables irregularidades en la contratación durante la fase inicial de la pandemia.

La diligencia se surtió ayer ante la procuradora Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, Claudia Fabiola Medina Aguilar.

El mandatario concurrió a la diligencia virtual, representado por el abogado Diomedes Yate Chinome, actual asesor jurídico de la alcaldía de Barranquilla.

“Señora Procuradora, aquí estoy, espero que esto se pueda aclarar”, explicó mientras daba lectura al poder conferido para su defensa técnica.

El jurista, especializado en derecho público y disciplinario, ex asesor de la Procuraduría, solicitó la suspensión de la primera sesión destinada exclusivamente a la formulación oral de los cargos.

Aunque la apertura de la investigación fue notificada el 6 de agosto y la citación a la audiencia verbal se realizó el 29 de octubre pasado, hace 29 días, los implicados, como parte de la estrategia, solo contrataron la defensa técnica, el martes pasado, horas antes de la audiencia.

Los demás funcionarios, el secretario de Educación, Giovanni Córdoba; el director de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera y la secretaria de la Mujer, Camila Mercedes Ortega concurrieron a la audiencia representados por el abogado Ricardo Gómez Mancera, quien aparece vinculado en varios escándalos, según denuncias publicadas por Noticias Uno.

Pretextos

Argumentando que no conocía el pliego de cargos, Yate Chinome, solicitó la suspensión de la diligencia. Gómez Mancera coayuvó la petición.

La representante del Ministerio Público, en garantía al debido proceso, aceptó la solicitud.  La verbalización de la imputación disciplinaria continuará el próximo 14 de diciembre.

Ese día, la Procuradora Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, presentará el pliego de cargos y podrá escuchar a los implicados en versión libre, si así lo desean.

Si no ejercen ese derecho, o lo reservan para otra oportunidad, la funcionaria decretará las pruebas que sean legalmente pertinentes, facilitará la contradicción de las mismas y dictará el fallo que en derecho corresponda.

La funcionaria entregó ayer mismo a la defensa el voluminoso expediente al que tuvo acceso LA NACIÓN.

El documento soporta los hallazgos en los primeros cuatro contratos que se adjudicaron en abril, amparados por la “urgencia manifiesta”. Los contratos, presuntamente, irregulares ascienden a 8.804 millones de pesos.

El expediente

Las irregularidades más graves se presentaron con la contratación para suministro de mercados para adultos mayores, habitantes de calle y complemento alimenticio para los estudiantes de los colegios públicos de Neiva.

El primero fue el contrato 677 adjudicado a dedo el 28 de marzo de 2020 a la Corporación Colombiana en Paz y Social (Corsocial-Colombia) por un valor de $2.390 millones de pesos. A través de la orden de servicios 0001 del 21 de marzo de 2020, se contrató el suministro de 4.500 mercados adultos mayores beneficiarios del programa centros vida y modalidad satelital de Neiva.

“Muñoz Calderón comprometió el presupuesto del municipio sin justificación porque aprobó unos ítems del contrato, bajo el rubro de “servicios”, que si bien podrían tener relación indirecta con su objeto (los alimentos de cada mercado), no contaban con un análisis de razonabilidad y conveniencia, y no respetaban los criterios de eficiencia y austeridad que se deben cumplir en la contratación estatal”, explicó la Procuradora.

Incluía 2.060 empaque de plástico con los logos de la alcaldía; 14.420 tapabocas, guantes, vestidos en tela quirúrgicos, además le adicionaron el pago de transporte y mano de obra.  Este componente representaba un incremento de 330,93 millones de pesos.

“Esos elementos, si se iban a contratar, debían tener un análisis previo de razonabilidad y conveniencia, una cuantificación diferente ya que su uso sería diario, o por varias horas, para la entrega de varios mercados, no un uso individual e independiente para la entrega de cada uno de ellos”, precisó.  “Se trata, así, de un servicio sin análisis previo de conveniencia y que no cumple con el criterio de eficiencia”.

Aunque se expidió un acta aclaratoria y modificatoria, los servicios que fueron agregados al proceso contractual, en los estudios previos 778 y en la orden de suministro 001 de 2020, no fueron eliminados al momento de suscripción del acta que corrige unas inconsistencias.

Gorky Muñoz responde ante Procuraduría por irregularidades en contratos anticovid 7 21 enero, 2021
Claudia Fabiola Medina, procuradora

Paquetazo escolar

Además, Muñoz Calderón suscribió la orden de suministro 010 del 03 de abril de 2020 con la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando) con sede en el Charco (Nariño).

La administración contrató a dedo, sin licitación pública, la entrega de 105.000 raciones alimenticias a estudiantes de las zonas rural y urbana de Neiva,  por un valor de 5.250 millones de pesos.

Adicionalmente, contrató a dedo la interventoría mediante la Orden 011 del 06 de abril de 2020 con la Fundación Colombia Florece por un valor de 300 millones de pesos.

Ambos contratos fueron suscritos con personas jurídicas que tienen domicilio principal en Tumaco (Nariño), sin establecimientos establecidos, sedes o sucursales en Neiva según la información de sus Certificados de Existencia y Representación Legal.

Gorky Muñoz responde ante Procuraduría por irregularidades en contratos anticovid 8 21 enero, 2021
Giovanny Córdoba, secretario de Educación.

Conflictos de interés

Además, entre el contratista de la orden de suministro 010 de 2020 y el contratista de la orden de servicios de interventoría 011 de 2020 existe un vínculo formal.

El representante legal de la Fundación Colombia Florece, Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, aparece, a su vez, como miembro principal de junta directiva del contratista la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando) lo que generaba de hecho, una abierta y expresa inhabilidad.

La firma alcanzó a recibir el anticipo, cuando se destapó el escándalo, origen de la investigación disciplinaria.

Los contratos fueron firmados por el alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón, por su secretario de Educación, Giovanny Córdoba y fue refrendado por los asesores jurídicos Juan Felipe Molano y Andrés Camacho.

“En estas condiciones, el alcalde Gorky Muñoz Calderón desconoció el principio de selección objetiva, que es manifestación del principio de transparencia, al suscribir las órdenes de suministro y servicios 010 y 011 de 2020 con contratistas que tienen domicilio principal en otro departamento, que no tienen declarados establecimientos de comercio, sedes o sucursales en el municipio de Neiva, y que no acreditaron experiencia de ejecución contractual en ese municipio”, precisó la Procuradora Delegada.

Yo con yo

Y para rematar expidió la orden de servicios de interventoría 011 de 2020, con una persona jurídica que tiene vínculos formales con el contratista sobre el cual se debe ejercer la interventoría. “Esas características permiten inferir que, en ambos casos, no se advierte que la administración hubiere procurado en seleccionar contratistas que ofrecieran la mejor oferta para los intereses de la entidad”, anota la imputación disciplinaria.

Los funcionarios, según la Procuradora delegada, pudieron violar el principio de moralidad.

“No resulta leal y honesto que como interventor para la orden de suministro 010 de 2020, se haya seleccionado una persona jurídica que tiene vínculos con el contratista que ejecutará el contrato que debe ser supervisado”, anotó la directora de la investigación disciplinaria.

“La interventoría, por definición, exige independencia e imparcialidad del interventor frente al contratista que será vigilado. De esta forma, seleccionar un interventor con vínculos con el contratista principal no es una forma de actuar honesta y leal a favor del interés público general y de los intereses de la entidad estatal”, subrayó.

Por esta misma razón, la Procuraduría le formuló cargos al secretario de Educación, Giovanny Córdoba, encargado de los estudios previos para determinar el precio de la orden de suministro 010 de 2020 y de la orden de servicios de interventoría 011 de 2020.

Esa planeación, empero, tuvo posiblemente serias irregularidades. En ninguno de los estudios previos de los contratos mencionados se hicieron los estudios de mercado y oferta suficientes que justificaran los valores de cada uno de los contratos, y en los estudios previos no se especificó la unidad del componente de atún del suministro de ración en casa. Además, desconoció los principios de transparencia y selección objetiva, pilares fundamentales de la contratación estatal.

Además le formuló cargos al director de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera, encargado de realizar los estudios previos para la campaña publicitaria de prevención por 438,5 millones de pesos y a Camila Mercedes Ortega Suárez, en su condición secretaria de la Mujer, quien firmó los estudios previos para la entrega de mercados a los adultos mayores beneficiarios del programa Centro Vida con una persona natural que no cumplía los requisitos. Este contrato ascendió a 425,59 millones de pesos.