Yilber Saavedra
Si la base para aprobar el proyecto de autorización de crédito de 40 mil millones de pesos que hace tránsito en el Concejo, era la evaluación de la eficiencia y pertinencia en la inversión de los 60 mil millones aprobados a finales de 2020, entonces el nuevo crédito nació muerto.
De los 60 mil millones aprobados en el Acuerdo 024 de 2020, se incumple desde el título, que expresaba que los recursos serían para la reactivación económica urgente que necesitaba la ciudad y la generación de empleo que permitiera contrarrestar la crisis generada por la pandemia del Covid-19, situación que nunca se dio pues la mayoría de las obras a esta altura no han iniciado o incluso ya no se harán porque ni siquiera habrá presupuesto.
De los 60 mil millones ya no quedan sino 4 mil, sin que se vean obras representativas ni avances importantes en las ejecuciones. Hay casos escandalosos como el contrato de 12 mil millones de pesos con Empresas públicas de Neiva para acueductos veredales, firmado en noviembre del año pasado, en el que se giró anticipadamente el 90% sin que aún se inicie con los trabajos. Hacerlo a través de EPN le permitió a la administración evadir la ley 80 de contratación, saltarse cualquier tipo de licitación pública y sacarlos por la puerta de atrás para poder manejarlos a dedo por cuenta del régimen especial de contratación que maneja la entidad.
Poco a poco las promesas se vienen abajo, evidenciado que ya no será posible cumplir con proyectos como la Unidad de Atención Animal, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la planta generadora de asfalto, la ciudadela de motos, la subsede de bomberos, el patinódromo, la Universidad popular, entre otros, incluso proyectos que estaban priorizados como la Unidad Permanente de Justicia UPJ tampoco arrancó.
El incumplimiento en el requisito de llevar cada uno de los proyectos ante el Concejo, previo a la asignación, nunca se cumplió y podría acarrearles problemas al alcalde y a sus secretarios, pues esta reglado en el acuerdo municipal que está vigente y que goza de presunción de legalidad.
El debate realizado por Juan Diego Amaya y Jorge Ramírez resultó muy oportuno para desnudar las debilidades e inoperancia de la administración, por lo que aprobar otros 40 mil millones sería el peor golpe que el Concejo le pudiera dar a la ciudad.
